La justicia reinicia el ‘caso Boliden’ 15 años después de la catástrofe ecológica

Determinar el culpable de la rotura de la balsa en la mina de Aznalcóllar (Sevilla), una catástrofe medioambiental que supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno de Doñana, parece una tarea imposible. Esta semana se han cumplido 15 años del desastre ecológico, y la justicia fue incapaz de señalar culpables por la vía penal —este cauce se cerró con 21 técnicos imputados absueltos— pero tampoco ha resuelto aún la vía civil, en la que se dirime el abono de la abultada factura de la limpieza de residuos.

Porque el laberinto judicial ha regresado al inicio, al mismo juzgado que estudió en 2002 la petición de la Junta de Andalucía para que la empresa minera sueca Boliden pagara los 89 millones que costó la reparación de los graves daños ecológicos. El Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla instruirá el caso después de inhibirse al comienzo. Ha terminado por asumir la investigación después de que el Tribunal Supremo se lo ordenara hace un año. La lentitud de la justicia es patente en esta batalla, y el escenario abierto ahora augura al menos otros siete años hasta su resolución final, ya que es previsible que el caso vuelva al alto tribunal.

“El indeseable peregrinaje sufrido”. Así definió la Sala de Conflictos de Competencia del Supremo esta historia judicial antes de devolver el caso al juzgado sevillano. El pasado otoño la empresa matriz sueca recurrió ante el juez de primera instancia, Francisco Berjano, para que se inhibiera en favor del juzgado mercantil que instruía el concurso de acreedores de su filial española Boliden Apirsa SL. Ante esta maniobra judicial y tras pronunciarse en contra la fiscalía y la Junta, el juzgado ha desestimado la demanda de la firma minera. En un auto, el juzgado aclara que “el proceso se interpuso antes de que Boliden Apirsa, en liquidación, fuera declarada en concurso”.

La empresa sueca ha vuelto a recurrir la decisión judicial, esta vez ante el propio magistrado Berjano. Y este ha preguntado a los administradores concursales para que se pronuncien al respecto, así que en las próximas semanas este ratificará su asunción de competencia inicial. Es previsible que el magistrado asuma definitivamente el caso, dado que el auto contiene una extensa argumentación jurídica.

Y es que la paradoja es excepcional: la demanda de la Junta andaluza para el pago de la factura presentada en 2002 ni siquiera ha sido admitida a trámite, dado que hasta ahora no existía un juez competente. Es decir, ahora se abre la vía para que por fin el juez analice la causa y determine el justo pagador.

Mientras, dado que la Junta andaluza dirigió su demanda contra Boliden Apirsa y sus matrices sueca y holandesa, para así asegurarse que estas últimas paguen tras la liquidación de la filial española, el juez le ordenó que tradujera las ocho cajas de documentos del caso. La Junta se resiste de momento a traducir los 5.000 folios al inglés, una factura que estima en 234.000 euros y que pretende derivar a los tribunales.

En su última memoria anual, la compañía sueca indica que sus abogados en España no prevén “sufrir ningún daño económico como resultado del proceso legal, por lo que no ha hecho provisiones monetarias”.

El colmo del absurdo llegó después de que la empresa decidiera cerrar la mina tras el desastre. Mientras que la Junta iniciaba la petición del dinero empleado en la limpieza, la firma presentó un ERE para prejubilar a 275 extrabajadores que costó 58,6 millones. Dos terceras partes lo abonó la propia Junta gracias al fondo de los ERE.