Cuando el que contamina no paga
Dos décadas después del desastre de Aznalcóllar, los responsables de la mina siguen sin asumir el coste del vertido
Aznalcóllar
20 años de un desastre medioambiental
Cuentan los vecinos que en la madrugada de aquel 25 de abril de 1998, hace ahora dos décadas, un estruendo resonó en Aznalcóllar. Y esta vez no era una de las habituales explosiones controladas para horadar la roca en la mina del municipio sevillano. Aquel estruendo fue el inicio de uno de los peores accidentes medioambientales en España y de una interminable carrera para lograr que la empresa que explotaba la mina Los Frailes –la sueca Boliden– asuma el multimillonario coste del desastre. Porque, 20 años después, quien contaminó aún no ha pagado.
Aquella noche de abril parte del muro de la gigantesca balsa de residuos de la explotación minera se vino abajo. Y se desató una riada de lodos tóxicos y aguas ácidas. La brecha –de 50 metros– se abrió en la pared de la balsa que daba al río Agrio, que a su vez desemboca en el Guadiamar, que termina en el Guadalquivir y en Doñana... Un recorrido de 62 kilómetros por el que discurrieron seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas contaminados con zinc, plomo, azufre...
La Junta de Andalucía, el Gobierno y Boliden llenaron el Guadiamar de diques y represas para evitar que el vertido llegase a Doñana. Y se logró que se quedaran a las puertas del espacio protegido.
En los meses siguientes se depuraron aguas, se descontaminó la tierra y se retiraron los lodos de una superficie de 4.634 hectáreas. La balsa está ahora sellada y colmatada –y coronada por paneles solares– y el río Guadiamar es un corredor verde. Pero la Junta y el Gobierno siguen reclamando a Boliden más de 133 millones.
Cada año, esta compañía incluye una coletilla en sus informes de resultados cuando se refiere a los procedimientos judiciales abiertos en España: "La empresa no sufrirá ninguna pérdida financiera sustancial como resultado" de esos procesos. "Boliden gastó aproximadamente 100 millones de euros", sostiene un portavoz de la empresa a través de un correo electrónico. Esos recursos fueron para "las medidas de limpieza y recuperación", añade.
Pero Boliden solo se hizo cargo de la zona más próxima a la balsa. La limpieza del resto de la superficie afectada por el vertido tóxico –el 90% de toda la zona dañada– corrió a cargo del Gobierno y, sobre todo, de la Junta. También las costosas expropiaciones, que superaron los 60 millones de euros.
Estas dos Administraciones no han logrado recuperar lo que costaron aquellos trabajos. La Junta reclama desde 2002 a la multinacional 89,9 millones solo por los gastos de restauración de la zona; el Gobierno central intenta cobrar la sanción de 43,7 millones que le impuso también en 2002.
"Sí, en principio, quien contamina debe pagar", admite uno de los abogados que ha ayudado en estos 20 años a Boliden a evitar que las Administraciones cobren. Pero el letrado, que prefiere quedar en el anonimato, apunta como responsable de la catástrofe a las constructoras de la balsa y a los que hicieron los estudios geológicos. Boliden demandó en su día a esas empresas –ACS, Geocisa e Intecsa-Inarsa–, pero la justicia no le dio la razón.
Cuando en 2002 la Junta y el Gobierno iniciaron los trámites para que Boliden pagara esos 133 millones, la multinacional ya había recurrido a una táctica bien conocida en las zonas que han sufrido un desastre medioambiental: echar el cierre de su filial y marcharse. Boliden clausuró en 2001 la mina, dejó sin empleo a más de 400 trabajadores y cerró su filial en España, Aprisa.
Esta marcha ha complicado la recuperación de los fondos públicos que se emplearon para descontaminar la zona afectada y la sanción. También han influido los vaivenes judiciales de un caso en el que la vía penal se cerró en 2000 sin que se condenara a nadie. Un buen ejemplo de este periplo interminable es el recorrido de la demanda por los 89,9 millones presentada en 2002 por la Junta. La reclamación se presentó en el Juzgado de Instrucción 11 de Sevilla y, tras 13 años en los que magistrados de diferentes instancias y jurisdicciones declaraban que no eran los competentes para decidir, el caso volvió al punto de partida. En 2015 el Ejecutivo andaluz tuvo que volver a presentar la misma demanda por 89,9 millones en el mismo Juzgado de Instrucción 11. Hace un par de años, el juez intentó que ambas partes llegaran a un acuerdo, detallan fuentes del caso. Pero no fue posible y ahora se está a la espera de que se fije la vista oral para esta enquistada demanda.
¿Podría darse ahora un caso similar? "No, la Ley de Responsabilidad Ambiental, de 2007, establece que quien contamina paga", responde el viceconsejero andaluz de Medio Ambiente, José Luis Hernández Garijo. "Han transcurrido 20 años y la normativa, afortunadamente, ha evolucionado", coincide Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. "Tanto la legislación específica de responsabilidad medioambiental, que define como daño medioambiental los causados a la biodiversidad, las aguas continentales y marinas y los suelos, como la legislación sectorial establecen un régimen para la prevención y reparación", añade. Otra cosa es aspirar a una respuesta veloz. "Es un problema del sistema; si tienes dinero para recurrir, eternizas los casos", explica Carlos González-Antón, abogado especializado en derecho medioambiental.
Antonio Vercher, el fiscal de sala coordinador de medio ambiente y urbanismo, prefiere ser pragmático; es decir, centrarse en evitar que se produzca una tragedia similar. Recuerda que su departamento solicitó a principios de esta década al Instituto Geológico y Minero de España un listado de las grandes balsas de residuos mineros que puedan ser un riesgo. "Y se presentó una querella por una balsa de Mazarrón, en Murcia", explica. "Estamos decididos a que no pase otro desastre como Aznalcóllar".
Objetivo: salvar Doñana
El responsable técnico de la oficina de SEO BirdLife en Doñana, Carlos Dávila, aún recuerda lo que sintió cuando llegó como voluntario a la zona del desastre. "Incredulidad y mucha angustia". Ante sus ojos el río Guadiamar presentaba un escenario desolador. La rotura de la balsa había anegado 62 kilómetros, dañado 3.600 hectáreas de cultivos y pastizales, contaminado las marismas de Entremuros, matado a 26 toneladas de peces y afectado a cientos de aves.
"En los primeros momentos, la mayor preocupación que teníamos era impedir que las aguas tóxicas entraran en el Parque Nacional de Doñana. Se construyeron barreras para impedirlo, pero teníamos miedo de no conseguirlo", apunta el técnico, quien rememora que los lodos se quedaron a las puertas del espacio. "Aún tengo grabada la imagen de los voluntarios sacando de los nidos los huevos de especies en peligro de extinción como la cerceta pardilla, trasladándolos, tratando de alimentar a los polluelos", recuerda Dávila.
La coordinación entre las Administraciones, la limpieza bajo criterios científicos en la que participaron unos 800 voluntarios y el desembolso de alrededor de 240 millones de euros de fondos públicos facilitaron que la zona esté hoy descontaminada y haya recuperado su riqueza ecológica. El Guadiamar es ahora un corredor verde protegido.
Sin embargo, un estudio de las Universidades de Granada y Almería publicado en 2015 revelaba que aún existe cerca de la mina una pequeña proporción de suelos afectados por altos niveles de acidez y de metales pesados como arsénico, plomo, cobre y zinc. "La zona está ahora muy parecida a como estaba antes del desastre, podemos decir que no quedan secuelas, salvo esos puntos cercas de la mina", apunta Dávila.
El zinc que aún guarda la mina
Boliden terminó marchándose de España en 2001. Dejó a más de 400 personas sin trabajo y miles de toneladas de zinc en Aznalcóllar. Dos décadas después del desastre, la actividad ha vuelto la mina.
Tras un concurso convocado por la Junta para adjudicar la explotación del yacimiento, sobre el que aún pesa una investigación judicial por supuesto amañado, la empresa Minera Los Frailes (Grupo México y Minorbis) lleva invertidos 17 millones de euros para su reapertura desde 2016. Ahora está pendiente de los permisos medioambientales de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La empresa prevé comenzar a construir las instalaciones en el primer trimestre de 2019 y que en tres años pueda comenzar a extraerse metal.
Con 6.100 habitantes y una tasa de paro del 28%, Aznalcóllar ha mirado hacia la mina como solución al desempleo desde que la Junta anunció su intención de reabrirla en 2013. Según datos de la empresa, se prevé la creación de 450 empleos directos, 780 indirectos y 825 inducidos. Actualmente, hay 41 trabajadores. "Casi podremos llegar al pleno empleo", asegura el alcalde de la localidad, Juan José Fernández (IU). "Poco a poco la ilusión va trayendo la inversión, aunque nos gustaría que todo fuese más rápido", reconoce.
El proyecto minero, que cuenta con una inversión prevista de 316 millones, contempla que anualmente se generarán 170.0000 toneladas de concentrado de cinc, 50.000 de plomo y 20.000 de cobre. La fase de explotación durará en torno a 17 años.
Fotografías y vídeos con dron de Paco Puentes
Diseño y maquetación de Ruth Benito y Nelly Natalí Sánchez
Edición de vídeo y grafismo de Paula Casado
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