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La Fiscalía belga pide información sobre las cárceles españolas antes de la declaración de Puigdemont

Interior critica las insinuaciones de la justicia belga sobre el sistema penitenciario

Imagen de televisión de Carles Puigdemont en la presentación de un libro sobre Cataluña en la Guerra Civil, en Bruselas.

La Fiscalía de Bruselas pidió el pasado 13 de noviembre a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información, entre otros extremos, sobre el estado de las cárceles españolas de cara a la declaración de hoy del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros de su Gobierno que huyeron a Bélgica antes de que se presentara la querella contra ellos por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El Ministerio del Interior elaboró ayer un informe de 15 folios en el que recalca que los centros penitenciarios españoles cumplen escrupulosamente la Convención Europea de Derechos Humanos.

A la hora de valorar si entrega a Puigdemont y sus exconsejeros a España, la fiscalía belga reconoce que tiene en cuenta la condición de los implicados y “el contexto de los hechos” por los que España pide la extradición. Las autoridades judiciales de ese país darán una “importancia particular” a la cuestión de si la entrega puede suponer “una infracción de los derechos fundamentales” de estos políticos. “Sólo referirse a la confianza mutua, base de la decisión marco relativa a la orden de detención europea, no será suficiente en este procedimiento”, advierte la justicia belga.

La fiscalía belga vehicula los intereses de la justicia española en el procedimiento de entrega de Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. La solicitud de información versa sobre tres ejes, según fuentes jurídicas. El primero es el sistema penitenciario español. Se formulan preguntas como estas: “¿En qué cárcel quedarán encerrados?, ¿las circunstancias de detención son de conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos?, ¿cuáles son las dimensiones de la celda?, ¿cuál es el espacio vital individual?, ¿hay acceso suficiente y regular a equipamientos sanitarios, duchas, etcétera?, ¿la comida es suficiente y de buena calidad?”.

Interior tuvo listo ayer el informe para dar respuesta. Así, detalla que Puigdemont y los dos exconsejeros varones —Comín y Puig— serían recluidos en la cárcel de Estremera, en la que están Oriol Junqueras y otros cinco exmiembros del Govern. También detalla que las celdas son para dos internos y miden 11 metros cuadrados y que la comida responde en cantidad y calidad a las exigencias dietéticas. El documento incluye también una abierta crítica a Puigdemont, al que recuerda que las cárceles sobre las que supuestamente lanza ahora sospechas son idénticas a las que él gestionó como presidente de la Generalitat.

Garantías

El segundo eje de las preguntas de la fiscalía belga tiene que ver con las garantías del procedimiento judicial español: si se tomará declaración a los acusados a la llegada, si el juez que instruye la causa será el mismo que les juzgaría o si la Audiencia Nacional es un tribunal ordinario. “¿Se aplica el procedimiento normal o un procedimiento especial?”, inquieren. En el tercer bloque se reclaman detalles sobre los hechos contenidos en la orden europea de detención: cuáles han sido los hitos del proceso independentista y qué resoluciones concretas del Gobierno catalán han vulnerado las leyes españolas.

Los cinco están citados este viernes a las 14.00 para comparecer por primera vez ante el juez de la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas.

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