El Comité de Bioética aconseja dar gratis la pastilla que previene el VIH

El Comité Español de Bioética ha concluido, a petición del Ministerio de Sanidad, que "existen más argumentos a favor de acordar" financiación pública de los tratamientos que previenen que una persona adquiera el VIH mediante una relación sexual de riesgo, "que de rechazarla". Se refiere el organismo a la conocida como profilaxis pre-exposición (PrEP en sus siglas inglesas, PPrE en español), que consiste en tomar un antiviral de manera permanente, con lo que el individuo queda protegido si tiene un episodio de infección por el VIH. Al estar ya los fármacos en su sangre, se desharían del patógeno antes de que este llegara a asentase en los glóbulos blancos. 

El descubrimiento de este proceso de prevención, consagrado por el estudio PROUD, ha supuesto no solo un avance médico, sino un reto para las Administraciones y un dilema ético. La parte científica es clara: ante esa eficacia, las sociedades médicas como la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) aconsejan que se medique a las personas que tienen relaciones sin protección. Pero esta iniciativa supone un gasto (unos 5.500 euros solo en medicación al precio actual para la sanidad pública), lo que puede comprometer las finanzas de las comunidades. Aunque esto no está claro. El informe del comité reconoce que solo el tratamiento de una persona con VIH cuesta en España actualmente unos 6.000 euros, pero ahí no se incluyen otros gastos sanitarios, ni cuestiones como la posible incapacidad del afectado o el lucro cesante para el Estado si la persona pasa de ser un trabajador activo a un pensionista. 

De hecho, ya en algunos casos (parejas de personas con VIH, personas con un amplio historial de relaciones sin protección detectadas por una sucesión de enfermedades de transmisión sexual) este tratamiento ya se da, pero no de manera uniforme ni establecida.

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En cualquier caso, el comité cree que la cuestión económica (con aristas como que el coste de este tratamiento podía llevar a desfinanciar otros, por ejemplo) no es lo importante. Desde un punto de vista ético, el debate está en si se debe financiar un tratamiento que ha demostrado que es el más eficaz para prevenir la infección del VIH.

Pero las preguntas de Sanidad iban más al detalle. Porque se planteaban si sería ético subvencionar este tratamiento incluso si la persona que lo va a recibir no cumple todas las pautas de precaución (siempre se aconseja tomar las pastillas, pero seguir usando preservativo). Y, aún así, la conclusión del comité a favor de la financiación se mantiene.

En su nota de prensa, el comité resume así los condicionantes de su decisión: "El ámbito concreto de la salud al que va dirigido el medicamento, el fracaso que actualmente presentan las estrategias para la erradicación del VIH, la ausencia de medidas alternativas que alcancen los mismos resultados de prevención que la PrEP, la especial incidencia que sigue teniendo la enfermedad en grupos especialmente vulnerables, los cambios en la percepción social sobre el riesgo del VIH y la exigida protección de la salud colectiva". 

Detrás de esta redacción se esconden algunos hechos destacables, como que, pese a todas las campañas y esfuerzos educativos, cada año se diagnostican en España unos 3.500 contagios del VIH (3.428 en 2015, último con cifras cerradas, pero 2.907 en 2010, por ejemplo), y ninguna de las políticas adoptadas han conseguido bajar esta cifra. También que son los hombres que tienen sexo con hombres (el 53% del total) y los inmigrantes (el 30%) los grupos proporcionalmente más afectados.

Llega incluso el informe a tratar el caso de las personas que conscientemente tienen relaciones de riesgo (y pone el caso del llamado bareback, que significa buscar expresamente relaciones sin condón), y recomienda "un sistema de educación e información que permita transmitir que la mejor arma contra la expansión del VIH pasa, irremediablemente, por la prudencia y prevención", pero eso "no significa renunciar a las conductas que conforman el propio proyecto de vida, por mucho que este o aquellas no sean compartidos por la mayoría", añade, y pone algunos ejemplos de otros comportamientos de riesgo (ciertos hábitos o viajar por placer a países con enfermedades endémicas) en los que no se cuestiona que deban recibir tratamiento médico preventivo o posterior.

En su informe, el comité pone dos condiciones: es "indispensable que dicha financiación pública se acompañe del fomento de otras medidas dirigidas a la lucha contra el riesgo de transmisión sexual del VIH, en el marco de una estrategia general de prevención. Igualmente se ha de poner énfasis en la importancia que tienen tanto el counselling en salud sexual como el control rutinario de las personas que reciben la PrEP".

Y, también, que "dicha financiación pública se acompañe de una minuciosa evaluación a posteriori de los efectos de la decisión y de las evidencias que pudieran ir obteniéndose en el futuro sobre el valor preventivo a medio y largo plazo de la PrEP, así como posibles nuevas evidencias de riesgos o efectos secundarios".