El juez extiende la investigación del ‘caso Púnica’ a cuatro países de Latinoamérica

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un informe sobre las actividades de varios implicados en el caso Púnica en cuatro países latinoamericanos. El documento policial analiza los contactos que el experto informático Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, mantuvieron con cargos públicos de Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. En algunos participó el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados.

Tras analizar correos electrónicos, documentos intervenidos durante los registros y mensajes de móvil, la UCO concluye que existen indicios de corrupción en varios contratos públicos que la trama se adjudicó en Panamá. Una integrante de la Fiscalía Anticorrupción y dos agentes de la Guardia Civil se desplazaron a comienzos de esta semana al país centroamericano para indagar sobre estas supuestas irregularidades, en las que la Guardia Civil implica a cinco personas, entre ellas un cargo de confianza de una exalcaldesa de la capital panameña.

Primer contrato en 2012

Gran parte del informe policial se centra, precisamente, en las actividades en este país de De Pedro y su socio, donde consiguieron un primer contrato en 2012 para llevar la reputación online de Roxana Méndez, entonces alcaldesa de la capital y candidata a la reelección. El documento enumera los numerosos correos electrónicos intervenidos que desvelan las maniobras de la trama para hacerse con contratos públicos del Ayuntamiento de la ciudad de Panamá así como las labores de intermediación para conseguir que un empresario se hiciera con la adjudicación para construir un mercado en un barrio de la ciudad.

Para lograr nuevos contratos, en 2013 viajaron a Panamá De Pedro, su socio y Granados, que entonces era senador. Entre los servicios que la trama supuestamente prestó a Roxana Méndez para mejorar su imagen en internet para las elecciones —que terminó perdiendo— se encontraban la compra de seguidores en las redes sociales y la utilización de falsos perfiles para atacar a los rivales políticos. 

En las actividades desplegadas por la trama en los otros tres países latinoamericanos, la Guardia Civil no ha constatado hasta ahora hechos delictivos. En el caso de Costa Rica, el informe detalla que De Pedro viajó a este país en 2013 acompañado de Granados para ofrecer sus servicios de reputación online a diversos cargos públicos, aunque no consta que lograra adjudicarse ningún contrato. En diversos correos interceptados al experto informático se revela el interés de este por reunirse con el entonces ministro de Comunicación, Francisco Chacón. La Guardia Civil recoge en el informe diversos correos intercambiados por el experto informático con la exdirigente del PSOE Leyre Pajín, entonces en la Organización Panamericana de Salud, en la que el primero le pide su mediación.

En un informe anterior, la Fiscalía Anticorrupción ya destacaba que el objetivo final de aquel viaje de De Pedro y Granados a Costa Rica "fue visitar a determinados cargos públicos y políticos con objeto de obtener contratos y presentarse a adjudicaciones públicas". Para ello, supuestamente ofrecieron "llevar a cabo trabajos en calidad de asesores de campañas electorales a diferentes políticos de Costa Rica", para lo que se reunieron con el precandidato del Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Hernández y con Rodolfo Arias, de una formación política rival.

En Guatemala, la Guardia Civil asegura que De Pedro llegó a trabajar para una de las candidatas a la presidencia del país, Sandra Torres Casanova. Para ello, contaron con la colaboración de una consultora del país centroamericano. En concreto, la labor del informático de la trama fue "eliminar perfiles de redes sociales contrarios" a la candidata, para lo cual presentaban denuncias contra ellos por "contenidos inapropiados" gracias a perfiles falsos creados por la trama. "Según la documentación digital incautada, consta que se habría materializado una propuesta económica y que se habrían realizado algunos trabajos como un informe de percepción", en referencia a los análisis de los empleados de De Pedro hacían sobre la imagen de sus clientes en Internet para ofrecer sus servicios. El documento policial apunta también a que para asentarse en este país contó con la colaboración de otro imputado en la causa, el empresario Javier López Madrid.

Finalmente, en México figura la supuesta venta por parte del experto informático de "un proyecto piloto" de mejora de imagen en internet para la localidad de Torreón por 4.000 euros, y un segundo plan de trabajo para el Partido de Los Verdes por el que aspiraban a cobrar 71.000 euros en ocho meses. En ambos negocios, López Madrid iba a tener una participación del 10% en la facturación. El documento destaca que De Pedro, su socio Alonso Conesa, el propio López Madrid, el constructor David Marjaliza -quien colabora con la Justicia desde el verano de 2015- y un banquero español iban a crear una empresa denominada Yanga para hacerse cargo de los clientes del sector privado interesados en los trabajos de reputación online, mientras que los contratos públicos serían asumidos por EICO, otra de las sociedades del experto informático, ya investigada por las irregularidades en ayuntamientos y consejerías gobernadas por el PP en Madrid, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y León.