Tocada por un máster falso, hundida por un viejo vídeo

"Me llevé por error y de manera involuntaria unos productos por 40 euros", ha dicho este miércoles la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Dos botes de crema facial que aparecieron en su bolso sin pasar por caja en un supermercado situado frente a la Asamblea de Madrid, en Vallecas. El vídeo de 2011 en el que ella entra en un cuarto con un guardia de seguridad, vacía el bolso y cuenta dinero la ha empujado a dimitir, de momento, de su cargo principal. Lo hace denunciando que las imágenes, publicadas por OkDiario y que nunca llegaron a manos de la Policía Nacional, circulaban desde hace años y corresponden a una trama: “Todos ustedes saben que he sido espiada”.

Su dimisión llega, no obstante, después de más de un mes en el centro de la polémica por distintas informaciones relacionadas con las irregularidades de un máster universitario de derecho autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que figuraba en su currículo como cursado en 2011-2012. Una historia en la que concurre un trato de favor con actas falsificadas, notas cambiadas a destiempo y aprobados sin exámenes ni asistencia a clase. Apenas una semana atrás, el pasado 19 de abril, la presidenta admitió que la Universidad le había dado “facilidades” para conseguirlo. Ese mismo día, en un nuevo intento de paso hacia adelante, anunció que renunciaba al título (algo que no puede hacer porque es la Universidad la única con potestad de retirarlo).

El pasado 21 de marzo comenzó su calvario y la huida hacia adelante. Ese día, eldiario.es publicó la primera información sobre las irregularidades del supuesto máster en la Universidad pública madrileña que nació ligada al PP.

El primer titular fue “Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas”. A media mañana de ese mismo 21 de marzo, dos catedráticos y el rector de la Rey Juan Carlos comparecieron para defender a “la alumna de referencia” [no la citaron por su nombre] y asegurar que todo se debía a un “error de transcripción”. A las 20.30, tras toda una jornada de silencio por parte de la presidenta, el equipo de Cifuentes envió a los medios unos documentos con los que pretendía defender su inocencia. Unos papeles que, sin embargo, acabaron ahondando en las excepcionalidades de su título.

Entre los papeles, un correo en el que el catedrático Pablo Chico [profesor de una de las asignaturas cuyas notas fueron modificadas] reclamaba a la funcionaria Amalia Calonge que le cambiaran las calificaciones –un procedimiento que se tiene que hacer con actas firmadas y de forma oficial y no a través de un correo y dos años después de acabado el curso-. También envió a los periodistas el certificado del pago de tasas –que demostraría que se matriculó en diciembre y aprobó algunas de las materias cursadas cuando ni siquiera era alumna-. En tercer lugar, y quizá el documento más definitivo, está el acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster, del que también se cambió la nota tres años después.

Ese acta fue elaborada de forma extemporánea ese 21 de marzo de 2011 y con tres firmas de las que al menos dos han resultado ser falsas según sus autoras, las profesoras Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Esta última lo ha ratificado ya ante la policía, después de que la URJC derivara parte de la investigación que abrió a la Fiscalía. Las dos docentes son discípulas, junto con Cecilia Rosado, del catedrático de Derecho Constitucional de la URJC, Enrique Álvarez Conde, responsable del máster de la presidenta y del Instituto de Derecho Público, un organismo autónomo de la URJC en el que actuaba como dueño y señor sin rendir cuentas, que convirtió en un supermercado de titulaciones, y del que ha sido apartado de forma cautelar por este escándalo.

Las imágenes de la presidenta con el bolso abierto en el cuartito de seguridad han precipitado su salida, según ha confesado ella este miércoles. Tenía previsto irse el 2 de Mayo, tras la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, con la presión de la oposición encima y con la sombra de una moción de censura inminente planeando sobre su cabeza.

Ahora dimite como presidenta regional y mantiene, de momento, tanto su acta como diputada como su puesto de presidenta del PP de Madrid. Lo hace tras 35 días en los que permaneció primero huida de la prensa [la primera vez compareció tras un plasma, al más puro estilo Rajoy] y después aferrada a un relato de su inocencia defendido cada vez con menos ahínco.

Cifuentes intentó mantener, como dijo el primer día, que ella era la "víctima" de un ataque "absolutamente injusto" pese a que la propia universidad abrió una investigación sobre el caso apenas horas después de haberla defendido. Y la dejó sin coartada el 6 de abril. A Cifuentes, que no ha mostrado en todo este tiempo ni su trabajo ni pruebas documentales de las citas o acuerdos con sus profesores, le pidieron que se marchara hasta las universidades. “Si dicen tener un máster, deben garantizar que lo tienen, y si dicen que lo tienen y no lo tienen es motivo de dimisión de su cargo público”, pidió sin citarla el presidente de la Conferencia de Rectores CRUE, Roberto Fernández, donde están representado el grueso de los campus públicos y privados. 

La noche de aquel 21 de marzo, después de un inusitado silencio de horas, la presidenta se grabó a sí misma sentada en su despacho en un vídeo de Periscope: “A quienes queréis que me vaya: no me voy, me quedo, voy a seguir siendo vuestra presidenta”. Se equivocaba. Dos botes de crema que aparecieron “por error” en su bolso le han dado la puntilla definitiva para abandonar el poder.