Boliden rechaza reembolsar el dinero al Gobierno regional por la retirada de lodos

La empresa Boliden-Apirsa, propietaria de las minas de Aznalcóllar, no está dispuesta a reembolsar a la Junta de Andalucía los 5.500 millones que ha costado la retirada de lodos tóxicos de las fincas agrícolas afectadas, como el jueves exigió el consejero de Agricultura, Paulino Plata, mientras no haya una sentencia que lo plantee. La firma sueco-canadiense se mantiene en su posición inicial de sacudirse responsabilidades en la rotura de la balsa de residuos y no adelantará un duro si no lo acuerda un juez.

Un portavoz de Boliden-Apirsa explicó ayer que la empresa rechazará la exigencia de la Junta de Andalucía, en caso de que se materialice el anuncio del consejero Paulino Plata, con el mismo argumento que han esgrimido desde el vertido. La firma no se considera responsable de la rotura de la balsa de las minas de Aznalcóllar, que ocasionó la riada, y, por tanto, no asumirá el coste de las tareas de reparación de daños, con la salvedad de que lo dicte un juez. Y sin contar los gastos que han asumido en la limpieza de unas 500 hectáreas y el pago de indemnizaciones por las cosechas perdidas. Debe ser una sentencia, alegan, la que dilucide responsabilidades e identifique culpable o culpables, que deberán pagar por el desastre ecológico. La postura de la empresa recibió ayer el espaldarazo del representante del Gobierno en la comisión de coordinación, Félix Pérez Miyares, quien, sin censurar a la Junta por sus exigencias económicas, planteó: "El Gobierno no tiene por qué hacer una cosa así. Hay personado un abogado del Estado en la causa y la evaluación tendrá que hacerla el juez". "A Boliden, o quien resultara responsable civil de los daños, habrá que reclamarle exactamente los daños", agregó. La Administración central, según Pérez Miyares, "lleva comprometidos más de 5.000 millones en gastos". La comisión de coordinación anunció ayer que el plan de emergencia, en el que se han retirado unos cinco millones de metros cúbicos de lodos, concluirá en ocho o diez días. Sobre la reapertura de la explotación minera, los representantes de la Junta y el Gobierno coincidieron en calificarlo como un deseo "de todos", pero dependerá del diagnóstico sobre las condiciones de la corta -la impermeabilidad debe estar garantizada- para impedir la intrusión de los acuíferos.