El vídeo de Cifuentes y otras 1.000 reclamaciones

¿Puede una grabación de un circuito de vigilancia de un establecimiento público salir a la luz siete años después de que fuera registrada? La ley dice que no, que debería destruirse en los 30 días siguientes, pero las imágenes que forzaron el miércoles a Cristina Cifuentes a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid demuestran lo contrario. La difusión de las imágenes en las que se recoge el supuesto hurto de dos tarros de crema por parte de la política en un centro comercial cercano a la Asamblea de Madrid cuestionan la seguridad con la que se custodian en España estos archivos, cada vez más numerosos. En 2016, último año del que hay estadísticas, en España había cerca de 300.000 ficheros videográficos para custodiar estas grabaciones. 67.000 de ellos correspondían a establecimientos dedicados al comercio, según refleja el último anuario de la Agencia Española de Protección de Datos.

La existencia de la polémica filmación ha provocado la apertura de dos investigaciones. La propia Agencia Española de Protección de Datos anunció el mismo miércoles el inicio de una actuación previa de investigación que en los próximos meses -tiene un plazo máximo de un año- debe concluir si se ha vulnerado o no la ley de protección de datos. En caso afirmativo, arrancará entonces un procedimiento sancionador contra aquella empresa o persona física a la que se considere responsable de la infracción. En el transcurso del mismo, que no puede durar más de seis meses, estos pueden presentar alegaciones. Al término, se concluirá la sanción, que puede ir desde un simple apercibimiento hasta una multa de 600.000 euros. En 2016, la Agencia abrió un total de 1.036 investigaciones relacionadas con irregularidades de todo tipo en la videovigilancia de espacios públicos, un número solo superado por las iniciadas por los ficheros de morosidad. De ellas, 170 acabaron en sanción, según la memoria del organismo.

La segunda investigación ha sido abierta por la empresa Eroski, propietaria del supermercado donde se grabó a Cifuentes y, por tanto, titular del fichero videográfico del que se obtuvieron las imágenes. Un portavoz de la compañía insistía este jueves que la compañía había seguido de manera "escrupulosa" el protocolo legal que obliga a destruir esas imágenes en un máximo de un mes desde su grabación salvo que sean requeridas antes por la policía o la justicia, algo que en el caso de las imágenes de la ya expresidenta madrileña no pasó ya que nunca hubo denuncia por el hurto. "El borrado es automático, ni siquiera necesita la intervención de nadie. Las imágenes se automachacan siempre antes de un mes porque se graban otras encima", detallan, antes de asegurar que el disco duro que se utilizó entonces ni siquiera existe ya: "Al traspasar aquel centro a otro operador, todo se destruyó". 

“Alguien tuvo que hace una copia. Eso es evidente. Nuestros servicios jurídicos están analizando todo lo que pudo suceder. Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales si fueran oportunas”, añade este portavoz antes de recalcar que si bien la propiedad del fichero era de Eroski, "la gestión estaba subcontratada" a la compañía que daba seguridad al supermercado, Casesa. "La responsabilidad de la gestión y del buen uso, y de si alguien tiene que sacar una copia porque hay un proceso judicial o policial que lo requiera, era de la empresa de seguridad”. EL PAÍS intentó conocer la versión de Casesa, pero desde esta compañía declinaron hacer ningún tipo de declaraciones "a periodistas".

El jueves, Cristina Cifuentes no había decidido aún si iba a emprender acciones legales por la difusión de aquellas imágenes, según fuentes de su entorno. De hacerlo, obligaría a la Agencia Española de Protección de Datos a paralizar su investigación, según reconocen fuentes de este organismo. No obstante, la viabilidad de una denuncia penal es dudosa. Artemi Rallo, exdirector de la Agencia y hoy diputado del PSOE, no cree que en el caso del vídeo de Cifuentes exista algún tipo de ilícito, "ya que no parece afectada la intimidad de la persona". Idéntica opinión tiene Samuel Parra, jurista experto en Protección de Datos: "Solo habría delito si alguien no autorizado, como un pirata informático, hubiera accedido al sistema para hacerse con esas imágenes. Entonces se podría hablar de revelación de secretos". Sin embargo, está convencido de que en este caso "todo apunta a un empleado desleal que sí tenía acceso autorizado y, por lo tanto, no hubo dicho delito".

Para Rallo, el escándalo provocado es la demostración de que todos estamos expuestos cada día más a la videovigilancia: "La sociedad ha asumido esta realidad de vigilancia permanente. Es inevitable, por lo que debemos dotarnos de mecanismos para evitar que se vulneren la protección de la imagen personal". El exdirector de la agencia cree que esos instrumentos existen desde 2006 [cinco años antes de la grabación del vídeo de Cifuentes], con una instrucción que regula desde entonces el plazo de conservación de las imágenes limitándolo a un mes. Rallo considera que con este mecanismo "no son necesarias más prevenciones legales. Elevar las sanciones económicas que recoge la ley de protección de datos, que ya son altas, no serviría para nada". El diputado socialista insiste en que la solución está "en la concienciación de la sociedad. Todos debemos saber como actuar y ejercer nuestros derechos frente a estas grabaciones".

Parra matiza dicha opinión y considera que, si bien la actual regulación es correcta, aún se podrían incluir algunas mejoras y, sobre todo, hacerla más clara. "Se debería evitar, por ejemplo, que las personas con acceso directo a las grabaciones de videovigilancia accedan al lugar donde se visionan o se guardan con dispositivos de grabación. En algunas empresas ya te impiden entrar con un teléfono móvil en determinados lugares precisamente para impedir que hagas una foto al documento que aparece en una pantalla de ordenador. Esa práctica se debe generalizar". Aún así, admite que la seguridad total "no existe" y que es imposible evitar que, como en el caso de Cifuentes, alguien se haga con una grabación comprometedora de manera irregular y la guarde siete años en un cajón a la espera de sacarla a la luz.