Cartas de extorsión, sentencias de muerte
Además del miedo y la desconfianza, los empresarios se enfrentaban al dilema de salvar su vida o pagar para que ETA siguiera matando
“Reconozco que no era nada valiente. Cada vez que llegaba una carta no paraba de llorar”. La empresa de pinturas de Carlos, en Vitoria, tenía once personas en nómina. Las cartas le comenzaron a llegar en 1994 y no pararon, en varias oleadas hasta 2008. La posibilidad de que le asesinaran si no contribuía a alimentar la maquinaria sangrienta de ETA pesaba demasiado. La sensación de estar jugando a la ruleta rusa cada vez que trituraba una carta de ETA le torturaba. Cada carta del mal llamado “impuesto revolucionario” le acercaba al de la ejecución de la sentencia de muerte que le había impuesto ETA.
En cinco décadas de violencia fueron asesinados 49 empresarios y directivos, otros 52 fueron secuestrados, y entre 10.000 y 15.000 fueron extorsionados, alguno más de un millar en Navarra, según informes prácticamente coincidentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Universidad de Deusto. Creen que en torno al 8% de media de los extorsionados pagaron, en Gipuzkoa más.
Como Carlos, muchos empresarios no se lo decían ni a la familia. Preferían sufrirlo solos, ocultarse en segundas residencias alejados de sus seres queridos, o marcharse de Euskadi. El miedo se cebó hasta tal punto en ellos que tuvieron que pasar seis años desde que la banda anunciara el cese de sus acciones violentas, en octubre de 2011, para que los empresarios comenzaran a verbalizar sin tapujos que fueron víctimas de las cartas de extorsión de la banda. En octubre de 2017 la patronal Confebask, y las tres asociaciones provinciales, Cebek, Adegi, y SEA, homenajearon en un acto en Bilbao a todos los que murieron por no pagar, a los que sobrevivieron con la angustia de contar los días que les quedaban, y a quienes se ocultaban entre los muros de sus casas para pasar inadvertidos en un contexto en el que significarse era como ponerse en la primera línea.
El terror y el miedo se trufaron además con la desconfianza. Cualquiera podía ser el soplón de la banda que describía tus rutinas en la empresa, en los trayectos en coche a casa, o el que te hacía los seguimientos y avisaba a loa asesinos cuando y donde estabas solo, para pegarte un tiro o secuestrarte. Al principio los pagos se hacían sin problemas, en los "círculos abertzales habituales", hasta que la presión policial desmanteló varios comandos dedicados al cobro.
De los 52 secuestros de empresarios y directivos de empresas, ETA asesinó a dos, Angel Berazadi en 1976 y Javier Ybarra en 1977. Pero fueron secuestrados muchos más. El propietario de Avidesa, Luis Suñer fue secuestrado en 1981 y un año después José Lipperhide y Saturnino Orbegozo. Diego Prado y Colón de Carvajal cayó en manos de ETA en 1983, Juan Pedro Guzmán Uribe en 1985, Lucio Aguinagalde en 1986 y Emiliano Revilla en 1989. Este último fue liberado tras el supuesto pago de algo más del equivalente en pesetas a siete millones de euros. En noviembre de 1989 fue secuestrado Adolfo Villoslada y el último fue Cosme Delclaux, hijo del presidente de Vidrieras de Álava, que coincidió algunas semanas con José María Aldaya, quien sufrió el secuestro más largo de los sufridos por empresarios, desde el 8 de mayo de 1995 al 14 de abril de 1996. Algunos estudios cifraron en 115 millones de euros el dinero recaudado por ETA entre 1978 y 2008 a través de los secuestros.
Todavía a día de hoy es un tema incómodo. “Algún día se lo diré a mis tres hijos, y al resto de mi familia, pero no pueden enterarse por el periódico”, explica Carlos durante un paseo por la zona de la Universidad, junto al monolito en recuerdo del socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000. En una de las misivas ETA le acusaba de promover la corrupción para, “en descarada connivencia con los diferentes sectores políticos en el poder y sectores de la burguesía regionalista vasca, arrojar sin escrúpulo al paro y a la miseria a miles de ciudadanos vascos”. Las cantidades que pedían oscilaban
Otros se han atrevido a decir, con mucho pesar, que habían pagado a la banda. Jesús Mari Korta, de Grúas Goierri vio cómo asesinaron a dos de sus amigos, el empresario de la construcción, Isidro Usabiaga, en 1996 y al presidente de la patronal guipuzcoana, Joxe Maria Korta en 2008, y claudicó. “No pude más”, reconoció con motivo del homenaje a los empresarios en octubre de 2017. Una de las conclusiones del estudio sobre el chantaje de ETA realizado por la Universidad de Deusto es que además del terror que generaban las cartas, sometían a los industriales a un terrible dilema: no pagar y arriesgarse a morir, o pagar para otros siguieran muriendo.
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