Gobierno y Junta de Andalucía se coordinan tras cinco días de desastre en Doñana

El Gobierno y la Junta andaluza firman la paz. Tras cinco días de peleas y reproches desde la rotura de la presa de las minas de Aznalcóllar (Sevilla), que dio lugar a la riada tóxica que ha arrasado el entorno de Doñana, las dos administraciones han decidido lavar «la mala imagen» ofrecida, tal y como reconoció el presidente andaluz, Manuel Chaves. La creación de un comité de coordinación entre ambas administraciones, acordado ayer en Sevilla, abre un nuevo clima de colaboración en busca de soluciones para afrontar los daños. La limpieza de los lodos tóxicos es el primer reto conjunto.

Manuel Chaves lanzó el guante por la mañana y la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, lo recogió por la tarde. Ahora, se han coordinado y apelan a la «máxima colaboración». Chaves, tras su visita a la zona afectada por la riada tóxica, reconoció ayer la «mala imagen» ofrecida por las administraciones ante los ciudadanos, si bien aseguró que esta falta de colaboración «no ha entorpecido» las actuaciones.Isabel Tocino, tras reunirse con Chaves, certificó la paz. «No estamos en una guerra de competencias», aseguró, y puso como prueba su viaje a Sevilla para poner en marcha «un órgano de coordinación». Tocino se atribuyó la iniciativa en el acercamiento de posturas, tras una llamada por teléfono desde Nueva York al presidente de la Junta.

Chaves, sin embargo, advirtió ayer que el Ejecutivo regional adoptará las decisiones que considere oportunas para paliar los efectos del desastre ecológico sean o no de su competencia, aunque siempre se comunicarán al juzgado. El recién creado órgano de coordinación se reúne por primera vez, hoy, en Sevilla. El primer cometido es decidir qué técnicos van a realizar el plan de evaluación de las consecuencias del desastre ecológico. Lo más urgente será determinar qué hacer con los lodos contaminados.

«Todo tiene que estar antes del próximo octubre para evitar que con las lluvias la contaminación se extienda», afirmó Javier Cobo, director del parque natural.

Pero también incidió en el problema social y económico para la agricultura y el turismo de la zona. Chaves anunció que ayer el presidente de Boliden, Anders Bülow, le aseguró que la empresa propietaria de la mina está dispuesta a dar indemnizaciones a los afectados, incluso antes de que se pronuncien los tribunales.

«Los agricultores no pueden esperar a los tribunales», coincidió la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, tras una reunión con los representantes de los agricultores en Sevilla. «Hemos calculado que son 3.600 hectáreas las afectadas por la riada», refirió De Palacio, que estimó en 1.500 millones de pesetas las pérdidas del sector. En días pasados las organizaciones de agricultores calcularon las pérdidas en 12.000 millones.

La ministra reconoció que en la campaña electoral de 1996 se comprometió a poner en marcha «medidas para minimizar» los efectos de las filtraciones. «Es una cuestión de competencias», dijo al explicar por qué no tomó ninguna iniciativa al llegar al Gobierno.

El ex ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, que también visitó la zona, instó a las administraciones a no pelearse y trabajar juntos y no darse «empujones» y «patadas en las espinillas».

Un equipo de Greenpeace consiguió ayer muestras de los lodos tóxicos que aún permanecen en la balsa, cuya rotura provocó el vertido de cinco millones de metros cúbicos de agua tóxica, para «evaluar la magnitud de la catástrofe». Los trabajadores de la multinacional sueca Boliden, que explota las minas de Aznalcóllar, intentaron evitar la recogida de muestras con un «talante hostil y de enfrentamiento», según los ecologistas.