El Tribunal Superior valenciano rechaza paralizar la reversión del hospital de Alzira

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado este jueves paralizar la reversión del hospital de Alzira y del resto del departamento de Salud de la Ribera como solicitaba la empresa concesionaria. Los jueces no creen que vayan a producirse "perjuicios de imposible o difícil reparación" ni para la contratista ni para el interés general si la Generalitat sigue adelante con su plan.

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La reintegración en la red pública se producirá el 1 de abril de 2018, salvo que los jueces digan antes lo contrario al resolver el fondo del asunto. Ribera Salud había pedido que el procedimiento quedase suspendido de forma temporal, cosa que los magistrados deniegan.

La compañía que gestiona desde hace 18 años el hospital alegaba, entre otros argumentos, que la reversión va contra el interés público por el "quebranto económico" que implicaría para la Generalitat, así como por suponer un riesgo para la atención sanitaria.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala Contencioso-administrativa, en línea con lo manifestado por la Generalitat, destacan que el Gobierno autonómico "ya ha establecido un plan de trabajo" para recuperar la gestión directa en el marco del cual "ha incurrido ya en un considerable gasto público".

El auto judicial señala que tampoco se ha acreditado la pérdida de puestos de trabajo —hasta 1.800, según apuntaba Ribera Salud—, "ni se acredita el desmantelamiento de la estructura organizativa" del departamento sanitario, perjuicios para los proveedores ni para los estudiantes que realizan ahora prácticas en los centros sanitarios del departamento.

La Generalitat había asegurado en su respuesta a la solicitud de la medida cautelar que después de la reversión "la asistencia seguirá siendo atendida por el mismo personal" y "los servicios sanitarios seguirán siendo dispensados en los mismos edificios e instalaciones", de forma que el caos organizativo no se producirá.

La Abogacía de la Generalitat alegó en su oposición a la paralización del proceso que el contrato firmado en su día con Ribera Salud se acordó por 15 años con una posibilidad de prórroga de cinco más que requería de un acuerdo de ambas partes que no se ha producido. Y que si finalmente la justicia acaba dándole la razón a la compañía, "bastaría con abonar a la contratista las cantidades, en su caso, dejadas de percibir".

Reversión ordenada

Ribera Salud ha señalado en un comunicado que está "analizando el auto" que, ha recordado, no es firme (cabe recurso de reposición ante la misma sala). Y ha manifestado su voluntad de "convencer al tribunal con argumentos y seguir defendiendo el modelo de colaboración público privada".

La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública ha expresado su satisfacción por la decisión judicial que le permite "seguir trabajando en la reversión de forma planificada y ordenada como se lleva haciendo" desde el principio de la legislatura, según fuentes del departamento que dirige Carmen Montón citadas por Europa Press.