La energía nuclear entra en la ‘crisis de los 40’ antes de tiempo

El planeta rebasó el jueves la barrera de los 410. El observatorio de Mauna Loa, en Hawai, detectó que la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera en el hemisferio norte había superado las 410 partes por millón. Antes de la Revolución Industrial —y de que la humanidad empezara a quemar sistemáticamente combustibles fósiles para crecer— la concentración de CO₂ —el principal gas desencadenante del efecto invernadero— estaba en 278 partes por millón. También esta semana la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE UU alertó de que el pasado mes fue el segundo marzo más caluroso desde que hay registros fiables, que datan del siglo XIX.

Esto ya casi ni es noticia, porque el planeta lleva años encadenando récords de concentraciones de gases de efecto invernadero y de calentamiento, algo que la mayoría de científicos ligan. En un momento en el que su credibilidad estaba tocada por el accidente de Fukushima de 2011, la conciencia contra el cambio climático y la necesidad de luchar contra este fenómeno ha dado alas al sector nuclear, que se reivindica como una tecnología que no emite CO₂. Este sector intentó —sin éxito— que en el Acuerdo de París contra el cambio climático, de 2015, se mencionara a la nuclear como una tecnología que ayuda a luchar contra el calentamiento.

"Chernóbil convirtió a la socialdemocracia europea en antinuclear; Fukushima a Merkel", resume Francisco Castejón, experto en energía atómica de Ecologistas en Acción, sobre la decisión de Alemania de aplicar un calendario para el cierre de sus centrales, que culminará en 2022. La Comisión Europea, en este apartado, se muestra neutral y deja a cada país que recorra su camino. De hecho, otros, como Reino Unido, apuestan por esta energía y por construir nuevas centrales.

Aunque lo que ocupa el debate ahora —en la UE y en muchos países desarrollados— no es tanto la construcción de nuevas plantas, sino la ampliación de su vida más allá de los 40 años, para los que en un principio fueron diseñadas. Esa barrera de las cuatro décadas solo la han superado el 15% de los reactores del planeta que están en funcionamiento, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. España también está inmersa en esa discusión. Y en un tremendo pulso entre las eléctricas y el Gobierno.

España es uno de los 30 países del mundo que emplean la energía nuclear para producir electricidad. Siete de los 441 reactores que en 2016 estaban operativos en el planeta están aquí, repartidos en las cinco centrales existentes. Alrededor del 20% de la electricidad que se consume en el país proviene de la nuclear.

Las centrales españolas están ahora en la treintena, como ocurre con la mayoría de reactores del mundo (el 56%). Pero han entrado antes de tiempo en la crisis de los 40, porque los procesos para renovar las licencias duran varios años.

Uno de los actores principales del sector —Iberdrola— ha lanzado un pulso al Gobierno: si no se reduce la carga fiscal sobre las centrales no es rentable hacer las obras de mejora en estas instalaciones para que funcionen más allá de las cuatro décadas, lo que supondría el apagón nuclear a partir de la próxima década. La semana pasada, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, recogió el testigo de Iberdrola: "No es rentable pensar en inversiones para prolongar la vida de las centrales", dijo. Un mes antes, Juan María Moreno, director del área nuclear de Endesa, abogó por una "reducción de la presión fiscal" en una comisión a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados, según las actas consultadas por EL PAÍS.

Choque político

El Congreso ha sido el escenario de un enfrentamiento a cuenta de la ampliación de las centrales en los últimos años. PSOE y Podemos abogan abiertamente por el cierre cuando cumplan los 40. Ciudadanos no define claramente su postura. Y el PP es claramente favorable a que sobrepasen esa barrera, como argumentó el viernes en un debate celebrado en el Congreso Alberto Herrero, portavoz de los populares de Energía.

Desde que llegó a La Moncloa en 2011 el PP ha ido allanando el camino normativo para que las nucleares puedan operar más allá de los 40. También se han dado pasos en la misma línea en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que controlan los populares. Este mismo mes el PP ha bloqueado en el Congreso, argumentando que tendría importantes efectos presupuestarios, la tramitación de una proposición de ley de Podemos que abogaba por el cierre de las plantas.

Todo parecía preparado para que las centrales pudieran prolongar la vida más allá de las cuatro décadas. Pero, cuando se acerca el momento en el que las plantas deben solicitar los permisos, el Ejecutivo se ha encontrado con el rechazo —expresado en público— de algunos de sus propietarios.

El sector nuclear es cosa de dos en España. Aunque EDP y Gas Natural tienen participación en algunas centrales, los principales dueños de las plantas son Endesa (que posee el 47% de la potencia instalada) e Iberdrola (43%). Además, la propiedad en la mayoría de las cinco nucleares está compartida, con lo que tienen que entenderse en los consejos de administración.

Todas parecen compartir el objetivo de que el Gobierno les reduzca los impuestos. Pero es Iberdrola la que está encabezando este "pulso", como lo define Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo, formación integrada en el grupo parlamentario de Unidos Podemos. La compañía de Ignacio Sánchez Galán ha enviado varios escritos a los consejos de administración de las centrales para que se reúnan para abordar este asunto. En concreto, Iberdrola está impulsando que, desde esos consejos, se pida oficialmente al Ministerio de Energía que modifique el reglamento sobre el procedimiento para solicitar las autorizaciones de operación.

La norma actual establece que, tres años antes de caducar el permiso vigente, cada central debe comenzar el proceso de renovación. Esto supone que entre este 2017 y el próximo 2018 la mayoría de las centrales tendrían que comenzar a pedir las licencias para funcionar en la próxima década. Y, aunque todas están en la treintena, cuando soliciten los nuevos permisos ya sería para superar los 40 años de vida —de hecho, las eléctricas plantean que funcionen hasta los 60—.

En el escrito de Iberdrola se propone reducir ese plazo de tres a un año. "Teniendo en cuenta el actual contexto de explotación, con relevantes pérdidas acumuladas (...) y, en particular, los cambios regulatorios experimentados (que han incrementado notablemente la carga fiscal sobre la generación nuclear) (...) a día de hoy se considera necesario disponer de un mayor plazo", argumenta Iberdrola. También sostiene que así el ministerio tendrá también "más tiempo para abordar la situación de quebranto económico que soporta la generación nuclear". En definitiva, más tiempo para reducir los impuestos, como demanda la compañía eléctrica. "Un operador responsable, atendiendo a sus obligaciones en materia de seguridad nuclear, no podría solicitar una renovación de la autorización de explotación que le abocaría a una obligación de funcionamiento", añade la propuesta de Iberdrola al que ha tenido acceso este diario.

Si el Gobierno no cambia la norma, como reclama Iberdrola, dos de las principales nucleares del país —Almaraz (Cáceres) y Vandellòs (Tarragona)— tendrán que presentar ya sus solicitudes de renovación de la licencia para operar más allá de los 40 años. Almaraz antes del 7 de junio y Vandellòs antes del 21 de julio.

Las eléctricas tienen la vista puesta en los dos impuestos nuevos que el Gobierno creó en 2012, que gravan los residuos radiactivos. Las nucleares ya pagan unas tasas a la empresa pública Enresa, que gestiona sus desechos. Pero estas no son suficientes para cubrir en el futuro los costes de tratar y almacenarlos, según alertaba un informe del Tribunal de Cuentas de 2015. Ese mismo informe cuestionaba los nuevos impuestos que el Ejecutivo puso en marcha en 2012, al considerar que la fórmula elegida era "contradictoria" con un "modelo garantista", ya que, a diferencia de las tasas, no son finalistas y lo recaudado lo puede emplear el Estado para cualquier fin. También critican las compañías los impuestos adicionales que aplican algunas autonomías. "El Gobierno cederá si se mantiene bajo control el déficit de tarifa", vaticina Paco Castejón.