El juez de Púnica cree que Cifuentes debió abstenerse en un contrato que adjudicó

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, considera que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, debió abstenerse de participar en la adjudicación, en el año 2009, del contrato de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández. Así se desprende de un auto del 6 de abril, en el que mantiene la imputación de Tatiana Recoder, jefa de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, que también participó en aquel concurso.

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El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que tras la adjudicación a Cantoblanco de aquel contrato se esconde una maniobra para financiar ilegalmente al PP madrileño. Cifuentes participó en aquel concurso para la explotación del comedor y la cafetería de la Asamblea cuando era vicepresidenta de la Cámara. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si el contrato fue amañado a cambio de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del PP de Madrid camuflada como donación de 160.000 euros a Fundescam, la fundación ligada al partido entonces liderado por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuraba la presidenta.

Recoder y Cifuentes formaban —junto con María Merino, jefa de protocolo del Gabinete de la Presidencia regional, y el funcionario Isaac Arturo Zubiri— el comité de expertos que realizó la licitación. Recoder, letrada de la Asamblea, elaboró el informe jurídico de aprobación de los pliegos de condiciones administrativas particulares del contrato público y asumió como tal que este documento se ajustaba a la legalidad. Según la investigación, Cifuentes intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid que desembocaron en la adjudicación, en 2009, de la gestión de los servicios de comedor de la Cámara al Grupo Cantoblanco.

En su declaración ante el juez, en noviembre, Recoder negó cualquier irregularidad en la adjudicación del contrato y en la actuación de Cifuentes. El pasado 31 de enero, presentó un escrito en el que solicitaba su sobreseimiento en la causa. El auto del juez García-Castellón conocido ayer rechaza esta pretensión y recalca que Recoder “no apreció, sin que pueda determinarse aún si por ignorancia o con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de doña Cristina Cifuentes Cuencas”.

Dos informes de UCO

La investigación sobre esta adjudicación se inició a principios de 2017, y Cifuentes no ha sido imputada por ello. Dos informes de la UCO fechados en marzo del año pasado apuntaban que la hoy presidenta madrileña —en un volcán político por la falsedad del máster que le otorgó la Universidad Rey Juan Carlos— pudo haber cometido delitos de prevaricación y cohecho por esta adjudicación. En su segundo informe, la UCO destacaba que Recoder y los otros dos asesores cayeron en “significativas y evidentes contradicciones” cuando fueron interrogados, lo que consideraba un indicio de las irregularidades. También recalcaba que Cifuentes, en cuyo despacho se celebró la reunión, estaba al tanto de todo ello.

Cuando ambos documentos policiales salieron a la luz dos meses después, la política negó cualquier irregularidad y compareció en el Parlamento regional para dar explicaciones. Desde su entorno se cargó entonces con dureza contra la Guardia Civil. El silencio del juez instructor, Eloy Velasco, que estaba a punto de abandonar su puesto, y de la Fiscalía Anticorrupción, comandada en aquel momento por Manuel Moix, parecieron paralizar esta línea de investigación.

Tras la llegada de García Castellón al juzgado y el nombramiento del fiscal Alejandro Luzón como nuevo responsable de Anticorrupción, las pesquisas se reactivaron. Fuentes cercanas a la investigación siempre las han considerado clave para probar la supuesta participación de Arturo Fernández en la financiación irregular del PP, así como el papel jugado por Fundescam.