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El Gobierno estudia retirar recursos ante el Constitucional para asentar su diálogo con Cataluña

Batet rechaza la exigencia de los nacionalistas de presionar a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para que no haya políticos presos

Batet a su llegada a la Comision de Politica Territorial del Congreso.

El Gobierno entiende que con la aprobación antes del verano y ahora con la posible convalidación este jueves del Real Decreto-Ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud se "abre la puerta al desestimiento" de algunos recursos de inconstitucionalidad emprendidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y ese ejemplo, que puede completarse con el anuncio en el Consejo de Ministros del próximo viernes de la retirada de otros recursos ante el Tribunal Constitucional sobre leyes de carácter social, le ha servido este miércoles a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, para insistir ante los partidos nacionalistas catalanes en la llamada "agenda de normalidad" y de recuperación del "diálogo institucional" con la Generalitat de Cataluña para superar la actual crisis social que vive esa comunidad.

La ministra Batet solicitó acudir al Parlamento para explicar las razones de su interés por reanudar y convocar, el pasado 1 de agosto, la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, que llevaba siete años sin reunirse. Aquella cita generó mucha expectación y fue cuestionada, sobre todo por el PP y Ciudadanos, como una cesión más del PSOE de Pedro Sánchez para llegar a La Moncloa con los votos de los nacionalistas de ERC y del PDeCAT.

En sus intervenciones, tanto el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, como el de ERC, Joan Tardà, insistieron en la gravedad de la derivada judicial del proceso independentista. Y recalcaron que esa situación judicial de lo que ellos consideran "presos políticos" contamina y coarta cualquier avance y "es el principal obstáculo" en la disposición al diálogo reafirmada por el Gobierno.

Campuzano y Tardà reclamaron que el Gobierno actúe y "tercie con criterios propios" ante la Abogacía y la Fiscalía General del Estado sobre ese aspecto y también sobre la utilización por parte del Ejecutivo central, sobre todo en la etapa de Mariano Rajoy, de los recursos de inconstitucionalidad para socavar la capacidad de acción de las autonomías y en particular de Cataluña. Se llegaron a tramitar 14 recursos contra leyes catalanas. Fue en ese contexto cuando Campuzano insistió en que el actual Ejecutivo podría empezar por retirar esos recursos y avisó de que en caso contrario sería muy difícil que su partido pudiera respaldar, este mismo jueves, la convalidación de reales decretos propuestos como el de la recuperación de la sanidad universal. El PP y Ciudadanos lo interpretaron   como una amenaza contra un "Gobierno débil, que mira para otro lado y baja la cabeza porque está atado a los votos de unos partidos independentistas".

La ministra Batet sí abogó por reducir el nivel de conflictividad, "desmesurado", ante el Constitucional, buscar fórmulas de arbitraje que reduzcan esos contenciosos y se mostró "abierta a discutir" algunos desestimientos. Después, ante la presión de Campuzano y Tardà para que fuese más precisa, aclaró que el Gobierno no puede interferir en las resoluciones de otro poder del Estado sobre los políticos presos pero sí avanzó que este mismo viernes, en el Consejo de Ministros, se podrían concretar algunas retiradas de recursos sobre leyes sociales autonómicas y en concreto sobre el interpuesto contra una norma catalana que devolvía derechos sanitarios a los inmigrantes.

"Ingenuo, estúpido y equivocado imponer nada con el 50%"

J. C., Madrid

El portavoz de ERC, Joan Tardà, volvió a disponer una intervención cruda y sincera sobre sus conocidas posiciones independentistas en la comisión a la que acudió la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Y comenzó por confesar que en Cataluña se vive en una permanente y "extraordinaria anomalía" por los anhelos de dos sociedades democráticas como la catalana y la española. Fue ahí cuando se preguntó por quién es el responsable de esa anomalía, que se ha agravado desde que en 2014 varios diputados autonómicos requirieron en el Parlamento alguna solución a las reivindicaciones de autodeterminación de muchos catalanes sin ser escuchados. Tardà constató que desde entonces el porcentaje de independentistas ha aumentado y que ahora separatistas y constitucionalistas se dividen en cerca del 50% y no pueden plantearse soluciones sin mirar y escuchar a la otra mitad. En ese punto Tardà fue también muy crítico con los separatistas que obvian o ignoran que al menos la mitad de los catalanes no piensa como ellos: "Sería ingenuo o estúpido si algún independentista cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta al 50% que no es independentista y es evidente que está absolutamente equivocado".

El número dos de Batet, el secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor, se reunirá este jueves en Madrid con la consellera catalana de Presidencia, Elsa Artadi, para abordar la reducción de los conflictos ante el Tribunal Constitucional, encuentro al que seguirá otro el viernes de sus respectivos equipos para continuar trabajando.

Batet aceptó además, de entrada y antes de que se lo expusieran críticamente más tarde la mayoría de los portavoces de los demás partidos, que la crisis política y social en Cataluña es muy grave y peor que hace unos años y que no se va a solucionar con reuniones bilaterales de ese signo, que apenas han logrado frutos concretos. Pero la importancia del mero diálogo fue la razón de fondo con la que justificó la necesidad de retomar la utilidad de las comisiones bilaterales entre el Gobierno central y el catalán, así como las multilaterales, con esa autonomía y las demás en España.

En su exposición inicial, la ministra reconoció también que solo con ese tipo de iniciativas y con la reanudación del diálogo entre ambas Administraciones no se va a solventar el problema pero sí quiso subrayar el valor intrínseco de recuperar esas relaciones y esas vías de trabajo en un nuevo "escenario de sosiego, convivencia e integración",  dentro del Estado español y del marco de la Unión Europea. La ministra relató que en la reunión de esa esperada comisión bilateral ambas partes expusieron con sinceridad sus posiciones, también por parte de la Generalitat, que insistió en su demanda del derecho de autodeterminación y la libertad de los políticos presos. Batet demandó lealtad y aseguró que ya en aquella cita le expresó a los representantes del Ejecutivo catalán su preocupación por la creciente tensión, por el abuso y la ocupación de los lazos amarillos en los espacios públicos y les reiteró el rechazo legal a cualquier referéndum de autodeterminación o a la demanda de intervenir para liberar a los políticos catalanes presos.