Anticorrupción viaja a Panamá para investigar un nuevo amaño de Granados

Una fiscal Anticorrupción y dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participan en el caso Púnica se han desplazado este lunes a Panamá para colaborar con sus autoridades en la investigación de los supuestos amaños de contratos públicos realizados en el país centroamericano por la trama de corrupción liderada por el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados. La fiscalía sospecha que Granados y otros dos presuntos cabecillas de la red, el experto informático Alejandro de Pedro y el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, no solo participaron en trabajos de reputación online para la entonces alcaldesa de la ciudad de Panamá, Roxana Méndez, que fueron presuntamente abonados irregularmente con fondos públicos, sino también en la adjudicación amañada de las obras de un mercado en el barrio de esta ciudad a un empresario local, según un reciente auto judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Desde que se produjeron las primeras detenciones de la Operación Púnica en octubre de 2014, los dos jueces de la Audiencia Nacional que han instruido la causa –Eloy Velasco y Manuel García-Castellón- han remitido a las autoridades panameñas dos comisiones rogatorias para recabar datos sobre el entramado societario y de cuentas bancarias que presuntamente poseían en este país Granados y su socio, el constructor David Marjaliza –que colabora con la Justicia desde 2015-, y sobre las actividades de la trama en este país. Hasta ahora, solo se han producido avances en las pesquisas en esta segunda línea investigación, en la que el país centroamericano ha iniciado sus propias actuaciones y para las que ha fijado diversas tomas de declaración y otras diligencias durante esta semana. La Audiencia Nacional ha pedido autorización a las autoridades judiciales panameñas para que Anticorrupción y la Guardia Civil puedan asistir y participar en las mismas, según detalla el documento judicial.

El epicentro de estas pesquisas es el viaje que Granados hizo entre el 2 y el 8 de abril de 2013, cuando aún era senador del PP, a Costa Rica y Panamá para encontrarse con políticos locales. Aquel viaje lo hizo acompañado de De Pedro y Alonso Conesa, que fueron los que costaron los billetes de avión y los hoteles en los que se alojó el político popular. La investigación apunta a que los tres acudieron para ofertar sus servicios de mejora de imagen en internet a candidatos de ambos países y que, a cambio, recibieron contratos públicos de manera irregular de modo similar a como la trama lo había hecho en España con cargos públicos del PP de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y León. En aquel viaje, Granados y sus acompañantes mantuvieron encuentros, al menos, con la entonces alcaldesa de la Ciudad de Panamá, Roxana Méndez, que presuntamente ya les había contratado un año antes para conseguir “una imagen positiva […] que la favoreciese en su campaña política dirigida a su reelección en el cargo”, destaca el último escrito judicial.

La documentación intervenida durante los registros en España revela que en 2012 De Pedro había conseguido un contrato público para mejorar la reputación online de la alcaldía de Panamá, pero que sus trabajos estuvieron dirigidos en realidad a favorecer las aspiraciones políticas de Roxana Méndez. En aquellas supuestas irregularidades tuvieron un papel activo tanto una de sus empresas, EICO, como las sociedades panameñas Bonnano Media, Opera Global Internacional y Novasof del Pacífico y del Caribe SA. Anticorrupción y la Guardia Civil concluyen que para lograr dicha adjudicación, la trama Púnica se valió de “certificaciones falsas para acreditar una solvencia profesional” que sus empresas no tenían e intervino presuntamente en la redacción del pliego de contratación para asegurarse hacerse con el contrato. Las últimas investigaciones revelan que dicho contrato fue presuntamente renovado en 2013 por un importe de 105.000 euros.

Las pesquisas también apuntan a la presunta participación activa de un cargo de confianza de la propia alcaldesa, Juan Carlos P. G., quien también ejercía como “gerente de operaciones” de EICO en el país centroamericano. Este, supuestamente, facilitó la manipulación de los pliegos de licitación, según revelan diversos correos electrónicos intervenidos. En uno de ellos se apunta a que una vez se hubiera cobrado el 40% del contrato la trama abonaría “a Roxana Méndez la cantidad de 20.000 euros presuntamente como pago de la comisión”, se recoge en el auto del juez García-Castellón.

Ahora, Anticorrupción y la Guardia Civil quieren participar en los interrogatorios que las autoridades de Panamá han programado para indagar en la supuesta adjudicación irregular de estos contratos de asesoría política, pero también en las pesquisas sobre la adjudicación de un contrato público para el “diseño, plano de construcción, estudio de suelo, impacto ambiental, contracción de obra y equipamiento del mercando periférico de Las Cumbres", en el barrio de Chivo Chivo de la capital. Los investigadores sospechan que los integrantes de la trama Púnica aprovecharon sus contactos con la entonces alcaldesa para actuar como conseguidores para terceros y que este en concreto fuera adjudicado al empresario local Simón L. a cambio de una comisión.

Por ello, el juez reclama a la justicia panameña que le facilite el expediente sobre dicha licitación, así como datos sobre las "responsabilidades y puestos de trabajo" que Juan Carlos P. G. tuvo en el ayuntamiento de Panamá. También reclama toda la información sobre los contratos que tanto EICO como las tres sociedades panameñas presuntamente a la trama Púnica obtuvieron de la alcaldía de la capital entre 2012 y 2014. Todo ello, con "carácter de urgencia".