La Fiscalía rebaja de 16 años a solo dos la petición de pena para el exconsejero Blasco a cambio de su confesión

La Fiscalía Anticorrupción ha cerrado un acuerdo con los 24 acusados por saquear las ayudas valencianas a la cooperación. El más conocido de ellos es el exconsejero del PP Rafael Blasco, que ya está en prisión por la condena a seis años en la primera pieza separada del caso. El acuerdo contempla penas muy bajas para los procesados, de los que solo tres tendrían que ingresar en prisión. Entre ellos Blasco, que sería condenado a solo dos años y medio de cárcel a cambio de confesarse culpable.

Hasta el acuerdo, la Fiscalía pedía una condena de 16 años de prisión para Blasco e igualmente altas para otros acusados.

Las dos piezas separadas a las que se refiere el acuerdo incluyen el fraude en la concesión de ayudas al desarrollo de la Generalitat entre los años 2008 y 2011, así como el de la construcción de un hospital en Haití después del terremoto de 2010. Esto es, todo lo que queda vivo del caso.

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular, considera inaceptable, en un primer análisis, las condiciones del acuerdo, que tampoco prevé que los acusados devuelvan previamente el dinero defraudado. La entidad mantiene, en principio, su intención de continuar adelante con el juicio.

La coordinadora ha solicitado una reunión con el Gobierno valenciano, representado en el caso a través de la Abogacía de la Generalitat, para que concrete su postura. En el anterior intento de acuerdo, el Ejecutivo autonómico se mostró partidario de sumarse al acuerdo negociado por Anticorrupción.

El pacto prevé que solo Blasco, el otro cabecilla de la trama —según quedó acreditado en la primera sentencia del caso, ratificada por el Tribunal Supremo— y empresario Augusto César Tauroni, así como el ex jefe de área de Cooperación de la Generalitat Marc Llinares, tengan que ingresar en prisión. Blasco y Tauroni serían condenados a dos años y medio de cárcel y Llinares, a dos años y ocho meses.

Dinero defraudado

Un asunto espinoso es el del pago de la responsabilidad civil. Según el acuerdo, los acusados no pagarán previamente los algo más de cuatro millones de euros en los que el perito de las acusaciones ha estimado el dinero malversado, sino que se comprometen a hacerlo una vez que hayan vendido determinadas propiedades.

En el caso de los principales acusados, el pago de Blasco se vincula a la venta de su lujosa finca en Aguas Vivas (Alzira, Valencia). Tauroni, a la venta de la casa y el yate que tiene en Miami. Y Llinares, a un chalet en Dénia.

Si la coordinadora no se suma a un acuerdo y la Fiscalía lo mantiene, podría darse la situación de que durante el juicio la entidad que agrupa a las ONG valencianas sea la única que ejerza la acusación efectiva, a expensas de lo que decida hacer la Generalitat.