Justicia blinda el acceso a las fichas de los políticos encarcelados

El departamento de Justicia ha blindado el acceso a las fichas penitenciarias de los nueve políticos independentistas encarcelados en diversos centros de Cataluña para evitar cualquier filtración sobre las visitas que reciben u otros datos personales. Los responsables de prisiones investigan a seis funcionarios de dos centros que accedieron a esos documentos, un hecho amparado por la ley.

El Sistema Informático Penitenciario de Cataluña permite a un funcionario consultar la ficha personal de un preso que esté en la cárcel en la que trabaja. Los sindicatos aseguran que esa consulta es una práctica habitual si llega un interno relacionado con un caso mediático para conocer su aspecto, si ha protagonizado incidentes en otras prisiones o si hay que tomar precauciones para evitar agresiones de otros presos por el tipo de delito que han cometido. La consulta de esos datos, además, ha servido para impartir cursos de formación impulsados por el propio departamento.

En la ficha penitenciaria de un preso figura su foto, los datos personales, sus huellas, el historial de su comportamiento en prisión, así como las salidas y comunicaciones que recibe en la cárcel y que deberían quedar registradas. Con los presos independentistas se ha producido una excepción, pues el presidente de la Generalitat, varios consejeros y cargos públicos les han visitado en las prisiones y esos encuentros no han quedado registrados al tratase de visitas oficiales en las que se elude el control del arco de seguridad y del teléfono móvil.

Desde primeros de julio, cuando que fueron trasladados a Cataluña los nueves políticos presos, algunos funcionarios de los centros de Lledoners, Puig de les Basses o Mas d'Enric han accedido a las fichas de varios de estos reclusos y eso ha motivado la actuación del departamento de Justicia. En la cárcel de Puig de les Basses, donde está ingresada la exconsejera Dolors Bassa y anteriormente lo estuvo la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la dirección del centro, a petición del servicio de inspección, ha obligado a todos los funcionarios que han accedido a esa ficha a que explicar por escrito los motivos de la consulta.

En el centro de Mas d'Enric, donde ahora está Forcadell en prisión preventiva, también se ha abierto una información reservada a cuatro funcionarios y en la cárcel de Lledoners se ha investigado a otros dos trabajadores por consultar las fichas de algunos de los otros siete políticos encarcelados: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Sànchez o Jordi Cuixart.

Justicia asegura que el acceso a esas fichas fue “irregular”, aunque ninguna de las investigaciones abiertas ha finalizado con una sanción al considerarse que no se hizo un uso negligente de los datos.

 La Generalitat quiere evitar a toda costa que se filtre cualquier información sobre la vida penitenciaria de esos nueve presos y mucho menos que se graben imágenes de ellos, como ya sucedió con un vídeo de Junqueras, Romeva y Forn en la cárcel madrileña de Estremera que difundió el diario Ara y que grabó un narcotraficante. Nada más llegar a Lledoners, los funcionarios de prisiones detectaron precisamente a un preso que había pactado grabarles a cambio de 15.000 euros.

Comisiones Obreras ha pedido por carta al director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Armand Calderó, que ponga fin a las actuaciones contra los funcionarios “porque no han cometido ningún acto ilítico previo”. El sindicato considera que el departamento trata a los trabajadores “como posibles delincuentes en situación kafkiana de no saber si pueden ser acusados de algo o no porque todo se mueve en la discreción, la oscuridad y el secreto”.

Por eso, CC OO entiende que la apertura de investigaciones reservadas contra ellos parece hecha “con más intención de amedrentar y asustar a los trabajadores en función de intereses muy concretos, que la de trabajar activamente y con eficacia para resolver los problemas reales que tiene el sistema penitenciario”.