La luz que nunca se encendió

En la historia del fenómeno terrorista de ETA existe un concreto aspecto que puede calificarse como de verdadero agujero negro, es decir, como una parte de la realidad que se resiste a dejarse conocer y que atrapa en su oscuridad a todo lo que la rodea. Se trata de la extorsión económica practicada durante decenios por ETA en contra de empresarios, directivos y profesionales. Este tipo de terrorismo extorsionador con finalidad de financiación fue un punto oscuro cuando se practicó, tanto para sus víctimas (borrosamente estigmatizadas en la percepción social como poco menos que explotadores atrapados por su riqueza), como para la propia sociedad vasca en cuyo seno tuvo lugar, que nunca quiso afrontar un debate abierto sobre los complejos dilemas humanos, éticos y jurídicos que la extorsión encaminada a financiar al terrorismo planteaba. Pero también fue un punto ciego para la justicia, que prefirió no investigar ni eventualmente sancionar las cesiones al chantaje, por mucho que objetivamente una tal cesión pudiera constituir un delito de colaboración con el terrorismo.

Un grupo interdisciplinar de investigadores coordinado inicialmente por Bakeaz y ahora por el Centro de Ética aplicada de la Universidad de Deusto tratan hoy en día de hacer luz sobre ese fenómeno de la extorsión que, a pesar de la dificultad para obtener datos empíricos contrastados y fiables, supuso un desplazamiento patrimonial realmente importante: limitándonos a la época dorada de la extorsión (los años ochenta), no menos de 9.000 personas fueron en el País Vasco objeto de chantaje (de las que parece que la mayoría no cedieron a ella), y ETA obtuvo en esos años, según la “contabilidad” de los papeles de Sokoa, más de 1.100.000.000 pesetas de financiación para atentar, constatándose una retroalimentación cruzada entre financiación y capacidad de atentar: a más financiación, más atentados, pero también al revés.

Uno de los campos de más difícil estudio, dada la ausencia de una metodología econométrica contrastada, es el del impacto que tuvo el fenómeno terrorista sobre la economía del País Vasco y sobre su discurrir a lo largo de los 50 años que duró. Trabajadas hipótesis (inevitablemente basadas en comparaciones diseñadas con precisión discutible) sugieren un impacto negativo de hasta un 10% del PIB en los años ochenta y noventa, lo que da una idea de la importancia económica del terrorismo para la región que principalmente lo sufrió. Y, sin embargo, no es menos sugerente otra hipótesis: la de que, gracias a la negociación política en Madrid del sistema Concierto Económico-Cupo, una negociación en la que el argumento terrorista siempre dio juego, y que conllevaba una significativa sobrefinanciación en recursos públicos para ese mismo País Vasco, la política vasca consiguió compensar el daño que el terrorismo causaba, lo que trajo consigo al final un proceso de globalización o socialización sobre toda España de buena parte del impacto económico del terrorismo.

La presión terrorista influyó en la negociación del Cupo y produjo un exceso de financiación

Ahora bien, lo que los datos macroeco-nómicos no ponen de manifiesto como se merece es el gran sufrimiento humano experimentado por las víctimas de esta particular clase de violencia, las cuales (salvo el caso de las grandes empresas capaces de establecer redes de atención para sus directivos) tuvieron que gestionar en angustiosa soledad (y sin percibir comprensión alguna por parte de un entorno social que malconsideraba sistemáticamente al empresariado en aquella época) la toma de unas decisiones que eran humana y éticamente profundamente perturbadoras: porque para una mínima sensibilidad el ceder al chantaje implicaba comprar la seguridad propia pagando el precio de la próxima bala de 9 milímetros parabellum que acabaría con la vida de otro. Cada pequeño empresario, y cada abogado o médico interpelado por este terror, tuvieron que decidir solos y sin más ayuda que su conciencia, la línea de conducta a seguir. Y tuvieron que transitar, muchas veces, a través de humillantes senderos de mediación y negociación que no hacían sino reforzar una especie de estigma específico. Claro que las víctimas, sobre todo las de los servidores del Estado, eran todas invisibles en aquella época para una sociedad vasca incapaz de afrontar el terror de otra manera que no fuera la del espectador indiferente que asumía cómodamente como leitmotiv tranquilizadores los de “algo habrá hecho” o “paga y calla”. Pero las víctimas del terror chantajista, además de sufrir, tenían que tomar decisiones difíciles que dejarían huellas futuras en su sensibilidad. Y se sentían abandonados, pues no sólo no existía solidaridad con ellas, sino que existía expresa insensibilidad. Además del agobio de percibir al colaborador de ETA en su propio entorno laboral o vecinal. Sufrimiento humano en bruto, el material con que se construye el proyecto totalitario.

Y es que, visto el asunto desde hoy, lo que más llama la atención del estudioso de aquellos años no es sólo lo que sucedió, sino sobre todo lo que no ocurrió: es clamorosa la ausencia del más mínimo debate público o institucional sobre los criterios a seguir en el caso de la extorsión terrorista, sobre los valores en juego, sobre las normas éticas a aplicar, sobre la forma de ponderar el valor de la seguridad personal y el disvalor de sostener el terror. Cómo compatibilizar el miedo humano y el valor cívico. Es el debate que nunca se tuvo, y es curioso señalar que es un debate que tampoco hoy, ante otro tipo de terrorismo plagado de secuestros chantajistas, encuentra su lugar en la política, en la opinión o en la justicia españolas. Nuestros Gobiernos ceden al pago de rescates por cooperantes secuestrados o tripulaciones pirateadas, y es posible que así deba ser, pero ¿cómo es que nunca se ha debatido sobre ello?

En 2012 (¡nada menos que en 2012!), la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó su primera y única sentencia sobre un caso en que dos empresarias habían cedido al chantaje. Porque sucedía que, objetivamente considerada, la cesión al chantaje era y es un delito de colaboración con organización terrorista que sólo por aplicación de la eximente de miedo insuperable puede quedar impune. Para lo cual hay que investigar y sopesar las circunstancias de cada caso. Pues bien, en esa sentencia de 2012, el Tribunal Supremo constata como dato ciertamente asombroso que no existen precedentes judiciales de enjuiciamiento o investigación sumarial de pagos de chantajes, a pesar de que era un dato obvio que desde 1975 se había generalizado la extorsión. Pero en la maquinaria judicial no existían antecedentes de ello.

Nunca hubo un debate sobre cómo debía afrontarse la exigencia de pago de los etarras

Pues bien, esta ausencia de precedentes no pudo ser una casualidad, sino que respondió a una deliberada y constante abstención por parte de la policía/fiscalía/justicia en cuanto al seguimiento/control/enjuiciamiento de las extorsiones en su lado pasivo. Abstención que, curiosamente, no fue tampoco fruto de un proceso deliberado de decisión sino más bien de una “no-decisión”: las instituciones nunca se plantearon qué debían hacer; sencillamente, no hicieron. Miraron para otro lado ignorando el Código Penal y dejaron que cada uno de los extorsionados se buscara la vida solo. El Estado de derecho coincidió con la sociedad en no querer asumir un debate que era ciertamente difícil e incómodo, porque el mismo Estado, que no podía garantizar la seguridad del extorsionado, debía sin embargo pedirle que no cediera.

Esta inhibición de las autoridades ¿fue acertada o no desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo? ¿Se le dieron demasiadas facilidades a ETA para financiarse? Una política policial y judicial más estricta y un debate público visible ¿hubiera ayudado a las víctimas del chantaje o les hubiera causado padecimiento adicional?

Cuestiones que son también contrafácticas, pues plantean las consecuencias hipotéticas de unas decisiones que nunca existieron. Y no es fácil: si el Estado de derecho hubiese adoptado una vigilancia activa contra la financiación, interfiriendo incluso en la decisión de las víctimas, podría muy bien haberse deslegitimado más aún ante una opinión pública vasca que no quería saber nada de un asunto sin solución cómoda. O quizás no. Al final, se trata de una luz que nunca se alumbró, pero que no está de más, ahora, intentar encender.

José María Ruiz Soroa es abogado.