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La Audiencia Nacional asume el fraude de las clínicas iDental

De la Mata investigará el caso por la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" por toda España y de una compleja estructura societaria.

Afectados por el cierre de clínicas IDental se manifiestan frente al Ministerio de Sanidad el pasado día 18.
Afectados por el cierre de clínicas IDental se manifiestan frente al Ministerio de Sanidad el pasado día 18.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido asumir la investigación por el presunto fraude de las clínicas iDental, que cerraron en primavera, por "el volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria, según recoge el auto dictado por el juez. Un informe encargado a una agencia de detectives por el Consejo de Dentistas de España cifra en más de cien sociedades las creadas en torno a iDental.

Estos son los principales motivos esgrimidos por el magistrado para considerar que la Audiencia es el tribunal competente para investigar los hechos. En el auto en el que toma esta decisión, el juez explica que la investigación partió de una denuncia de afectados de las clínicas dentales low cost en Andalucía y, desde entonces, son ya al menos 11 los juzgados de toda España que se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional ante el alcance de la presunta estafa. 

El juez recuerda que las clínicas prestaban servicios odontológicos con un sistema de financiación de tratamientos a través de Evo Finance, Cetelem, Santander Consumer, etc. En su escrito, el magistrado relata cómo a través de estas entidades se percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios y luego, según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos". Los procesos y tratamientos finalmente quedaron interrumpidos, "hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas”.

Aunque los hechos en este momento están ”limitadamente perfilados” a juicio del juez, De la Mata los tipifica inicialmente como delito de estafa continuada, a los que puedan unirse apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones y delito contra la Salud Pública.

Aunque se desconoce el número total de perjudicados, según de la Mata existen referencias sólidas de que existirán miles, si no decenas de miles de víctimas, con decenas de procedimientos judiciales incoados, “habiendo comenzado un tortuoso camino de inhibiciones y acumulaciones que es preciso sistematizar y ordenar, evitando una situación de caos procesal que cause notables perjuicios a los perjudicados y a las propias potenciales personas investigadas”.

Como muestra de la magnitud de lo que va a suponer la causa, De la Mata añade las investigaciones administrativas que han incoado distintas comunidades y Colegios Profesionales, que se constatan con la simple navegación por internet. De hecho, una de las sedes de iDental en las Palmas de Gran Canaria ha sido desahuciada y se han incautado los historiales de más de 15.000 afectados.

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