Energía nuclear: Una enorme y duradera factura tras el cierre

Hablar de energía nuclear —aunque sea después de echar el cierre como es en el caso de las centrales de Zorita o de Garoña— es hablar de muchos ceros. La peligrosidad de los residuos que se generan durante el proceso para producir electricidad en las centrales nucleares —unos desechos que se mantienen activos durante miles de años— hace que sea muy costosa su gestión posterior.

Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA) es la entidad que en España tiene encomendada la gestión de esos desechos y el desmantelamiento de las centrales. Según la última actualización de Enresa sobre los costes de la gestión completa de “los residuos radiactivos y el combustible gastado”, la factura ascenderá a 17.397 millones entre 2010 y 2088, según concretan fuentes de esta empresa pública.

El grueso de la factura —más de la mitad— se lo come la gestión de ese combustible gastado y los residuos de alta actividad; en total, 8.753 millones hasta 2088, según la última proyección de Enresa, que anualmente debe actualizar esas cuentas. La clausura de las centrales nucleares es la otra gran partida: 4.175 millones.

En ambos casos, en el de la clausura completa de las centrales y en la gestión definitiva de los residuos, se está en un terreno casi ignoto. La energía nuclear es una tecnología joven. Y “en el mundo hay poca experiencia en el desmantelamiento de reactores”, señalaba un informe de la Comisión Europea sobre la industria nuclear de 2016. Cuando se publicó ese documento, había 129 reactores en activo en la UE, repartidos en 14 de los 28 miembros de la UE. Cerrados permanentemente había otros 89. Pero el informe incidía en que solo a tres —todos en Alemania— se les podía considerar desmantelados completamente.

Partiendo de los cuestionarios que cada miembro de la UE le envió, la Comisión concluía que 50 de los 129 reactores europeos que están en funcionamiento cerrarán de aquí a 2025. En el caso de España, cinco de los siete que funcionan ahora tendrán que estar cerrados para esa fecha si el Gobierno no consigue, como pretende, que operen más allá de los 40 años para los que en principio fueron diseñados.

Partiendo de la información que los 14 países nucleares de la UE ofrecieron, la Comisión concluyó que el coste total del desmantelamiento y el manejo de los residuos radiactivos será de 253.000 millones de euros hasta 2050. Se reparte casi a partes iguales: 123.000 para el desmantelamiento de las centrales y 130.000 para la gestión de los desechos. En esta última cantidad la Comisión incluía los denominados almacenamientos geológicos profundos, ideados como depósito definitivo, pero que aún ningún país ha conseguido poner en marcha. Mientras, la solución que se ha buscado son los almacenes temporales, pensados para periodos de entre 50 y 70 años.

Pero, ¿quién debe asumir el coste de esta enorme factura? En España, se supone que las empresas propietarias de las centrales, que son las que financian a Enresa a través de varias tasas.

La gestión de la basura radiactiva se rige en Europa por una directiva de 2011, que en el apartado dedicado a la financiación establece que se debe tener en cuenta “la responsabilidad de los productores de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos”. En su artículo primero advierte: “la presente directiva establece un marco comunitario para asegurar la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, con el fin de evitar imponer a las generaciones futuras cargas indebidas”.

Pero un completo informe del Tribunal de Cuentas de 2015 advertía, precisamente, de que con el sistema actual de tasas las “generaciones futuras” tendrán que asumir “parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas”. En ese estudio se estimaba que, en 2028 —cuando las centrales ya no pagaran las tasas por estar ya paradas al haber cumplido los 40— quedaría por cubrir el 28,1% de lo que Enresa requerirá para gestionar los residuos de las centrales hasta 2085. El tribunal cifró en 2015 en 1.800 millones el desfase. Y pedía que se aumentaran las tasas.

Sin embargo, los propietarios de las centrales —las tres principales eléctricas— han pedido justo lo contrario: que se le reduzcan las cargas impositivas —el Gobierno creó en 2012 dos nuevos tributos que gravan los residuos nucleares— porque consideran que ponen en peligro la viabilidad de esta energía en España. El Ejecutivo ha rechazado hasta ahora rebajar esa carga fiscal. Y el Tribunal de Cuentas en su informe de 2015 resaltaba que la fórmula de los dos nuevos impuestos de 2012 era “contradictoria con el modelo garantista adoptado por España”, ya que, a diferencia de las tasas, no eran finalistas y el Estado puede emplear para cualquier fin lo recaudado.