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El Gobierno encarga un informe para quitar el pazo de Meirás a los Franco

El dictamen complementará los estudios realizados ya por sendas comisiones de expertos del Parlamento gallego y la Diputación de A Coruña

Visita al interior del pazo de Meirás el pasado agosto.
Visita al interior del pazo de Meirás el pasado agosto.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha encargado un informe a la Asesoría Jurídica del Estado para diseñar la que pretende ser la vía judicial definitiva para incorporar al patrimonio público el pazo de Meirás de la familia Franco. Se trata del tercer dictamen sobre la que fue residencia de verano del dictador que encargan las Administraciones, después de los realizados por el Parlamento gallego y la Diputación de A Coruña. Según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno en Galicia, el documento impulsado por La Moncloa es “complementario” a los anteriores, que detallaban ya sendas estrategias jurídicas para que los Franco devuelvan la mansión sin recibir ni un euro a cambio.

La decisión del Gobierno de encargar el informe se produce tras las presiones políticas recibidas desde Galicia, especialmente del presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, que tras la caída del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho bandera de este asunto. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia han explicado que la Dirección General de Memoria Histórica utilizará los tres informes para decidir la mejor vía para que los herederos de Franco entreguen las llaves de un pazo que cayó en las manos del dictador por una supuesta donación popular en plena Guerra Civil.

El dictamen de la comisión de expertos nombrada por el Parlamento de Galicia abogó por que la Administración General del Estado presentara una demanda civil en los juzgados de primera instancia de Betanzos, el partido judicial al que pertenece el municipio de Sada (A Coruña) que alberga el pazo, alegando que la finca siempre fue un bien público. El estudio de la Diputación de A Coruña, por su parte, optaba por que Patrimonio Nacional impugnase el contrato de compraventa que firmó el dictador para evitar que Meirás fuera considerada una propiedad del Estado.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha trasladado este miércoles a la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica “la intención del Gobierno de avanzar paso a paso desde el rigor, con la máxima cautela y todas las garantías jurídicas” para recuperar la memoria histórica. Este colectivo gallego ha organizado para el próximo 10 de noviembre una marcha en Sada, el municipio coruñés donde está ubicada la propiedad, para reclamar medidas que incorporen Meirás al patrimonio público.

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