Víctimas de abusos sexuales instan al fiscal a investigar si los Jesuitas encubrieron lo ocurrido

Exalumnos de los colegios de los Jesuitas de Casp y Sarrià y víctimas de abusos por parte de miembros de la Compañía de Jesús (CJ) han pedido este jueves a la Físcalía que, igual que está haciendo su institución homóloga en Bolivia, investigue si la orden pudo haber encubierto casos de pederastia. En una carta abierta titulada Cielo en otra vida, infierno en esta, avanzada este jueves por El Periódico, emplazan a la Fiscalía a investigar si hay más casos de los denunciados y a que investigue si los jesuitas han podido cometer un delito de encubrimiento. EL PAÍS, en el marco de su investigación de la pederastia en la Iglesia española iniciada en 2018, ha recogido los últimos años testimonios de víctimas de abusos de los Jesuitas de Casp.

Los Jesuitas de Cataluña reconocieron el pasado mes de julio que tenían contabilizados un total de 145 denuncias por abusos sexuales a menores desde el año 1948, aunque en la mayoría de casos sostenían que no había recorrido penal por prescripción del delito o la muerte del agresor.

La orden presentó un informe sobre violencia sexual dentro de su propia institución, con la colaboración del bufete de abogados Roca Junyent, donde el delegado y portavoz de la Compañía en Cataluña, Pau Vidal, hizo público el nombre de 14 agresores sexuales.

La carta, que no se trata de un escrito formal ante el Ministerio público, se ha hecho pública un día después de conocerse que el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona investiga por primera vez al religioso Francesc Peris, en un caso que, a diferencia de otros, podría no estar prescrito. Este diario explicó que existían acusaciones contra Peris en el año (1982) en que fue trasladado a Bolivia; las acusaciones, sin embargo, se remontaban ya a la década de los 70 y continuaron posteriormente, cuando regresó a la escuela de la calle de Casp de Barcelona. Su caso fue incluido en el primer informe sobre abusos que EL PAÍS entregó al Vaticano y a la Conferencia Episcopal.

“Dados los datos conocidos, y reconocidos por la Compañía de Jesús, no hay justificación para que no actúe, empezando por exigir, y si se niegan, requisar, toda la documentación relevante de una organización que conocía, no denunció, y, pudiendo, no evitó, gravísimos delitos de pederastia durante décadas”, recoge la carta. Además, los impulsores de la misiva critican que la Compañía no reconociera en julio “la reincidencia en la mayoría de los denunciados”.

“Los culpables directos son los agresores, pero sin la protección y encubrimiento de compañeros y superiores, con traslados donde continuaron sus agresiones pederastas, este horror nunca hubiese durado medio siglo”, han manifestado. Los firmantes de la carta subrayan que los principales responsables de estos hechos son “los superiores de la orden”, que no hicieron nada para evitarlos, y lamentan: “Mientras prometían el cielo en la otra vida, creaban un infierno en esta”.

Además, subrayan que “la fiscalía de Bolivia ha imputado a los últimos tres responsables de la Compañía de Jesús (CJ) en su país por encubrimiento, aunque muchas agresiones también están prescritas”. “Hay evidencia suficiente para que nuestra fiscalía actúe, si no respecto de los casos prescritos, sí al menos para investigar si hay más casos que los denunciados y si alguno de ellos todavía no ha prescrito”, han manifestado.

Comisión del Parlament sobre la pederastia

La misiva también insta al Parlament a reactivar de forma urgente la comisión creada en la anterior legislatura “y que se cerró por convocatoria electoral sin concluir sus trabajos, incluyendo sólo dos víctimas entre las más de ochenta comparecencias propuestas”. Además, el documento pide a la Cámara catalana que retire la medalla de oro otorgada a la Abadía de Montserrat, “donde se ha demostrado que hubo agresiones y encubrimiento institucional”.

La carta también insta al Gobierno y a las Cortes a implementar las recomendaciones del Defensor del Pueblo y activar de una vez el mecanismo de protección y reparación a las víctimas, y a aprobar urgentemente la propuesta de ley para declarar estos delitos imprescriptibles, ya aceptada a trámite en el Congreso. “Las actuales víctimas no podemos ampararnos en ella, pero es esencial para evitar víctimas futuras”, ha manifestado.