El pacto entre Anticorrupción y Blasco: las claves de un acuerdo difícil de explicar

El acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y el exconsejero del PP Rafael Blasco para reducir de 16 años a dos y medio la petición de pena en el juicio por el presunto saqueo de las ayudas a la cooperación de la Generalitat valenciana resulta difícil de explicar, pero el ministerio público considera que tiene razones de peso.

Estas son: el límite de pena a la que el exdirigente puede ser condenado en el conjunto del caso Cooperación —ahora está en la cárcel por la primera pieza separada del caso y lo que va a enjuiciarse son las piezas dos y tres—, establecido por el Tribunal Supremo, que reduce el recorrido punitivo efectivo del nuevo juicio; la importancia prioritaria que la Fiscalía concede a la recuperación del dinero, y el hecho de que Blasco, de 73 años, está siendo investigado también por su etapa como consejero de Sanidad.

Fuentes de Anticorrupción han descartado que el acuerdo, que de momento no es firme, pueda extenderse a Consuelo Ciscar, la mujer de Blasco, que está imputada por su gestión al frente del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y a la que el ministerio público atribuyó la semana pasada nuevos delitos.

El principal argumento para el pacto es la sentencia en la que el Supremo ratificó la condena para Blasco, referida a dos subvenciones concedidas en el año 2008. El alto tribunal señaló entonces que el exdirigente solo puede ser condenado, en el conjunto de las tres piezas, a ocho años de cárcel por los mismos delitos. No importa, al respecto, que la Fiscalía haya solicitado más en su escrito de acusación. Como el exconsejero está cumpliendo ya una pena de seis años y medio en Picassent, el aumento adicional efectivo al que podría ser condenado Blasco si el tribunal diera la razón a las acusaciones sería de un año y medio. El acuerdo negociado cubre ese periodo, ya que Blasco acepta en él dos años y medio.

El razonamiento que utilizó el Supremo para fijar el límite fue que, si bien el llamado caso Cooperación fue dividido en tres piezas por motivos de eficiencia procesal, lo que se juzga es una misma actividad delictiva. No cabe que Blasco haya sido condenado por malversación en la primera pieza y lo sea también por malversación en los mismos términos en las piezas dos y tres. Porque si se hubiera juzgado toda su actividad en un solo acto se habría considerado malversación continuada —esto es, una forma agravada del mismo delito—.

La única forma de elevar de forma significativa la pena en el nuevo juicio sería que Blasco fuera  condenado en él por pertenencia asociación ilícita —un delito al que no fue condenado en la primera pieza separada—, pero las fuentes jurídicas consultadas consideran difícil tal posibilidad.

Tanto la fiscalía como la Generalitat consideran que una vez que Blasco fue condenado a prisión en la primera pieza del caso, lo prioritario ahora es recuperar el dinero defraudado. El acuerdo no prevé una entrega directa, pero sí que Blasco y el resto de principales condenados vendan bienes para obtener los fondos necesarios. En el caso del exconsejero, su chalet en Aguas Vivas, Alzira.

Fondos ocultos

Desde la Coordinadora de ONGD, que de momento ha rechazado el acuerdo, se apunta a la sospecha de que Blasco oculta fondos en España o en el extranjero. La Fiscalía, advierte, sin embargo, de que aunque ello fuera cierto lo que no figura en el procedimiento no existe a efectos judiciales, y por tanto la sentencia, si llega a celebrarse el juicio, no podrá abarcar tales fondos, porque no han sido localizados durante la instrucción.

Las fuentes del ministerio público consultadas rechazan que entre los argumentos para inclinarse por el acuerdo pese el hecho de que uno de los dos fiscales que Anticorrupción tiene en Valencia tendría que pasarse entre seis y ocho meses en la sala de juicio, cuando tienen en marcha varias investigaciones importantes. Pero sí consideran un elemento a tener en cuenta el hecho de que Blasco esté imputado simultáneamente por su etapa en la Consejería de Sanidad, un asunto en el que no opera el límite establecido por el Supremo para las ayudas a la cooperación.