Los jesuitas de Cataluña se encomiendan al bufete RocaJunyent para investigar los casos de pederastia en sus colegios

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Compañía de Jesús de Cataluña se ha encomendado al bufete de abogados RocaJunyent para que le ayude a investigar los casos de abusos sexuales que se están destapando en sus colegios de Barcelona, con un total de 24 jesuitas y laicos acusados, según la contabilidad de EL PAÍS, mientras la propia orden se sigue negando a informar de cuántos casos conoce. Es el despacho del conocido abogado Miquel Roca Junyent, expolítico nacionalista y uno de los siete ponentes de la Constitución, que se encargó, por ejemplo, de la defensa de la Infanta Cristina en el juicio del caso Nóos. La congregación no ha dado plazos para la investigación ni ha aclarado si dará libre acceso a sus archivos, solo que colaborará con los abogados aportando la información que precisen.

Asimismo, los jesuitas han pedido la colaboración de una asociación especialista en mediación y restauración a las víctimas para que haga de puente entre los posibles nuevos casos y la orden. La Compañía de Jesús arrastra ya la cifra de 143 religiosos españoles acusados de abusos y al menos 326 víctimas, según los datos de este diario, pero solo contando las que han revelado las investigaciones periodísticas, porque hace dos años, la orden solo admitía 81 menores agredidos. Es la entidad con mayor número de casos de la Iglesia católica española.

EL PAÍS inició en 2018 una investigación sobre la pederastia en la Iglesia católica española y rápidamente empezaron a aflorar los casos en escuelas de los jesuitas. Eso llevó a la congregación a hacer una primera investigación interna, presentada en enero de 2021, pero que cerró en falso la cuestión. El escándalo ha vuelto a resurgir a raíz de los casos destapados por este periódico en Bolivia, por el impactante caso de Alfonso Pedrajas, un jesuita que llevó un diario de sus abusos durante décadas. Luego, un total de ocho jesuitas españoles, la mayoría catalanes, han sido acusados de abusos. Al menos dos de ellos pasaron por colegios de Barcelona, Luis Tó y Francesc Peris, y ha sido este último caso el que ha desencadenado una nueva eclosión de denuncias. Al menos 15 antiguos alumnos y alumnas le han acusado, según los testimonios recabados por EL PAÍS. La orden también se niega a aclarar cuántas denuncias ha recibido.

Ante el aluvión de casos sobre la escuela Jesuitas de Casp, que ha sido objeto de atención en los medios durante las últimas semanas, la Compañía ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para anunciar las acciones emprendidas para hacer frente a estos casos. En una declaración leída, Enric Puiggròs, delegado de la Compañía de Jesús de Cataluña, ha asegurado que mantienen una investigación interna desde 2018, “pero la aparición de nuevas denuncias y casos demuestran que los pasos hechos no son suficientes” y que necesitan “ayuda de instituciones externas”.

En este sentido, ha anunciado la contratación del bufete RocaJunyent. La orden asegura que “pasará al bufete toda la información que tiene sobre los casos del pasado y la gestión que se ha hecho para clarificar las responsabilidades que se deriven y que la Compañía asumirá”, sin concretar el tipo de responsabilidades. También se contará con la ayuda de la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha (AMEE) para hacer de puente entre la orden y las víctimas, pero también para actuar de punto de denuncia de nuevos casos. “Es lógico que a las víctimas les resulte difícil ponerse en contacto con la institución donde han sufrido los abusos”, ha admitido Puiggròs.

Con todo, la orden ha descartado la posibilidad de encargar una auditoría externa, porque los casos denunciados se produjeron en un momento donde no había protocolos, afirma, “y no se puede contrastar porque muchos de ellos [abusadores] ya están muertos o incapacitados mentalmente”, ha terciado Puiggròs. También descarta llevar los casos a la justicia, porque muchos han prescrito, ni presentarse como acusación en las causas.

Sobre los detalles concretos, los jesuitas han descartado dar cifras de acusados y víctimas en Cataluña. Este diario tiene contabilizados 24 entre las escuelas de Casp, Kotska y Sarrià, además de la Escuela Técnica Profesional del Clot de Barcelona (ETP-Clot) y Parroquia de Bellvitge. En Casp, las denuncias se centran en Francesc Roma y Francesc Peris, que “han sido apartados de la vida apostólica”, según la orden. Eso sí, Puiggròs ha admitido que Roma hasta hace solo tres semanas seguía dando misa en la iglesia del Sagrat Cor, pero que por la repercusión de las informaciones publicadas fue retirado. En realidad, la Compañía conocía el caso ya desde junio de 2022, pues estaba incluido en el segundo informe de abusos de EL PAÍS, entregado en el Vaticano y en la Conferencia Episcopal (CEE).

También ha dado explicaciones del caso del profesor laico Jordi Alonso, después de que los jesuitas se hayan negado a aclararlo estas semanas. Era docente de primaria de Casp a principios de 2000, luego dejó el colegio y ahora está en la cárcel, condenado a 30 años de prisión en 2016, por abusos sobre seis niñas en un colegio de la zona del Montseny entre 2011 y 2013. Los jesuitas no respondían si su marcha “repentina” del colegio, según el testimonio de un exalumno, fue a raíz de alguna acusación y si recibieron alguna en aquel momento. Hoy han asegurado que no constan denuncias contra él en Casp y que se marchó del colegio “con todos los honores”.

Los jesuitas también han admitido que “fue un error” enviar a Lluís To a Bolivia. Este profesor fue condenado a dos años de cárcel en 1992 por abusar de una niña de ocho años, pero la escuela tapó el caso y lo envió a Bolivia, donde dio clases de ética sexual de novicios y siguió en contacto con menores. También allí fue denunciado por abusos. “No enviamos pederastas allí”, ha aseverado Puiggròs este miércoles. Sobre Francesc Peris, asegura que fue enviado a este país por “una experiencia misional”, pero que todavía se está investigando su caso.

En Bolivia, el foco de los casos de pederastia se centra en el colegio Juan XXIII de Cochabamba, donde varias víctimas y testigos han denunciado el abuso sexual sistemático a niños por al menos cinco jesuitas (cuatro españoles) en esta escuela desde los años setenta a los noventa. Pero sumando otros casos que han salido a la luz en el país latinoamericano, el número de acusados se eleva a nueve, de los cuales siete son españoles.

Casos del pasado

Insistiendo en varias ocasiones en que se trata de “casos del pasado”, Puiggròs ha defendido de que la orden cuenta actualmente con los protocolos de la Generalitat, además de acciones de formación y prevención que están realizando alumnos y profesores para evitar que se produzcan nuevos casos en sus centros educativos.

La institución ha admitido que los últimos casos revelados sobre centros de Barcelona han causado un fuerte impacto en profesores y alumnos del colegio de Casp. De hecho, hace dos semanas más de 200 alumnos de esta escuela hicieron pública una carta pidiendo transparencia a la institución y criticando la gestión que se ha hecho de los casos. Este miércoles, los jesuitas han vuelto a pedir perdón. “Lamentamos de verdad que pasen este tipo de cosas en una institución donde los niños tendrían que estar protegidos. Pedimos perdón por el daño causado”, ha declarado Puiggròs.

Hasta ahora, la Compañía de Jesús solo había comparecido públicamente una vez para dar explicaciones del escándalo que salpica la orden, la misma que ostenta el Papa. Fue en 2021 en Madrid, y entonces reconoció 81 menores y 37 adultos han sufrido abusos sexuales a manos de 96 miembros de su orden desde 1927, según la investigación interna de la institución. Pero, entonces, no dio más detalles de los abusadores. “Hemos querido encontrar un equilibrio entre evitar una caza de brujas y enviar el mensaje de que las posibles víctimas se fíen de la voluntad de buscar la verdad de la Compañía”, justificaron.

Por su parte, la Defensora del Pueblo en Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha anunciado este martes que ha abierto una investigación de oficio. La síndica ha pedido información a la congregación y al Consorcio de Educación de Barcelona sobre las acciones llevadas a cabo para esclarecer los hechos, así como “escuchar los afectados y saber si hay más casos”. La institución también asegura que se ha puesto en contacto con los exalumnos para ofrecerles ayuda.