Una carga de profundidad

¿Qué hacemos con los residuos? Es la clave en el sector nuclear. No se ha conseguido una solución definitiva para gestionar los desechos de las centrales, que mantienen su peligrosidad durante miles de años. Y gestionar el combustible gastado —y los residuos que se generan cuando se desmantela una central— cuesta mucho dinero.

Una empresa pública, Enresa, se encarga en España de la basura radiactiva. Se financia con cuatro tasas que pagan los propietarios de las centrales, las tres grandes compañías eléctricas. Pero lo ingresado con esas tasas no es suficiente. Con el actual ritmo de recaudación, de aquí a 2085, quedarían sin cubrir 1.800 millones, según un informe de 2015 del Tribunal de Cuentas. Y la consecuencia sería que "generaciones futuras" tendrán que asumir "parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento" de las centrales. Y no sus propietarias. El Gobierno creó en 2012 dos impuestos que gravan los residuos radiactivos. El mismo informe del órgano fiscalizador advertía de que esa fórmula era "contradictoria con el modelo garantista adoptado por España", ya que, a diferencia de las tasas, no eran finalistas y lo recaudado lo puede emplear el Estado para cualquier fin.

Los propietarios de Garoña —Iberdrola y Endesa, al 50%— argumentaron que esos impuestos hacían imposible que siguiera abierta la central. Y la desconectaron de la red hace cuatro años. Galán ha recordado este viernes que su filial encargada de estas centrales —Iberdrola es propietaria del 43% de la potencia nuclear de España— está en pérdidas. Y culpa a los "impuestos y obligaciones que se han ido imponiendo sistemáticamente". Ha advertido de que sus accionistas no estarán dispuestos en el futuro a "operar las centrales en pérdidas".

Esta carga de profundidad llega en un momento en el que el sector nuclear español está intentando —con el beneplácito del Gobierno— que las cinco centrales en activo de España puedan alargar su vida hasta los 60 años, frente a los 40 para los que fueron diseñadas. Lo importante no es Garoña —una pequeña central en la que se tendría que invertir 200 millones para reabrirla— sino el resto y, especialmente, Almaraz, que empezará en mayo ese proceso administrativo para conseguir los permisos para llegar a los 60 años.

Iberdrola se puede permitir lanzar un mensaje —u órdago— como el de Galán gracias a las renovables por las que ha apostado en la última década. Endesa —propietaria del 47% de la potencia nuclear española— está más expuesta a la generación de electricidad con carbón, un combustible fósil al que muchos analistas sitúan como el gran perdedor en la lucha global contra el cambio climático.