Así se revierte una privatización sanitaria

El 1 de abril termina el mayor y más duradero experimento de gestión privada de la sanidad pública puesto en marcha en España. El modelo Alzira, que empezó a funcionar en esta población valenciana en 1999 y hoy ofrece atención a 250.000 personas a través de un hospital, 14 centros de salud y 31 consultorios en 35 municipios, será revertido. Las instalaciones y la plantilla, formada por 1.660 profesionales, pasarán a estar bajo control directo del Gobierno valenciano.

El modelo Alzira, que solo se ha utilizado en departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, consiste en que una empresa construye y gestiona las instalaciones sanitarias y contrata a sus profesionales, que no son empleados públicos, a cambio de un canon anual pagado por la Generalitat, mientras que los ciudadanos reciben atención de forma gratuita. La concesión actual del departamento de Salud de Alzira se firmó en 2003 por un plazo de 15 años. El contrato contemplaba que a partir de ese momento podía prorrogarse por periodos de cinco años si ambas partes estaban de acuerdo, pero el Ejecutivo autonómico optó por no hacerlo.

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La compañía operadora, Ribera Salud, y la Generalitat mantienen desde hace meses una dura pugna pública y en los tribunales, que de momento han rechazado paralizar el proceso. Ninguna parte tiene interés en resaltar las consecuencias que ello puede tener para la transición, pero fuentes del hospital advierten de los riesgos. “Esto es como una locomotora que tiene que cambiar al maquinista sin parar. Hacerlo sin diálogo es muy complicado”, afirma un jefe de servicio de Alzira.

La consejera de Sanidad Universal, la socialista Carmen Montón, califica el proceso de fin "de la mercantilización del derecho a la atención sanitaria, que dio entrada a criterios como el beneficio económico y sobredimensionó el ahorro de costes frente a criterios clínicos o asistenciales". El Ejecutivo valenciano también lo ve como el primer paso para suprimir un sistema que el PP extendió a otros cuatro departamentos y ahora cubre la asistencia de 905.000 ciudadanos. La siguiente concesión, la de Torrevieja, vencerá en 2021.

Para Ribera Salud, propiedad al 50% del Sabadell y la aseguradora norteamericana Centene, la decisión es un gran error que acaba con un modelo que ahorra un 25% de recursos. Y que al no estar basada en criterios técnicos "rompe las reglas básicas de la colaboración entre empresas y Administración porque lanza la idea de que no importa cómo se hagan las cosas", afirma Javier Palau, gerente del departamento de Salud de La Ribera.

La Generalitat inició la reversión hace un año con el envío a la empresa de las instrucciones para ejecutarla en los ámbitos de personal, proveedores e infraestructura informática. Los tres partidos que sostienen al Gobierno de Ximo Puig, socialistas, Compromís y Podemos, lo llevaban en sus programas electorales.

El proceso tiene el apoyo de cuatro de los cinco sindicatos con representación en la empresa, incluidos los más votados, CSI-F y Comisiones Obreras. “Ahora hacemos más horas que en la pública, tenemos una ratio menor de personal por paciente y como consecuencia una mayor carga asistencial”, resume Belén Doménech, presidenta del Comité de Empresa, de CC OO. Los empleados pasarán a serlo de la Generalitat bajo la categoría de “trabajadores laborales a extinguir”. Una fórmula que a pesar de su nombre les garantiza el empleo y sus condiciones actuales hasta la jubilación.

Según las preguntas realizadas por este periódico a una decena de pacientes a las puertas del hospital de Alzira, que se alza a las afueras, con vistas a los campos de naranjos de la comarca de La Ribera Alta, la población observa el cambio con tranquilidad. “Creemos que será para bien, porque los nuevos gestores no entrarán buscando hacer negocio. Luego habrá que ver. Hasta ahora no nos hemos podido quejar”, afirman Oreto Chover, de 71 años, y su marido, Francisco Arnandis, de 75, vecinos de L’Alcúdia.

Ni empresa ni Generalitat subrayan los efectos negativos que su choque puede tener para la atención sanitaria, aunque la consejería mantiene que lo más complicado del proceso está siendo “la falta de colaboración de la adjudicataria”. La presidenta del comité de empresa destaca que Ribera Salud ha recurrido a la justicia cada paso de la Administración, “lo que ha retrasado la entrega de documentación”.

Más grave es la versión que ofrece un jefe de servicio de Alzira, partidario del modelo de gestión privado al considerarlo “mucho más eficiente” que el público, que habla a condición de que no se publique su nombre. “La empresa está poniendo palos en las ruedas en el proceso desde el principio. El objetivo es dejar el hospital, que funcionaba como un reloj, en las peores condiciones posibles”. El médico señala que el retraso en proporcionar datos ha hecho que él mismo haya tenido que entregar a la Administración documentos tan elementales como los que acreditan que cuenta con una especialidad sanitaria.

Ribera Salud niega, por su parte, falta de colaboración. “Hemos cumplido escrupulosamente con las normas de reversión y podemos demostrarlo, ya que hemos entregado toda la información requerida”, asegura el gerente del departamento de La Ribera.