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España protesta ante Bélgica por una carta oficial de apoyo al secesionismo

El presidente del Parlamento flamenco cree que el Gobierno español "no cumple las condiciones para fomar parte de una UE moderna y democrática"

Una simpatizante independentista mira las fotografías de políticos catalanes presos expuestas en la plaza de Schuman (Bruselas).
Una simpatizante independentista mira las fotografías de políticos catalanes presos expuestas en la plaza de Schuman (Bruselas). EFE
Bruselas / Madrid

Cataluña sigue enturbiando la relación diplomática entre España y Bélgica. El Gobierno español ha pedido explicaciones a su socio europeo por una carta que el presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, remitió a Carme Forcadell, en prisión provisional, a principios de septiembre. España juzga ofensivo el contenido de esa carta, según la cual “el Gobierno central de España no cumple las condiciones para formar parte de una Unión Europea moderna y democrática”. Como respuesta, el Ministerio de Exteriores ha llamado al orden al embajador de Bélgica en Madrid, Marc Calcoen, y ha presentado sus quejas en el Ministerio de Exteriores del país. En ambos encuentros se entregó una carta de protesta dirigida a Peumans, de tono muy enérgico.

La noticia, desvelada por el diario flamenco De Tijd y confirmada a EL PAÍS por fuentes del departamento de Exteriores belga, se produce días después de que un grupo de eurodiputados, entre los que figuraba el nacionalista flamenco Mark Demesmaeker, visitara a la expresidenta del Parlamento catalán en la cárcel de Mas d’Enric (Catllar, Tarragona), donde permanece desde el pasado julio. Durante el encuentro, Demesmaeker entregó a Forcadell el escrito de Peumans que ha disgustado a las autoridades españolas.

El presidente de la Cámara flamenca sostiene que “la violencia usada durante las elecciones [el referéndum ilegal del 1 de octubre] fue la expresión más indignante de una política antidemocrática”. Y añade: “Mantener a políticos arrestados durante meses es un acto aún más insidioso”. Con esos argumentos, Peumans se presenta en su condición de “portavoz del Parlamento flamenco” para respaldar a Forcadell. “Quisiera expresar mi apoyo creciente a tus ambiciones de dar al pueblo catalán la oportunidad de elegir su propia identidad”, resume. La carta, de un folio, lleva el membrete de la institución flamenca y va dirigida al centro penitenciario donde permanece en prisión preventiva Forcadell.

La diplomacia española se puso en contacto con el embajador belga para trasladarle la inquietud del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que se ha fijado como una de sus tareas restituir la imagen internacional de España tras el conflicto independentista. El embajador belga fue convocado el pasado 20 de septiembre por la directora general de Europa Occidental, Aurora Mejía, adscrita a este ministerio. En ese encuentro le trasladó el "profundo malestar" del Ejecutivo español ante esas palabras, según ha informado un portavoz de Exteriores después de que Bélgica confirmara la noticia.

El encargado de negocios en la embajada de España en Bruselas, Jorge Notivoli, también se reunió con la Dirección General de Europa del ministerio belga. La cita se celebró a petición de España. Los  representantes españoles entregaron a sus interlocutores una copia de la misiva que el encargado de negocios español envió al presidente del Parlamento flamenco. El texto deja patente el enfado de las autoridades españolas: "Que un responsable político de una región de un país de la UE se manifieste desde su puesto institucional insultando a un país amigo y aliado como es España al afirmar que no cumple los requisitos para formar parte de la UE y —sobre todo— faltando a la verdad, es ya no un gesto inamistoso, sino francamente hostil". El escrito lo firma el encargado de negocios porque se acaba de producir un relevo de embajadores en esa plaza y el episodio coincidió con esos días de transición.

"Una democracia plena"

Frente a las insinuaciones sobre la existencia de presos políticos, la carta defiende que España es "una democracia plena, donde impera la separación de poderes y los jueces son independientes". Más allá de esta protesta, España ha descartado el gesto diplomático más rotundo en casos de crisis bilaterales: llamar a consultas a su embajador en Bruselas. Se trata de una medida muy excepcional entre socios comunitarios.

Fuentes diplomáticas belgas confirman que ha existido ese contacto entre las autoridades españolas y el embajador belga esta misma semana. Esas fuentes rechazan pronunciarse sobre el contenido de la carta, pero alegan que la política exterior belga la diseña el Gobierno federal, no los parlamentos regionales (en este caso el flamenco).

Lejos de retractarse, el presidente de la cámara flamenca se ha ratificado este miércoles en sus críticas hacia España por el encarcelamiento de los líderes del procés. “Es inaceptable que haya políticos en prisión durante más de un año sobre la base de una sola acusación. Mientras el proceso no termine, su culpabilidad no está probada. La carta a Forcadell es absolutamente legítima”, ha criticado Jan Peumans, del partido independentista flamenco N-VA, en un comunicado.

Entretanto, el jefe de filas del Partido Popular en el Parlamento Europeo y vicepresidente de esta institución, Esteban González Pons, ha pedido al Gobierno central que actúe. “Espero que el Gobierno socialista proteste ante afirmaciones de este tipo y defienda la imagen de España como una democracia moderna en la que funciona plenamente el Estado de derecho”, ha señalado a través de un comunicado, antes de que el ministerio que dirige Borrell divulgara su respuesta. González Pons concluye: “Al Gobierno de Sánchez le han perdido el respeto en Bélgica”, pese a que los reveses de España ante las instituciones belgas (principalmente judiciales) comenzaron antes de la llegada de Sánchez al poder.

Las simpatías institucionales por el independentismo catalán de Flandes, la región más rica de Bélgica, han provocado ya más de un roce institucional entre los Ejecutivos español y belga. También en el seno del propio Gobierno federal belga, liderado por la N-VA, el partido que avala la estrategia del independentismo catalán, pero integrado además por otros partidos no independentistas.

"Tras Polonia y Hungría hay que investigar a España"

Mark Demesmaeker, europarlamentario de NVA (partido independentista flamenco) fue el encargado de entregar la carta de Jan Peumans a Carme Forcadell, a quien encontró "con buen aspecto pero visiblemente más delgada", según relata en conversación con El PAÍS.

Demesmaeker comparte plenamente las críticas contra la democracia española recogidas en la misiva del presidente del Parlamento de Flandes, hasta el punto de que el eurodiputado aboga por aplicar a España el artículo 7 del Tratado de la UE (que permite suspender el voto en Consejo de la UE a los países que vulneren los derechos fundamentales).

"Del mismo modo que estamos examinando [en base al artículo 7] qué ocurre en Hungría y Polonia debemos investigar qué pasa en España, donde se mantiene en prisión preventiva durante un año a unas personas que no están acusadas de ningún acto violento", señala Demesmaeker. "Una cosa así no encaja en los estándares actuales de una Europa democrática", añade el eurodiputado, cuyo partido es el más votado en Bélgica y pieza clave en el Gobierno belga actual. La amenaza del artículo 7 fue, precisamente, una de las razones invocadas por el Partido Popular para no apoyar su aplicación a Hungría en la votación que tuvo lugar en el Parlamento Europeo el 12 de septiembre. "Hoy es Hungría ¿y mañana?", se preguntaba el eurodiputado y líder de los populares españoles, Esteban González Pons.

El político belga pasa de puntillas, en cambio, sobre los actos cometidos por los líderes del procés para intentar llegar a la independencia unilateral. "No me corresponde juzgar la estrategia seguida", esquiva Demesmaeker. Pero admite que "a título personal, yo no estoy a favor de los referéndum y prefiero la democracia representativa". En todo caso, la Constitución en Bélgica no permite celebrar un referéndum nacional, solo consultas regionales sometidas al control previo del Tribunal Constitucional. "Nosotros estamos intentando reformar Bélgica. No es fácil pero es posible", apunta el eurodiputado.

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