El Gobierno frena el intento de Cataluña de cerrar las nucleares en diez años

La vida sigue fuera del conflicto independista. También, los recursos que el Gobierno central presenta ante el Tribunal Constitucional contra leyes autonómicas que considera que invaden sus competencias en materia energética. Mientras en el Congreso de los Diputados se debate la futura ley de cambio climático, el Parlamento de Cataluña aprobó la suya en julio con un amplio respaldo (todos los grupos votaron a favor, salvo el PP, que se abstuvo).

Pero el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la norma catalana. Entre ellos, el 19. En ese apartado, además de establecer los objetivos de recortes de emisiones y de implantación de renovables para Cataluña, se fijaba la obligación de "establecer un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares" de la comunidad. Es decir, la clausura de los tres reactores que hay en Cataluña (repartidos en la central de Ascó y Vandellòs II) en un plazo de diez años.

La presentación de un recurso ante el Constitucional por parte del Gobierno implica, cuando el tribunal lo admite, la suspensión automática de la norma autonómica impugnada durante al menos cinco meses. Con lo que, de facto, el Ejecutivo paraliza la ley que implicaba ese cierre nuclear hasta que haya una sentencia del Constitucional, que en varios fallos ha defendido ya que la planificación energética es una competencia estatal.

El Gobierno ha asegurado este viernes que todos los artículos que ha recurrido "invaden" las competencias estatales en "materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica", del "régimen minero y energético" y de la legislación "básica sobre protección del medio ambiente". 

El Gobierno del PP no ha ocultado sus intenciones de permitir que las centrales nucleares funcionen más allá de los 40 años para las que en principio fueron diseñadas. El reactor de Vandellòs II cumplirá los 40 años en 2028. El primero de los reactores de Ascó lo hará en 2024 y el segundo en 2026. Por lo tanto, la ley catalana de cambio climático suponía cerrar la puerta a los planes del Gobierno del PP de permitir que las centrales superen las cuatro décadas. 

El plan Junqueras

El 15 de octubre el departamento del entonces todavía vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras presentó La situació de l’economia en un Estat català, un documento en el que desgranaba los motivos por los que una Cataluña independiente sería viable. Pese a que la ley de cambio climático catalana ya fijaba una fecha para el cierre nuclear, el documento era un tanto ambiguo, al dejar la puerta abierta a que siguieran operando más allá de 2027. "Las tres centrales nucleares de Cataluña se están acercando al final de su vida útil. En los próximos años se habrá de decidir sobre su cierre o sobre la ampliación de su vida útil", señala ese informe. 

En ese mismo documento también se resaltaba que la mitad del consumo eléctrico en Cataluña proviene de esos tres reactores, todos ubicados en la provincia de Tarragona.

El Gobierno central también ha recurrido los apartados de la ley de cambio climático catalana que hacían referencia a unos nuevos impuestos. En concreto, los tributos que gravan las emisiones de dióxido de carbono, entre ellas, las de los vehículos.