La Junta aprueba iniciar el proceso civil contra Boliden para recuperar el coste del vertido tóxico

Los tribunales acordaron que el vertido tóxico no tiene responsables penales, pero la Consejería de Medio Ambiente considera que sí existen responsables económicos de los daños ecológicos generados por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, propiedad de Boliden Apirsa. Con esta premisa, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el inicio de acciones civiles contra la empresa minera para tratar de recuperar el dinero destinado a descontaminar y retirar los lodos tóxicos de la zona afectada. 'Tenemos que llegar hasta el final', defendió ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. Su departamento estudia también la reapertura del expediente administrativo contra Boliden, congelado cuando se abrió la vía penal.

El Gobierno andaluz destinó más de 152 millones de euros (25.000 millones de pesetas) a remediar la catástrofe ecológica provocada por el vertido de seis millones de metros cúbicos de aguas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. En esa partida se incluyen la descontaminación y retirada de lodos tóxicos y la expropiación de parcelas agrícolas afectadas para poner en marcha el corredor verde del Guadiamar. Sólo la compra de fincas representó un gasto de 66 millones de euros para la Consejería de Agricultura.

La Junta pretende resarcirse, en concepto de daños y perjuicios, de una parte del extraordinario desembolso económico que asumió tras el vertido tóxico con una demanda civil contra la empresa minera. 'Pretendemos hacer responsable a la empresa del gasto imprevisto que soportó la Junta', indicó ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves.

En su acuerdo de ayer, el Consejo de Gobierno subrayó que las inversiones públicas 'no se han visto correspondidas por la empresa Boliden Apirsa'. La empresa asumió una pequeña parte de los costes de limpieza, pero no se ha hecho cargo de la restauración ambiental de la mina, según el Ejecutivo autonómico.

Coves explicó que la reclamación sólo incluirá el importe de las tareas de descontaminación y retirada de lodos, aunque los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía todavía no han precisado la cuantía exacta que pedirán a la multinacional. La vía civil se inicia tras la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla de desestimar el recurso de apelación presentado por la Junta de Andalucía contra el archivo de las actuaciones acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

La resolución de la Audiencia, dictada el pasado 16 de noviembre, cerró definitivamente la vía penal y abrió un plazo de un año para que puedan emprenderse acciones civiles. No obstante, Fuensanta Coves cree que no se agotará ese tiempo y que la demanda podrá interponerse después del verano. En la Consejería de Medio Ambiente defienden que el coste provocado por el vertido tóxico recaiga sobre la empresa propietaria de la balsa, aunque no ocultan la complejidad del proceso judicial por la suspensión de pagos de Boliden Apirsa, la filial española de la multinacional sueca Boliden Limited que explotaba las minas de Aznalcóllar. La intención del Gobierno andaluz es demandar a la empresa matriz ante la imposibilidad de que su filial pueda hacer frente al pago, en el caso de que la Administración autonómica gane el pleito.

La titular de Medio Ambiente se mostró partidaria de 'llegar hasta el final' y llevar incluso la demanda a tribunales internacionales 'si es necesario'. Coves también señaló que su departamento está estudiando rescatar el expediente administrativo abierto tras el vertido tóxico, que se paralizó por la presentación de la denuncia penal contra la propietaria de las minas. Este procedimiento administrativo podría tramitarse en paralelo a las acciones civiles.

Plan de inundaciones

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer un plan autonómico de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos. El plan, elaborado por la Consejería de Obras Públicas y respaldado por el Consejo Andaluz del Agua, prevé una inversión de 1.235 millones de euros (205.000 millones de pesetas) para el periodo 2002-2015, que se destinará en su mayor parte a obras para proteger a centros urbanos del riesgo de inundaciones. El plan describe más de un millar de zonas de actuación, entre las que se dará prioridad a 116 puntos negros, situados fundamentalmente en el litoral oriental (Granada, Málaga y Almería), donde el régimen de precipitaciones y la orografía (grandes desniveles y suelo arcilloso) provocan grandes avenidas de manera ocasional.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, garantizó que las obras preferentes que corresponden a la Junta (65) se realizarán en menos de cuatro años. Sobre la inversión asignada al Gobierno central (un 55% del total del plan), Gutiérrez aseguró que su departamento se había limitado a consignar las actuaciones declaradas de interés general del Estado por el Gobierno en el Plan Hidrológico Nacional y en los planes de cuenca.