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Un acuerdo de máximos contra la violencia de género

Una ley integral por la protección de la libertad sexual, la reforma del Código Penal y el refuerzo de la tutela judicial están entre las medidas pactadas en el Gobierno y Podemos

Concentración feminista contra la violencia de género el pasado sábado en Gijón.
Concentración feminista contra la violencia de género el pasado sábado en Gijón. EFE

El Gobierno ha aceptado este jueves toda la propuesta de la formación que lidera Pablo Iglesias del denominado Pacto contras las Violencias; para implementar estas medidas se incrementará la dotación presupuestaria en un 10%, consignándose en los presupuestos generales de 2019 con un coste de 220 millones de euros.

Ambas partes han pactado impulsar “una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales”. Esta nueva legislación significa unir “las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de agresiones sexuales”. A partir de esta unificación de los delitos, las víctimas tendrán acceso a políticas públicas específicas.

En este paquete de medidas se incluye el estudio de una reforma del Código Penal para garantizar que “si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no. La falta de consentimiento expreso convierte a la víctima en clave nuclear en los delitos sexuales”, se lee en el documento de los presupuestos.

Para desarrollar el pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha acordado tramitar en el Congreso un proyecto de ley para que los ayuntamientos tengan más participación en estas políticas, por lo que se les devolverá las competencias en esta materia al tratarse de las administraciones más cercanas a las víctimas. “Se duplicarán los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia de genero para los ayuntamientos, pasando de 20 millones en 2018 a 40 en 2019”, especifican.

Además, se reforzará la tutela judicial y el acceso a la justicia para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal. El objetivo es que se designen de manera urgente abogados y procuradores de oficio en los procedimientos. Las víctimas tendrán una acreditación específica como víctimas de violencia de género a través de distintas instituciones como los servicios sociales municipales sin necesidad de que medie denuncia policial o judicial.

Y se le da relevancia especial a los menores: “Cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos se modificará el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad”.

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