El PP exige datos sobre el coste de la sanidad universal

A las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular el anuncio de una sanidad pública universal del recién estrenado Gobierno les parece “demagógico”, y exigen una memoria económica que defina exactamente cuánto costará garantizar la atención médica gratuita a los inmigrantes en situación irregular en España. Lo han dejado claro en el primer Consejo Interterritorial con la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.   

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Montón, con apenas tres semanas en el cargo, quiso dedicar su primera reunión con los consejeros autonómicos exclusivamente a la recuperación de la universalidad del sistema sanitario, su primera medida al frente de Sanidad de la Comunidad Valenciana y también la primera iniciativa que anunció recién instalada en Madrid. Pero los consejeros del PP creen que la cuestión de la atención a inmigrantes ya la habían resuelto las comunidades autónomas por su cuenta. “Lo de hoy es más demagogia que fundamento”, subrayó la responsable de La Rioja, María Martín. Otra representante, la de Cataluña, Alba Vergès, no acudió a la reunión en Madrid porque “el único punto del día es la universalidad y la Generalitat hace tiempo que garantiza ese derecho”, según fuentes del Govern. 

El real decreto que aprobó en abril de 2012 —en plena crisis económica— el Gobierno de Mariano Rajoy, el que ahora planea revertir Pedro Sánchez, establecía que para tener derecho a la sanidad pública y gratuita era necesario estar dado de alta en la Seguridad Social, algo imposible para inmigrantes irregulares, que no tienen posibilidad de un permiso de trabajo. Excluía, eso sí, a menores, embarazadas y a extranjeros que necesitaran atención de urgencias. Desde entonces, las comunidades han usado distintas fórmulas, algunas de ellas tumbadas por la justicia, como en el caso catalán, cuya orden de cobertura fue anulada a principios de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La nueva norma de Sanidad considerará residentes a quienes puedan acreditar que llevan más de 90 días en España, aunque si un ciudadano lleva menos se establecerá un procedimiento especial que incluirá un informe social.

Los populares lanzaron el jueves una cifra, el coste que calculan para la medida estrella del nuevo Gobierno: 1.200 millones de euros. Rajoy calculaba que con su decreto de 2012 ahorraría 917 millones, pero no especificaba la parte correspondiente a sin papeles. Nunca se ha sabido si cumplió sus objetivos. “La financiación no será una excusa para la recuperación de un derecho que afecta a la vida de los ciudadanos”, insiste Montón.