Victoria legal de vecinos y ecologistas contra el embalse de Biscarrués

Los vecinos de Biscarrués (Huesca), Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza) y los grupos ecologistas han obtenido una importante victoria legal en su lucha –que dura ya décadas- contra la construcción de un embalse en el río Gállego que anegaría parte de esos términos municipales. La Audiencia Nacional anuló el pasado 7 de julio el anteproyecto para construir la presa y la declaración de impacto ambiental vinculado a esta presa.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la Confederación Hidrográfica del Ebro –dependiente del Ministerio de Medio Ambiente– no evaluó debidamente las consecuencias ecológicas de esta infraestructura sobre las aguas del río Gállego como le exigía la directiva europea del Agua, del año 2000. La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

Las cinco principales organizaciones ambientalistas –Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF– llevaron este proyecto a los tribunales y han celebrado los fallos (son dos sentencias). Sin embargo, han indicado que "están estudiando el fallo para determinar en qué medida afecta al actual proyecto de construcción del embalse". El Ministerio de Medio Ambiente se ha pronunciado en el mismo sentido y está estudiando las dos sentencias. Las resoluciones recurridas y anuladas datan de 2011 y 2012 y actualmente está en la fase de información pública el proyecto de embalse. 

La presa de Biscarrués, un muro de 53 metros proyectado 800 metros aguas arriba de este pueblo de 195 habitantes de la comarca de la Hoya de Huesca, a 40 kilómetros de la capital de la provincia, forma parte de un sistema de regulación de los ríos Gállego y Cinca concebido en 1915 para aumentar las hectáreas de regadío en las comarcas de Sobrarbe, Somontano y Los Monegros. La obra, calificada de "interés general" desde 1992, también buscaba regular las posibles avenidas provocadas por las lluvias y el deshielo pirenaico que alimentan el caudal del Gállego y construir una pequeña central hidroeléctrica aprovechando un salto de agua. El presupuesto de la infraestructura ronda los 124 millones de euros.

Los Ayuntamientos afectados y los colectivos ecologistas se han movilizado contra un proyecto que entienden que cercena las posibilidades de atajar la fuerte despoblación que aqueja a la comarca. El uso turístico y recreativo del río Gállego, tanto para la pesca como para los deportes acuáticos, que en los últimos años ha conseguido a duras penas retener a la población en el territorio, se vería afectado, según ellos, por el embalse.

Uno de sus movimientos consistió en impugnar el anteproyecto de la presa, publicado en el BOE en marzo de 2012, y la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada en agosto del año anterior y que permitía sacar adelante el anteproyecto. Los demandantes entendían que estos actos administrativos vulneraban la legislación europea sobre el agua, vinculante para España. La Audiencia Nacional les ha dado parcialmente la razón en sus pretensiones.

Impacto en el río Gállego

El tribunal constata que la obra de la presa de Biscarrués "rompe la continuidad" del río Gállego, que “pasará de ser un sistema de agua corriente a un depósito", con la consiguiente incidencia sobre la ecología. Los magistrados recuerdan que la directiva marco del agua, del año 2000, "obliga" a los Estados de la Unión Europea a "adoptar medidas para evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua superficiales", y esto no solo en los planes hidrológicos, sino en los proyectos concretos de ejecución de obras hidráulicas.

Según el tribunal, la Declaración de Impacto Ambiental de la presa, de 2011, "no contiene todos los estudios y evaluaciones necesarios" para determinar los posibles daños a las aguas del río Gállego afectadas por el anteproyecto. De hecho, para los jueces la prueba de que el anteproyecto era insuficiente es que la Administración trató de subsanar este defecto en los planes hidrológicos posteriores, de 2014 y 2016.

La legislación europea permite a los Estados soslayar las exigencias ambientales de la Directiva de Aguas en caso de obras consideradas de interés general para la población. Pese a que la presa de Biscarrués está catalogada en esta categoría, al amparo de leyes anteriores a la norma europea, el tribunal no ve que esté correctamente otorgada. "Hubiese sido necesario llevar a cabo un estudio concreto sobre la determinación del interés público, un análisis científico detallado y específico de ese proyecto" para concluir que se puede hacer una excepción a la prohibición de deteriorar las masas de agua. "No es suficiente una mera declaración en abstracto", señala la sentencia.

La resolución va más allá y sostiene que en la declaración de interés general "no consta informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental y un estudio de reparación de costes". Estos estudios eran preceptivos antes de dar a la presa de Biscarrués esta categoría.

Pese a que el anteproyecto estaba impugnado en los tribunales, el Ministerio de Medio Ambiente siguió adelante con la tramitación administrativa. El pasado mayo salió a información pública el proyecto de construcción del embalse, que tuvo un coste de 1,66 millones de euros. De confirmarse en el Supremo la nulidad del anteproyecto, probablemente estos fondos públicos se habrán perdido.