Depurar las aguas

La justicia europea ha impuesto una multa de 12 millones de euros a España por incumplir durante casi tres décadas las normas comunitarias que regulan el tratamiento de aguas residuales urbanas. La sentencia no ha sido una sorpresa para el Gobierno, que ya esperaba una sanción millonaria, pero pone de relieve la desidia de las autoridades para solventar un problema que perjudica la salud de los ciudadanos y el medio ambiente. Además, la Comisión tiene abiertos otros cuatro expedientes por actuaciones negligentes que pueden generar nuevas sanciones.

A la hora de determinar la cuantía económica el Tribunal la UE ha sopesado la considerable duración de la infracción: 18 años desde que se cumplió el plazo fijado por la directiva para sanear las aguas residuales domésticas e industriales y siete desde que dictó la sentencia en la que señalaba las 17 zonas de más de 15.000 habitantes que carecían de sistemas colectores y de tratamiento. Pese a todo, la justicia europea reconoce los significativos esfuerzos realizados por España para reducir el número de poblaciones cuyas aguas son deficientemente depuradas. De las 17 detectadas en 2013 se ha pasado a nueve.

Alegar dificultades de carácter jurídico o económico, como ha hecho España en un intento de justificar su falta de diligencia para solucionar este grave problema, no es serio y tampoco resulta convincente. Ni los fuertes recortes presupuestarios ni los conflictos entre las comunidades y el Estado son excusa para no respetar una directiva que data de 1991. La multa es una medida disuasoria para que en un futuro no se repitan infracciones. Verter aguas residuales sin control en ríos y mares, además de deteriorar el medio ambiente, no sale gratis.