Condenados a penas de hasta 12 años de cárcel los cargos del PP que saquearon la depuradora de Valencia
El presunto fraude de Emarsa, cuya sentencia se ha conocido este viernes, ascendió a 24 millones
La Audiencia de Valencia ha condenado a penas de entre 12 y tres años de cárcel a los principales acusados del gran fraude de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa): los excargos del PP Esteban Cuesta (12 años y medio), Enrique Crespo (10 años), José Juan Morenilla (nueve años) e Ignacio Bernácer (tres años y medio). En la causa han sido juzgadas 24 personas por malversar 23,6 millones de euros. La entidad pública quebró como consecuencia de la "magnitud sin límite del expolio" y el servicio fue privatizado.
La Sección Primera de la Audiencia de Valencia ha dictado penas que suman, en total, 97 años, ocho meses y ocho días por los delitos de malversación, cohecho, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil. El fallo, contra el que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, impone el pago de indemnizaciones por el importe del dinero defraudado.
Los jueces consideran probado que los responsables de la planta, y a menor escala empleados y proveedores, cargaron a la sociedad la compra de joyas y otros artículos de lujo, pero también de baterías de cocina, ordenadores, ropa interior o el libro de Mario Conde Memoria de un preso. Pasaron 300.000 euros en facturas de marisquerías y asadores y otro tanto en viajes familiares al extranjero y noches en hoteles con prostitutas. Emarsa fue utilizada, además, para enchufar a decenas de personas, varias de la cuales solo iban a cobrar.
Los principales condenados, Esteban Cuesta, Ignacio Bernácer, Enrique Crespo y José Juan Morenilla, se repartían cada mes cajas llenas de billetes, tal y como confesaron los dos primeros en el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia de Valencia.
Cuesta, último gerente de Emarsa, nombrado alcalde pedáneo de Benimàmet, un barrio de Valencia, por la entonces regidora Rita Barberá, resumió así ante el tribunal los siete años que pasó dirigiendo la depuradora: "Se nos fue la mano y cogimos hasta el codo".
La Generalitat triplicó entre 2004 y 2010 los fondos que inyectaba a la empresa, dedicada a depurar las aguas residuales de Valencia y 30 municipios de su área metropolitana. A pesar de ello, la situación patrimonial de la sociedad se fue haciendo cada vez más insostenible, hasta que en 2010 se declaró en quiebra y fue liquidada.
El servicio fue privatizado y adjudicado a Aguas de Valencia. El agujero de 17 millones que dejó el presunto desfalcó provocó una súbita subida del recibo del agua.
La causa judicial salpicó a dos consejeros del Gobierno autonómico de Francisco Camps y apuntó a la posible financiación irregular del PP de la ciudad de Valencia, pero ambas líneas de investigación se cerraron por falta de pruebas.
Una mina de lodo
El principal fraude se produjo a través de la gestión del lodo. El subproducto que genera la depuración del agua que corre por las cloacas se convirtió para los responsables de la empresa pública en una mina de oro.
La sentencia señala que los cuatro principales condenados "valiéndose de la posición de dominio y control que les otorgaban sus puestos (...) diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar el precio unitario con el que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (dependiente de la Generalitat) financiaba el coste de la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación depuradora".
Para ello buscaron al administrador de diversas empresas, Jorge Ignacio Roca Samper que, "a cambio de la oportuna comisión", emitió a Emarsa "facturas simulando la prestación del servicio de gestión de lodos" al precio oficialmente establecido. En realidad, prosiguen los jueces, la labor estaba siendo realizada por otra mercantil "a un coste inferior en más de la mitad de lo que estaban pagando por ello desde la empresa pública".
"Transferidos los fondos públicos a las empresas de Roca, el siguiente paso que tenía encomendado este acusado consistía en reintegrar en efectivo la diferencia entre el coste real del servicio y el pagado por Emarsa, haciendo llegar dicho importe, deducida su comisión ilícita, mediante distintos mecanismos a Crespo, Cuesta, Morenilla y Bernácer, principalmente", concluyen los magistrados.
El socialista Ramón Marí, denunciante del caso en 2010, ha celebrado el fallo "después de tantos años de trabajo y presiones".
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