Los jesuitas de Cataluña admiten 41 acusados de pederastia desde los años cuarenta: “La cultura del silencio fue la dominante”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los jesuitas de Cataluña, tras más de un año negándose a informar de los casos de pederastia que conocen, se han sentado este jueves ante los medios en Barcelona para informar sobre los resultados de su primer informe ante el escándalo, limitado a los casos en esta comunidad autónoma: 41 agresores (27 jesuitas y 14 laicos) abusaron de 137 niños desde los años cuarenta en centros de la orden en Cataluña. De estos acusados, solo 14 son casos no conocidos hasta ahora, al igual que 56 nuevas víctimas, según la base de datos de EL PAÍS, la única que registra todos los casos que han visto la luz en España.

Seis de los casos no están prescritos y la congregación los ha trasladado a la Fiscalía, aunque no ha aportado más detalles sobre ellos. A estos casos de abusos contra menores se suman tres acusados de agredir sexualmente a ocho adultos. En cuanto al sexo de los afectados, 64 son hombres y 76 mujeres, en los cinco casos restantes la orden no lo ha logrado identificar. “Reconocemos que la institución falló y no supo proteger a las víctimas. La cultura del silencio fue la dominante y se puso delante la necesidad de protección de la institución. Pedimos disculpas y asumimos la responsabilidad moral”, ha dicho el delegado de la congregación en Cataluña, Pau Vidal.

No obstante, la Compañía sigue alimentando el silencio y la opacidad. Se ha negado a publicar el informe completo y solo ha entregado a los medios un dosier de 13 páginas. Además, niega que la orden encubriera los delitos: “La investigación no puede concluir que jurídicamente hubiera encubrimiento por parte de la Compañía”. Solo admite que hubo “una clara omisión del derecho de ayudar a las víctimas”. “En este sentido, la Compañía se compromete a llevar a cabo procesos internos de asunción de responsabilidades con las personas que no actuaron con diligencia por denunciar estos hechos tan graves”, señala en un comunicado, aunque no ha dado ninguna información de en qué casos ha detectado estas negligencias, quiénes son los responsables y qué medidas tomará.

Del mismo modo, la orden solo ha dado a conocer los nombres de 14 de los acusados y que de todas formas ya eran públicos, y sigue ocultando el de los otros 27, al igual que el lugar y las fechas de los abusos. Sobre el criterio seguido para dar unos nombres y otros no, la orden explicó en rueda de prensa que ha desvelado la identidad de los casos en que hay un proceso judicial o canónico o en los que hay sospechas de que puede haber más víctimas, aunque en realidad en todos puede haberlas. La Compañía ha intentado justificar también que de este modo pone en el centro “a la víctima”. Entre los pederastas cuya identidad se ha dado a conocer, y que solo entre ellos acumulan 102 víctimas, los mayores depredadores son Lluís To (25 denuncias), Francesc Peris (22) y Emilio Benedetti (14). Son todos casos destapados e investigados por EL PAÍS.

Al inicio de la rueda de prensa, la orden ha impedido entrar al acto a un grupo de víctimas, con el argumento de que era solo para periodistas. Este colectivo ha entregado octavillas en la puerta, ha criticado que la Compañía haya elaborado un informe sin contar con ellas ―si bien han entrevistado a 25 para el trabajo― y la acusan de pedir perdón de cara a la galería.

Los nuevos datos aportados por los jesuitas son el resultado de la auditoría que encargó hace un año al bufete RocaJunyent, a raíz de la publicación de varios reportajes de EL PAÍS que destapaban cómo la congregación envió a Bolivia a varios religiosos acusados de abusos en Cataluña en los años ochenta y noventa. El escándalo desencadenó una ola de nuevas denuncias, principalmente en los colegios de Casp y Sant Ignasi de Barcelona, a través de EL PAÍS y otros medios, y la orden decidió salir al paso con este informe interno. La auditoría constata, de hecho, que la mayoría de los casos de abusos tuvieron lugar en los colegios de Sant Ignasi (60), el de Casp (con 58) y el de Clot (con 15). El resto corresponde a víctimas de las otras cuatro escuelas de la Compañía en Cataluña o que sufrieron los abusos fuera de las aulas.

La orden ya presentó en 2021 un informe sobre los casos en toda España, que admitió 96 acusados. A la pregunta de cuántos de los casos que aporta ahora la congregación aparecían ya en su primer informe general, Vidal ha precisado que 20, aunque no ha matizado si todos ellos son agresores de menores o también de adultos. En los últimos cuatro años, este periódico ha entregado a la congregación decenas de acusaciones contra 15 de sus religiosos en la provincia de Barcelona. También incorporó los datos de otros tantos cuyos casos fueron públicos por sentencias u otros medios. Son 27 en total. Al final del texto se puede consultar la tabla con las iniciales de los acusados, las fechas y los lugares concretos.

La orden detalló que de los 14 agresores cuya identidad ha revelado, hay seis que están vivos. No afrontarán un proceso judicial, por prescripción del delito, y los jesuitas han explicado que se someterán a una investigación canónica —a la que está obligada por las nuevas normas del Papa— que puede acabar con penas “de restricción o privación de movimientos” y la obligación de recibir tratamiento psicológico. La Compañía les retirará todos los reconocimientos u honores que hayan recibido.

En su investigación, el despacho no ha accedido a los archivos de la orden, por lo que ninguna institución independiente ha revisado toda la información documental: investigaciones canónicas, comunicaciones internas de la orden, certificados de los traslados de religiosos pederastas a otros países, posibles cartas de víctimas... La propia Compañía ha sido la que le ha entregado al bufete las denuncias recibidas, documentación e informes internos, documentación de los casos denunciados judicialmente y en los tribunales canónicos. El informe señala expresamente como una de las fuentes de información las noticias de EL PAÍS y los cinco informes con recopilación de testimonios que ha enviado este diario desde el inicio de su investigación de la pederastia en la Iglesia católica española en 2018. En total, el bufete ha analizado 49 expedientes.

El documento recoge un listado de compromisos por parte de los jesuitas. Entre ellos, trasladar a la Fiscalía aquellos casos que le lleguen a sus oficinas a partir de ahora, aunque estén prescritos. Otro de los compromisos es revisar el sistema de indemnizaciones “para que el proceso sea más ágil” y se puedan incorporar más personas, un proceso que llevará a cabo la Asociación Betania. No han dado más detalles sobre cómo serán los nuevos procesos.

Sobre este asunto, la Compañía de Jesús ha sido criticada por muchas de las víctimas que han acudido a sus puertas pidiendo justicia. Los jesuitas fueron de las primeras órdenes que emplearon los baremos que se utilizan en accidentes de tráfico para pagar indemnizaciones y establecieron una especie de tarifas, según reveló EL PAÍS: hasta 5.000 euros si la gravedad del abuso fue leve; 10.000 si fue media y hasta 15.000 si fue alta. También es habitual que las víctimas se vean forzadas a firmar cláusulas de confidencialidad, algo prohibido por el Papa, antes de recibir la reparación. Una condición que en la actualidad sigue imponiendo la Compañía, según siguen denunciando los afectados.

En la presentación del informe han participado miembros del bufete, como su presidente ejecutivo, Joan Roca, que ha descartado que los jesuitas hayan encubierto sistemáticamente los casos de abusos, a pesar de las pruebas publicadas por este diario. “El encubrimiento requiere de mucha más voluntad de no compartir información, pero aquí se han detectado compartimentos estancos y una jerarquía que no permitía que la información saliera”, ha detallado el abogado.

Por su parte, la también abogada del bufete Irma Rognoni ha reprochado que uno de los graves problemas que han perpetuado los abusos ha sido la “cadena de silencios”, que se ha producido en varios niveles: empezando por las víctimas y sus compañeros de clase, las familias (por vergüenza), los otros profesores y educadores; y por la jerarquía de los jesuitas. “Así, las victimas ven que se ha puesto en el centro a la institución y no a ellas, y ello hace que el miedo se convierta en rabia”, ha rematado la también mediadora. Pilar Polo, de la Fundación Vicki Bernadet, que desde 2012 asesora a la Compañía en los protocolos de prevención de abusos, ha recordado que en su momento pidió el compromiso de la institución para cumplir los protocolos y hacer públicos los casos.

Ni una mención a sus casos en Bolivia

Los jesuitas han dejado muchos interrogantes sin resolver. Uno de ellos es el número de casos que afecta a Bolivia, debido al traslado de agresores de Cataluña en el momento en que se conocía alguna denuncia. Vidal ha asegurado que, a pesar de que los pederastas son catalanes, solo se han querido centrar en las víctimas de esta comunidad. En este sentido, Joan Roca ha puesto en cuestión esta práctica y ha asegurado que “el traslado inmediato no es la mejor solución” porque si se envía al agresor a otro sitio, se continúan perpetuando los abusos. La orden tampoco ha querido cifrar los jesuitas trasladados a Bolivia, y se ha limitado a responder que son dos, justamente los casos publicados por EL PAÍS.

Uno de ellos, el del sacerdote Francesc Peris, desencadenó una ola de denuncias de nuevas víctimas, tanto en Bolivia como en Barcelona, cuando este diario lo publicó hace un año. Hasta ese momento, la orden había subrayado en repetidas ocasiones que nunca tuvo conocimiento de nada. Pero acabó admitiendo que recibió quejas contra Peris hasta 2005, año en el que lo apartó a una residencia. No obstante, no abrió ninguna investigación. Tampoco lo hizo en 2021, cuando este periódico le comunicó que había acusaciones contra él. En la actualidad, Peris vive en una comunidad de la congregación fuera de Cataluña.

No es el único caso reciente en la que la Compañía de Jesús en Cataluña miente sobre la gestión de sus casos. Hace un mes, este periódico publicó unas cartas que demostraban que otro jesuita, Luis Tó, condenado por la Audiencia de Barcelona en 1992 por abusar de una menor y enviado a Bolivia para evitar la opinión pública, estuvo en contacto con menores durante toda su vida en el país latinoamericano. Lo supo la orden en Bolivia, en España y en Roma, pero no hizo nada. En 2018, cuando EL PAÍS destapó el traslado de este pederasta a la capital boliviana, los jesuitas catalanes negaron que Tó, fallecido en 2017, hubiera tenido luego contacto con menores. En ese momento, a raíz de las preguntas de este diario, hubo un intercambio de correos electrónicos entre la congregación en Bolivia y la catalana para coordinar una respuesta conjunta. Los jesuitas de Barcelona transmitieron a su oficina de Bolivia, por ejemplo, una pregunta: “Según tenemos el dato, en 1992 su primer destino fue vicario parroquial, ¿había ahí contacto con menores?”. Respuesta interna: “Probablemente allí pudo haber contacto con menores”. Pero los jesuitas en España lo negaron en sus respuestas a este periódico.