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El Gobierno confía en que ERC postule a otro candidato

El Ejecutivo espera que el presidente del Parlament tome esta decisión pese a las presiones del entorno de Puigdemont y de la calle

Rajoy recibe a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. VÍDEO: ATLAS

Nadie duda ahora en el Gobierno de que la presentación del recurso al Tribunal Constitucional contra la investidura de Carles Puigdemont fue un acierto. Se ha ganado tiempo para que los partidos independentistas calibren las consecuencias penales de mantener la defensa del expresidente. El Ejecutivo confía en que el presidente del Parlament, Roger Torrent, proponga a otro candidato a pesar de las presiones que va a recibir del entorno de Puigdemont y de la calle. Esta es la petición que también le hace el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Al Gobierno, según las fuentes consultadas, le ha merecido la pena forzar al máximo la máquina del Estado para evitar que el Parlament votara ayer la investidura de Puigdemont. No obstante, fuentes gubernamentales reconocen que el desafío no se ha resuelto y no dudan de que el expresidente huido tratará de condicionar a su partido y a ERC para que mantengan la defensa de su candidatura. Pero la esperanza está en que el enfrentamiento que ayer afloró se mantenga y se traduzca en la propuesta de un nuevo candidato sin cuentas con la justicia, señalan estos interlocutores.

La expectación era máxima y el Gobierno se preparaba este martes para asistir a una jornada política de alto riesgo. Los minutos que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, se retrasó en comparecer respecto a la hora prevista se hicieron eternos. "El pleno queda aplazado pero no desconvocado".

Este anuncio de Torrent fue acogido con alivio por el Ejecutivo a pesar del envoltorio de rechazo y enfrentamiento con el Gobierno central, así como de defensa de Puigdemont. Pero lo cierto, insisten en el Gobierno, es que no hubo pleno ni votación.

El aplazamiento de ese pleno se interpreta en el Ejecutivo como una muestra de respeto a la legalidad, señalaron esas fuentes o, al menos, su acatamiento en la práctica. Se abre ahora un plazo de 10 días, como previó el Tribunal Constitucional, para resolver las alegaciones. Esta posibilidad estaba entre las previsiones del Gobierno, aunque sin certeza alguna.

Todo es consecuencia del recurso ante el Tribunal Constitucional y de las medidas cautelares que este adoptó. "Se ha evitado que se hubiera producido una burla a la democracia", señalaron fuentes gubernamentales.

Acierto en el recurso

Minutos antes de que Roger Torrent anunciara el aplazamiento de la investidura, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista en TVE, advertía de las responsabilidades en las que incurriría en caso de que siguiera adelante con el pleno. Los hechos de ayer reafirman al Gobierno en que a pesar de las dudas y el varapalo del Consejo de Estado estuvieron acertados en recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Aunque los constitucionalistas no se han caracterizado durante la campaña para las elecciones catalanas y tras el resultado de las mismas por la unidad de acción, sí coinciden en la crítica a los independentistas.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cree que el aplazamiento del pleno en el Parlament es "desafortunado". La estrategia de los independentistas, según Sánchez, está consistiendo en anteponer los "intereses personales de un catalán prófugo", en referencia a Puigdemont, al beneficio del "conjunto de los catalanes".

La mejor solución para el líder socialista hubiera sido la presentación de "un candidato posible, viable" y exigió a los independentistas que "se emancipen del señor Puigdemont y no continúen la deriva de pensar solo en el 47% de la población catalana".

Sánchez definió así lo que para él es un candidato "viable": "Alguien que no sea inconstitucional en una legislatura en Cataluña que debe ser constitucional". Para el PSOE hay que "pasar la página negra del señor Puigdemont y abrir un horizonte nuevo" en Cataluña.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que ha terminado "la burla a la ley". Y sentenció: "El presidente no va a ser un golpista ni en el Parlament vamos a ver una sesión esperpéntica". Incumplir la ley, "tiene consecuencias penales", recordó, informa J. J. Gálvez.

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