Los acuerdos (y desacuerdos) de la reunión entre Sánchez y Torra

Una reunión "eficaz" y "útil"; según el Gobierno de Pedro Sánchez. "Sincera" y caracterizada por un "diálogo franco", la describió el presidente de la Generalitat. El fruto de dos horas y media del primer encuentro entre el presidente del Gobierno y el del Govern en La Moncloa, además del deshielo que supone en sí misma la cita entre los máximos responsables de ambas Administraciones, son varios acuerdos concretos. Sánchez y Torra pactaron activar cuatro comisiones bilaterales en las que negociarán políticas autonómicas, rescatar leyes sociales catalanas suspendidas por el Constitucional, el impulso al Corredor Mediterráneo y que el Gobierno español acuda a los actos de aniversario de los atentados de Barcelona. Los desacuerdos, profundos, se mantienen inalterables, pero se aparcan.

El diálogo continuará en la Comisión bilateral Estado - Generalitat. El deshielo se materializa principalmente en que termina la ausencia de comunicación. El Estatuto de Autonomía de Cataluña recoge en su articulado diversos órganos para el impulso de las relaciones bilaterales entre la Administración estatal y la catalana: el principal, que se pondrá en marcha en un tiempo "breve", es la Comisión bilateral Generalitat- Estado, creada como órgano permanente de cooperación y cuya inactividad era ejemplificativa de la ruptura de relaciones normalizadas entre los dos Gobiernos.

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A pesar de que el reglamento que la regula dice que debe reunirse como mínimo dos veces al año, no lo hacía desde 2011, coincidiendo con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. Su objeto es la participación y la colaboración de la Generalitat en el ejercicio de las competencias estatales que afecten a la autonomía de Cataluña y el intercambio de información y la puesta en marcha de mecanismos de colaboración en políticas públicas y asuntos de interés común. La vuelta a la actividad de esta comisión es la constatación de que el Govern, aunque mantenga el relato de que no renuncia a vía unilateral para conseguir la independencia, comienza a situarse en un marco de normalidad en las relaciones con el Estado español.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, presidirá por parte del Gobierno de España la comisión, mientras que por el Govern lo hará el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall. Formarán parte de este foro también el vicepresidente catalán, Pere Aragonés; la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi; la secretaria general de Acción Exterior, Mercè Salvat, y el delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell. El Consejo de Ministros del viernes próximo aprobará el resto de integrantes por parte del Gobierno español.

Otros tres órganos específicos inactivos desde hace años se ponen en marcha. Son la Comisión mixta de Asuntos Económicos y fiscales, que no se reunía desde 2010; la Comisión bilateral de infraestructuras, inactiva desde 2007, y la Comisión mixta de Transferencias, sin formarse desde 2010.

El Gobierno retirará los recursos sobre las leyes sociales catalanas recurridas en el Constitucional. Se trata de 16 leyes de carácter social suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno de Rajoy. La mayoría de esas normas, sin relación con el proceso soberanista, fueron apoyadas en su día por los socialistas catalanes en el Parlament. De las 16 leyes, el Alto Tribunal ha anulado cinco y suspendido el resto. El Gobierno de Pedro Sánchez puede rescatarlas con la simple retirada de los recursos, y así lo confirmó la vicepresidenta, Carmen Calvo, que citó expresamente tres: la Ley contra la pobreza energética (el Constitucional suspendió la parte que obligaba a ceder un piso social o vacío a las personas desahuciadas pero mantuvo las medidas contra la pobreza energética), la Ley sobre el cambio climático y la Ley de acceso a la sanidad universal.

La vicepresidenta del Gobierno eludió confirmar, a preguntas de EL PAÍS, si entre los asuntos acordados estaba también la recuperación de algunas partes del Estatut anuladas por el Constitucional más por cuestiones de forma que de fondo. Esta posibilidad está contemplada en el pacto político suscrito entre el PSOE y el PSC en verano de 2017, la Declaración de Barcelona. De momento queda en el aire el acuerdo sobre este extremo.

Impulso al Corredor Mediterráneo. Una comisión específica abordará la inversión del Estado en infraestructuras catalanas, pero en la reunión entre ambos presidentes hubo consenso en impulsar el Corredor Mediterráneo, uno de los ejes ferroviarios más importantes del país, cuyo recorrido cubre las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. El Gobierno de Sánchez estaba dispuesto al menos a comprometerse con la ejecución de las inversiones en Cataluña, tras constatar en un informe interno al que tuvo acceso EL PAÍS que en 2017 el 20% de las presupuestadas quedó sin ejecutar y las adjudicaciones se desplomaron un 37%.

Anulación de los juicios del franquismo como el de Lluís Companys. El President Quim Torra destacó en su comparecencia en Madrid que había acordado con Pedro Sanchez la nulidad de la sentencia de muerte del expresidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys, dictada por el Gobierno de Franco en un juicio sumario y sin garantías. Otro asunto incluido en la Declaración de Barcelona.

El Gobierno asistirá a los actos por el aniversario de los atentados de Barcelona. El Ejecutivo estará presente en los actos de homenaje a las víctimas de los ataques previstos en Cataluña para el 17 de agosto, a los que la Generalitat no invitará a Felipe VI.

La derogación de la conocida como "Ley mordaza". El Gobierno de Pedro Sánchez ya había anunciado su intención de derogar los aspectos que considera más lesivos de esta ley del PP, y la Generalitat saluda este propósito.

Y los desacuerdos. No hay acuerdo en la principal reclamación de Quim Torra, el derecho de autodeterminación para Cataluña que el Gobierno socialista niega, y la liberación de los políticos presos del Procés. "Cualquier solución política pasa por el derecho a la autodeterminación", insistió el President en Madrid. "No hay posibilidad del derecho de autodeterminación, porque eso no existe en un país democrático", replicó la vicepresidenta. El Gobierno de España no acepta en consecuencia la articulación de un referéndum de independencia en Cataluña ni que existan presos políticos.