La Fiscalía de Móstoles abre diligencias y Cifuentes insiste en que no dimitirá

La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en la Universidad Rey Juan Carlos en relación con el máster que cursó en 2012 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. A esta se le unirá, previsiblemente, la información de la propia universidad que, después de que la supuesta presidenta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la presidenta no haya reconocido el acta, ha decidido poner el caso en manos de la fiscalía.

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"No pienso dimitir", ha dicho Cristina Cifuentes tras conocer la decisión de la fiscalía. Según ha dicho, la apertura de diligencias penales "es una buena noticia". "He sido yo la primera que lo ha puesto en conocimiento de los tribunales". Cifuentes se siente además igual de apoyada por su partido que ayer. "Yo siempre he apoyado cualquier actuación que lleve a cabo la universidad para aclarar este asunto", ha asegurado. Cifuentes espera que se llegue hasta el final "y si ha habido errores, irregularidades o lo que sea, lo determine quien lo tenga que determinar".

En cuanto a la falsificación de la firma, ha manifestado que no corresponde a ningún alumno determinar qué personas conforman los tribunales, y que ella desconoce quién formaba parte del mismo. "Eso será algo que tendrán que determinar la justicia", ha dicho. Ha recordado que fueron ellos quienes hicieron llegar a los medios de comunicación un documento "donde aparecía el nombre de esa persona y la firma, supuestamente de esa persona, pero es un documento que nos remitió el rectorado de la universidad". El mismo día en el que el diario.es publicó la noticia, el equipo de comunicación de Cifuentes envió dicho acta. Cifuentes confía en que toda esta investigación llegue al final y en que "se asuman todas las responsabilidades por parte de todo el mundo".

En su denuncia, los colectivos de estudiantes señalaron como responsables a la funcionaria que habría modificado las notas, Amalia Calonge, a la propia presidenta regional, Cristina Cifuentes, al director del máster y a los miembros del Tribunal que calificaron el TFM. La denuncia fue presentada el pasado 22 de marzo por 13 asociaciones de estudiantes después de que eldiario.es publicase las primeras informaciones sobre la posible falsificación de las notas de Cifuentes.

El asunto, tras el estudio previo de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, ha sido remitido a la Fiscalía de área de Móstoles, la ciudad madrileña donde se encuentra el rectorado de la Universidad.

La Fiscalía investiga también una supuesta falsificación en el acta universitaria, castigada, según el artículo 390 del código penal, con pena de prisión de tres a seis años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. Todo se ha precipitado después de que este jueves por la mañana Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal que puntuó con un 7,5 a Cristina Cifuentes, haya declarado ante la instructora de la investigación en la universidad, Pilar Trinidad, que ella no reconoce el acta del tribunal de trabajo de fin de máster (TFM) de la presidenta regional y que no la evaluó. Tras su declaración, la universidad trasladó el caso al ministerio público.