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Tres magistrados ven “irregularidades” en el contrato de Púnica que salpica a Cifuentes

Rechazado por segunda vez el archivo de la investigación sobre una adjudicación de la Asamblea de Madrid bajo sospecha de haber servido para financiar al PP

Cristina Cifuentes, en un acto público poco antes de su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Cristina Cifuentes, en un acto público poco antes de su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que rechaza archivar la investigación que se sigue dentro del caso Púnica sobre el contrato de restauración y cafetería de la Asamblea de Madrid adjudicado en 2009 al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, como había pedido una de las imputadas por estos hechos, la jefa de los Servicios Jurídicos de la cámara regional Tatiana Sonsoles Recoder. En su escrito, los tres magistrados que forman justifican su decisión en la existencia de “irregularidades” en los pliegos de licitación que hacen que la “legalidad” de la adjudicación “se encuentre en tela de juicio actualmente”. En aquella adjudicación —bajo sospecha de haber servido para financiar al PP madrileño en la etapa de Esperanza Aguirre— participó la expresidenta Cristina Cifuente, actualmente imputada por el caso Máster. Dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados en 2017 al sumario del caso Púnica la señalaban como presunta autora de los delitos de prevaricación y cohecho por estos hechos.

La decisión de los tres magistrados se produce después de que Recoder recurriera el pasado abril la decisión del juez instructor, Manuel García-Castellón, de mantenerla imputada en la causa al considerar que había indicios de irregularidades en la adjudicación, entre ellas la propia participación de Cifuentes en el comité de expertos que decidió la adjudicación. García-Castellón destacaba ya entonces que la hoy expresidenta madrileña —y que cuando se produjeron los hechos era vicepresidenta de la Asamblea— debió abstenerse ya que a su cargo público sumaba otros en el partido y en Fundescam, la fundación del PP regional investigada por el supuesto desvío de fondos a las campañas electorales. Ahora, los tres magistrados confirman esas sospechas, y aunque no citan expresamente a Cifuentes, destacan que se mantienen "los indicios de criminalidad" que llevaron a iniciar la investigación y el papel jugado por el "comité de expertos" del que ella formaba parte.

En su auto —fechado el 13 de julio pero que no había trascendido hasta ahora—, los jueces destacan que el informe jurídico que permitió aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rigió la adjudicación del contrato a la empresa de Arturo Fernández incluía "una fiscalización escueta, insuficiente e ineficaz" que impidió detectar las "irregularidades" que el pliego incluía. Para los tres magistrados, Recoder, como letrada de la Asamblea e integrante del comité de expertos, asumió "la conformidad del pliego a la legalidad de contratación pública, legalidad que se encuentra en tela de juicio actualmente". Por ello, rechaza de plano sobreseer la causa contra ella y mantiene abierta la investigación sobre dicho contrato.

Las pesquisas están incluidas en la pieza separada del caso Púnica que investiga la supuesta financiación irregular del PP madrileño. La UCO intenta aclarar si la adjudicación fue amañada a cambio de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del partido camuflada como donación de 160.000 euros a Fundescam, la fundación de la formación y en cuyo patronato figuraba la expresidenta. Recoder y Cifuentes formaban —junto con María Merino, jefa de protocolo del Gabinete de la Presidencia regional, y el funcionario Isaac Arturo Zubiri— el comité de expertos que realizó la licitación. Hasta ahora, solo Recoder está imputada, aunque Merino y Zubiri ya declararon asistidos de abogado ante la Guardia Civil. Según destacaba el juez García-Castellón en su auto de abril, Cifuentes intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la mesa de contratación que desembocaron en la adjudicación.

Dos informes de la UCO fechados en marzo del año pasado apuntaban que la en aquel momento presidenta madrileña —y, por tanto, aforada— pudo haber cometido delitos de prevaricación y cohecho por esta adjudicación. En su segundo informe, la Guardia Civil destacaba que Recoder y los otros dos asesores cayeron en “significativas y evidentes contradicciones” cuando fueron interrogados, lo que consideraba un indicio más de las irregularidades. También recalcaba que Cifuentes, en cuyo despacho se celebró la reunión, estaba al tanto de todo ello. Cuando ambos documentos policiales salieron a la luz dos meses después, la política negó cualquier irregularidad y compareció en el Parlamento regional para dar explicaciones.

Desde su entorno se cargó entonces con dureza contra la Guardia Civil. El silencio del entonces juez instructor, Eloy Velasco —que estaba a punto de abandonar su puesto— y de la Fiscalía Anticorrupción, comandada en aquel momento por Manuel Moix, parecieron paralizar esta línea de investigación. Tras la llegada de García Castellón al juzgado y el nombramiento del fiscal Alejandro Luzón como nuevo responsable de Anticorrupción, las pesquisas sobre un contrato que los investigadores consideran clave para probar la supuesta participación de Arturo Fernández en la financiación irregular del PP, se reactivaron.

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