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La Junta reactiva la demanda contra Boliden por el desastre de Aznalcóllar

El Ejecutivo reclama de nuevo a la multinacional los 90 millones que costó la limpieza del desastre ecológico de 1998

Vista aérea de la presa de la minera Boliden en Aznalcóllar, tras la rotura y el vertido en 1998.
Vista aérea de la presa de la minera Boliden en Aznalcóllar, tras la rotura y el vertido en 1998.

La Junta reclama de nuevo, 17 años después del desastre ecológico de Aznalcóllar (Sevilla), la factura por la limpieza del vertido a la multinacional minera Boliden. El Ejecutivo ha reactivado la demanda por 89 millones presentada en 2002 ante el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla contra la empresa sueca, para recuperar la inversión pública tras un laberinto judicial que continuará al menos otro lustro.

Es la segunda vez que la Junta demanda a Boliden, tras la reclamación inicial ante el mismo juez al que reclama el multimillonario abono, Francisco Berjano. El gabinete jurídico del Gobierno ha presentado una nueva demanda en su juzgado, según anunció ayer el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández. Sin embargo, hace ya tres años que el Tribunal Supremo ordenó volver a la casilla de salida de este eterno enredo judicial. Ni la Consejería de Presidencia ni Economía pudieron ayer aclarar qué ficha han movido sus abogados para reclamar los 89 millones desde 2002, al margen de redactar una nueva demanda.

“El gabinete jurídico de la Junta no cesará en el empeño de recuperar para las arcas autonómicas y el contribuyente andaluz el importe que costó la recuperación de Aznalcóllar tras el vertido”, consideró ayer Fernández, informó Europa Press. “Ante la constatación de la tardanza en asuntos mineros, la manera más benéfica para los intereses generales era someterlo al procedimiento judicial”, matizó. El anuncio judicial de ayer coincide con los planes de reapertura de la mina sevillana, sumergida en la polémica desde su anuncio por parte de la Junta hace ya casi dos años.

El laberinto judicial comenzó en 2002 con la presentación de la demanda de la Junta contra Boliden para recuperar los 89 millones invertidos, al margen de los 42 millones que invirtió el Gobierno central para minimizar el impacto de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno de Doñana. El Juzgado de Primera Instancia se declaró incompetente y la Audiencia de Sevilla apoyó su inhibición y abrió la vía contencioso administrativa para recuperar los fondos públicos invertidos tras la catástrofe ecológica de 1998.

En dicha vía, tras respaldar el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) a la multinacional minera, finalmente, el Supremo decretó que la jurisdicción contencioso administrativa no era la competente, y ordenó que el caso regresara al mismo juzgado sevillano donde nació. A finales de 2012 Boliden pidió al juez Berjano que la causa pasara a lo Mercantil, en una maniobra dilatoria que el magistrado rechazó poco después. De este modo, el proceso sigue abierto y lo que es peor, sin visos de una pronta solución. La multinacional sueca seguirá litigando previsiblemente para evitar la abultada factura, hasta llegar de nuevo al Supremo. En paralelo, la vía penal para hallar los responsables del vertido se cerró en falso con 21 técnicos imputados que resultaron absueltos.

Denuncia por la adjudicación

La adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar a Minorbis-Grupo México va camino de convertirse en un culebrón. La empresa Emerita Resources España presentó este jueves una denuncia en los juzgados de Sevilla en la que señala que la resolución del concurso ha sido “irregular” y achaca a la Junta “una actitud arbitraria y patentemente prevaricadora”. La sociedad perdedora denuncia supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal y pide la paralización cautelar de la adjudicación. La Junta volvió a defender la legalidad del proceso.

Además de cuestionar la solvencia de Magtel (una de las empresas que integran la sociedad ganadora) o la creación de Minorbis fuera de plazo —desmentido por la Junta—, la denunciante recrea un episodio ocurrido el 11 de abril de 2014. Según la empresa perdedora, el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, acudió a la oficina de Emerita para “negociar la refundición de ambos proyectos”. Antes de marcharse, les advirtió de que Magtel “tenía la llave del concurso” y, como muestra, “alguien de la Consejería” de Economía se pondría en contacto con ellos en cinco minutos. Al rato, según la denuncia, recibieron la llamada del secretario de Industria, Vicente Fernández, preguntando por el encuentro. La Junta prefirió no valorar este relato al no tener constancia de la denuncia. Emerita pide que se tome declaración a los responsables legales de ambas empresas así como a los miembros de la mesa de contratación y a los técnicos.

La directora general de Industria, María José Asensio, defendió la transparencia del proceso de adjudicación. “Se optó por Minorbis por la calidad y credibilidad de su proyecto, su calidad técnica minera, la adaptación del proyecto de explotación al espacio protegido y al entorno”, aseguró Asensio.