Bruselas alerta de 1.000 puntos negros que depuran mal las aguas residuales en España

La norma europea de depuración arranca en 1991. Y su cumplimiento está suponiendo un tremendo dolor de cabeza para España y la mayoría de países de la UE. También para la Comisión Europea, que está demandando a los Estados. "La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino", ha alertado Bruselas.

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España se ha unido esta semana al club de países europeos —seis hasta ahora— sancionados por no depurar sus aguas correctamente. El Estado ha sido multado por el Tribunal de Justicia de la UE con 12 millones. Además, recibirá cada seis meses otra sanción de 11 millones mientras nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes —siete de ellas en Andalucía— no solucionen sus problemas; básicamente, hasta que construyan sus depuradoras modernas y las pongan a funcionar. "No es solo un problema de financiación, también de disponibilidad de suelos y de procesos largos y muy tediosos", explica el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre un asunto en el que están implicadas las tres administraciones: local, autonómica y central.

Pero España tiene abiertos otros cuatro expedientes por incumplimiento de la directiva de 1991 –uno referente a cuatro localidades que vierten en zonas sensibles, más avanzado, y otros tres que afectan a un millar de núcleos de población–, ya sea por la falta de colectores o por depuraciones muy laxas.

El primero de esos cuatro expedientes afecta a cuatro aglomeraciones –tres son de Cataluña– que siguen vertiendo agua sin una depuración conforme a la directiva en zonas declaradas sensibles (por sus valores naturales o al ser masas de agua que podrían ser destinadas al consumo humano). Las cuatro –Berga, Figueres, El Terri (Banyoles) y Pontevedra– debían cumplir desde 1999 al tratarse de poblaciones de más de 10.000 habitantes en áreas sensibles. Pero, tras varios requerimientos de Bruselas, España fue demandada por la Comisión. Y, en 2016, condenada por el tribunal de la UE.

Aquella condena no acarreó sanción al ser la primera del caso. Pero fuentes de la Comisión señalan que dos años después estos cuatro casos siguen sin estar resueltos. "La Comisión no ha acudido al tribunal por segunda vez para pedir la imposición de una multa, pero podría tomar esta decisión si no se ejecuta pronto la sentencia de 2016", apuntan.

Hay, además, tres expedientes aún no judicializados, que son los que afectan a un millar de aglomeraciones en España. "Están en una fase menos avanzada del procedimiento", explican en la Comisión. "Todavía no hay una primera sentencia". Esos expedientes se refieren, por un lado, a unas 600 "pequeñas aglomeraciones" para las que la directiva de 1991 "preveía un plazo más amplio para cumplir las obligaciones" de depuración: tenían de tiempo hasta 2006 (mientras que, por ejemplo, las poblaciones de más de 15.000 habitantes por las que España fue multada esta semana debían tener solucionado su problema de depuración en 2001). En la Comisión explican que hay "otras 400 aglomeraciones de todo tipo" en España inmersas en este proceso de incumplimiento.

En total, mil núcleos de población bajo la lupa de Bruselas. No obstante, las autoridades europeas esperan que esas mil aglomeraciones incumplidoras se reduzcan a medida que se vayan acometiendo las obras de depuración.

"Tenemos un déficit de credibilidad", admite Morán cuando habla de la relación de España con la Comisión. El secretario de Estado y su equipo del Ministerio para la Transición Ecológica están preparando un plan nacional de depuración, saneamiento y reutilización. "Tenemos que analizar qué necesidades hay, qué Administración debe actuar en cada caso y con qué fondos", explica. En octubre el ministerio deberá presentar un calendario de cumplimiento ante la Comisión, añade Morán. ¿No se había presentado hasta ahora? "Sí, se había hecho, pero no se ha cumplido".

"En España hemos tenido una falta de planificación", añade Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), cuando se le interroga sobre las razones del retraso. Las depuradoras son costosas. Hasta ahora se ha contado con el apoyo de los fondos europeos Feder. En la planificación vigente –de 2014 a 2020– se contemplan 10.000 millones para depuración del agua, de los que unos 700 millones le corresponden a España.

La duda es qué ocurrirá a partir de 2020. El Gobierno mira a la estrategia de economía circular –no solo depurar, sino reutilizar– que quiere impulsar la Comisión. "Se necesita una estrategia con un apoyo financiero razonable", dice Morán. "Y el caso español desgraciadamente no es único en la UE", añade el secretario de Estado de Medio Ambiente.