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El exconsejero Blasco ofrece su lujoso chalé de Alzira para cerrar el pacto del ‘caso Cooperación’

Fiscalía y Generalitat, dispuestas a un acuerdo que incluye dinero y penas mínimas de cárcel

Rafael Blasco, exconsejero de la Generalitat valenciana. Ampliar foto
Rafael Blasco, exconsejero de la Generalitat valenciana.

Rafael Blasco ha ofrecido su chalé en la Barraca d'Aigües Vives, en Alzira (Valencia), para intentar cerrar un acuerdo que le libre de otra larga condena de cárcel por las piezas separadas que continúan abiertas en el caso Cooperación, según han confirmado fuentes de la causa judicial. El exconsejero del PP ya cumple una pena de seis años en el centro penitenciario de Picassent por la primera pieza del caso, centrada en la malversación de fondos destinados a la ayuda al desarrollo en Nicaragua.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat están dispuestas a cerrar un acuerdo con Blasco y la otra veintena de acusados del caso que implique el pago de la responsabilidad civil, estimada en 3,4 millones de euros, y penas mínimas de cárcel, que para la mayor parte de ellos supondría evitar entrar en prisión.

Las negociaciones han avanzado tanto que se ha llegado a calcular cómo se distribuiría el pago de esos 3,4 millones. Blasco, que ocupó diversas consejerías de la Generalitat entre 1999 y 2011, además de haber sido portavoz del PP en las Cortes Valencianas hasta 2012, pagaría el 25%, unos 850.000 euros. Para hacer frente a ese importe, el exdirigente ha planteado entregar la lujosa vivienda que posee en Alzira a modo de dación en pago, una fórmula conocida sobre todo por su uso para liquidar deudas con la banca.

El codirector de la trama del caso Cooperación junto a Blasco, el empresario Augusto César Tauroni, abonaría otro 25%. Tauroni también fue condenado a seis años de cárcel en la primera pieza de la causa. La investigación ha desvelado que parte de las ayudas al desarrollo de la Generalitat valenciana captadas por la red fueron invertidas por Tauroni, presuntamente, en inmuebles en Estados Unidos.

Tauroni se había ofrecido a confesar en una declaración que él mismo solicitó prestar ante la juez instructora, Nieves Molina, este miércoles. Pero finalmente se ha echado atrás alegando como motivo la decisión de la Audiencia de Valencia de analizar el ordenador que utilizó en prisión.

Tres años más de cárcel

Blasco y Tauroni aceptarían, además, tres años de prisión adicionales a los seis que ya están cumpliendo. Ello supondría no acusarles de cohecho, un delito por el que no fueron condenados en la primera pieza del caso Cooperación y que podría suponer seis años de pena en un eventual nuevo juicio.

En total, sumando el cohecho al resto de delitos que les atribuye la juez y por los que sí fueron condenados en la primera pieza del caso —lo que limita a un máximo de dos años de cárcel el castigo por los mismos—, Blasco y Tauroni se exponen a una nueva pena de ocho años si no hay acuerdo y tienen que volver a sentarse en el banquillo.

Marc Llinares, el exjefe del servicio de Cooperación en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía Blasco, pagaría otro 25% de la responsabilidad civil. Llinares fue condenado a cuatro años y medio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la primera pieza de la causa, pero el Supremo aceptó su recurso de casación y lo absolvió.

El acuerdo negociado plantea que Llinares sea condenado a solo dos años y medio de cárcel, lo que implicaría en la práctica una pena efectiva de en torno a un año de prisión.

La veintena de acusados restantes pagarían el 25% que falta de la responsabilidad civil a partes iguales. Las fuentes consultadas señalan que, además de las dificultades que los acusados presentan para pagar, la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular en el caso, rechaza aceptar un acuerdo en tales términos al considerarlo muy beneficioso para los acusados de saquear los fondos destinados a la cooperación internacional.

La responsabilidad civil estimada en la negociación es el resultado de sumar los algo más de 3,2 millones de euros presuntamente malversados en las convocatorias públicas de 2009 a 2011, y los 177.000 euros que se habrían quedado los acusados del dinero recaudado por la Generalitat para levantar un hospital en Haití en 2010.

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