El botín más cutre de Granados y González

El valor económico del ordenador portátil, ya de segunda mano y con al menos siete años de uso no es muy grande, pero la anécdota es reveladora del concepto que tienen algunos cargos políticos del patrimonio público que las instituciones ponen a su servicio. El pasado 25 de abril, mientras Cristina Cifuentes anunciaba su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid, un conductor de la Asamblea regional se personó en la Audiencia Nacional con una misión muy especial: recoger un ordenador Toshiba modelo NB100-12X propiedad del parlamento autonómico que el cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, se había quedado después de dimitir en febrero de 2014 tras publicarse que tenía una cuenta con 1,5 millones de euros en Suiza.

El portátil, que le fue entregado en 2011 al ser elegido diputado en la IX Legislatura autonómica, fue intervenido en octubre de 2014 por los agentes de la Guardia Civil que detuvieron a Granados en la Operación Púnica, tras lo que el expolítico estuvo dos años y ocho meses en prisión provisional. En el registro de su domicilio en Valdemoro, los investigadores se llevaron, además del portátil de la Asamblea, un verdadero bazar de dispositivos tecnológicos en busca de pruebas sobre la trama de corrupción. Entre ellos, una tablet Samsung marcada con una pegatina que pone “Senado”. Granados fue nombrado senador por designación autonómica en aquella legislatura hasta su renuncia por la cuenta suiza. En esa pequeña feria de la informática, había otros tres portátiles –estos supuestamente privados–, dos discos duros, un iPad y una memoria USB con el logotipo de la Universidad Rey Juan Carlos, además de otros siete pendrive y un ordenador de sobremesa.

Granados pidió la devolución de todos ellos el pasado 9 de abril en un escrito en el que alegaba como principal argumento su "colaboración total con el Juzgado para el esclarecimiento de los hechos". El político también esgrimía los más de tres años transcurridos desde que le fueron intervenidos y el hecho de que a otros imputados ya se les hubieran repuesto los equipos informáticos que les requisaron cuando fueron detenidos. Tres días después, el secretario judicial le anunciaba la devolución de tres ordenadores portátiles, incluido el Toshiba, y le comunicaba que el equipo de sobremesa había sido puesto a disposición de la Guardia Civil para que lo usara durante la investigación.

La respuesta de Granados se produjo el pasado 23 de diciembre con un escrito en el que criticaba que solo se devolvieran parte de los equipos y que uno de los ordenadores fuera utilizado por los agentes de la UCO. Ese mismo día, el juzgado decidía no solo no ampliar el número de objetos a devolver, sino que reducía los tres portátiles a entregarle a solo dos. El motivo no era otro que el escrito que había remitido por correo electrónico la directora de Informática y Tecnología de la Asamblea de Madrid en el que informaba de que el Toshiba era, en realidad, del parlamento regional. Dos días después, un conductor de la Asamblea acudía a recogerlo al juzgado de Manuel García-Castellón, instructor del sumario. 

Granados no ha sido el único político del que se ha sabido que no ha devuelto los ordenadores que le fueron facilitados por razón del cargo. El pasado marzo, el juez García-Castellón, rechazó entregar al expresidente madrileño Ignacio González uno de los cuatro ordenadores que le fueron intervenidos en abril de 2017 en la Operación Lezo de corrupción. González pretendía que se le entregara un portátil, también de la marca Toshiba, que en realidad pertenecía a la Comunidad de Madrid. El magistrado, en una resolución del 15 de marzo, ordenó que el dispositivo fuera devuelto “a su legítimo propietario”, es decir, a la Administración autonómica.

Entonces, la decisión se produjo después de González y varios imputados se opusieran a que sus equipos informáticos fueran utilizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes los habían solicitado ante la escasez de equipos informáticos con las suficientes prestaciones técnicas para abordar las complejas pesquisas que requieren los casos de corrupción. En su escrito, los agentes consideraban que las características de los ordenadores intervenidos, la mayor parte de última generación, los hacían especialmente idóneos "para avanzar en las investigaciones". El magistrado accedió a ello.

Sin embargo, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó a principios de este año la autorización y ordenó que se devolvieran los dispositivos informáticos a sus propietarios. González y otros cuatro imputados fueron citados el pasado 12 de febrero en la Audiencia Nacional para que recogieran los equipos. En ese acto, el expresidente de la Comunidad de Madrid recuperó tres, pero no el cuarto. El motivo venía recogido en la diligencia judicial de entrega en la que se especificaba que la Guardia Civil había acompañado los equipos de un oficio en el que destacaba que ese cuarto ordenador que reclamaba el político como de su propiedad presentaba "una pegatina con el símbolo de la Comunidad de Madrid y un código de barras con una inscripción" que ponía en duda la verdadera propiedad del mismo.

González recurrió la decisión, pero el juez García-Castellón dictó un auto en el que dejaba claro que "el ordenador que solicita [el político] es propiedad de la Comunidad de Madrid, y por tanto, será a su legítimo propietario a quien deberá devolverse el citado efecto".