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El fiscal vuelve a pedir al Supremo que archive la investigación contra una senadora por la trama Púnica

El ministerio público considera que Pilar Barreiro no cometió delito al negociar contratos para mejorar su reputación

Pilar Barreiro a la salida del Tribunal Supremo tras una de las sesiones por el caso Púnica.
Pilar Barreiro a la salida del Tribunal Supremo tras una de las sesiones por el caso Púnica.

La Fiscalía ha vuelto a pedir este jueves al Tribunal Supremo que archive la causa abierta contra la senadora Pilar Barreiro por su supuesta implicación en una de las ramas de la trama Púnica. Según el ministerio público los interrogatorios llevado a cabo por la magistrada que instruye la causa, Ana Ferrer, después de que la Fiscalía pidiera por primera vez el archivo de la causa han demostrado que Barreriro negoció contratos con empresarios para mejorar su imagen cuando era alcaldesa de Cartagena (Murcia), pero esta conducta no encaja en ninguno de los delitos que motivaron la investigación (fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho).

La instructora tiene pendiente decidir si envía o no a juicio a la senadora y había pedido a las partes que se pronunciaran sobre ello. El fiscal Fernando Sequeros considera que Barreiro no debe sentarse en el banquillo porque aunque la negociación de esos contratos puede tener un “merecido afeamiento, no se llegó a pagar con dinero público ninguna campaña para mejorar la reputación online de la senadora, que pertenecía al PP y se pasó al grupo mixto tras ser imputada. Sobre esta circunstancia, el fiscal llega a censurar el hecho de que cuando un político quebranta la “ética profesional” se está sancionando “con innecesaria premura, tan solo con el apoyo del dato de la pertenencia del afectado a un colectivo concreto o agrupación, al poder afectar su comportamiento a unos intereses corporativos, eventualmente puestos en tela de juicio”.

El Fiscal señala también que resulta “extraordinariamente difícil” separar “la promoción institucional del prestigio personal del político, del protagonismo de la obra creada por el mismo, como servicio social". Según el ministerio público, no hay pruebas de que se haya hecho una “utilización sesgada y partidista” a favor de la senadora y los servicios de promoción personal encargados por Barreiro para mejorar su imagen política en las redes “podría ubicarse perfectamente” en el ámbito de la “promoción, defensa y comunicación de las políticas públicas de interés general”.

Esta interpretación de la Fiscalía pone en cuestión la investigación que mantiene abierta la Audiencia Nacional contra varios imputados con acusaciones similares a la que pesa sobre Barreiro.