Sanidad no comparte la sentencia contra las víctimas de la talidomida

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha asegurado este miércoles que no comparte la sentencia del Tribunal Supremo que la semana pasada determinó que los afectados españoles por la talidomida no tienen derecho a una indemnización del laboratorio que fabricó el medicamento que provocó miles de graves malformaciones a bebés nacidos a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta.

"No tenemos más remedio que respetar la sentencia, pero nos resulta muy difícil de compartir", ha afirmado. Alonso también ha añadido que su departamento estudia llevar a cabo nuevas valoraciones para reconocer a más víctimas de la talidomida en España. Los afectados han asegurado que no son más que "buenas palabras" y que en nueve meses el ministro no ha tomado ninguna decisión para ayudarles. El ministerio reconoce, a preguntas de EL PAÍS, que el anuncio de Alonso no se traduce en ninguna medida concreta.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acordó la semana pasada rechazar por ocho votos a uno el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), apoyada por la fiscalía, al entender que la indemnización que reclamaban estaba prescrita.

Alonso ha asegurado en el Congreso que el caso de los afectados españoles supone una "grave discriminación", puesto que en otros países europeos la empresa fabricante, Grünenthal, sí ha pagado indemnizaciones.

El único reconocimiento que han obtenido hasta ahora en España las víctimas de este medicamento, que se recetaba para prevenir las náuseas matutinas de las embarazadas, llegó en 2010 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto que indemnizó a 24 personas. Las condiciones para acceder a las ayudas eran muy estrictas. Había pasado tanto tiempo que pocos pudieron aportar historiales médicos, recetas o envases del fármaco.

Finalmente un grupo de 183 afectados presentó en 2013 una demanda civil contra Grünenthal. Un juzgado de instrucción de Madrid les dio la razón y condenó a la compañía a pagar una indemnización conjunta de 204 millones, pero Grünental recurrió alegando que el daño había prescrito. Posteriormente la Audiencia le dio la razón y anuló la sentencia. Aunque la Fiscalía apoyaba la posición de los afectados, el Tribunal Supremo ha confirmado ahora que el daño está prescrito.

"Estamos naturalmente abiertos a cuantas acciones puedan ayudar a que esa empresa asuma sus responsabilidades y que, por tanto, puedan encontrar una vía judicial que reconozca sus derechos, y también en la medida que podamos mejorar la acción protectora o reparadora que el Estado les ha proporcionado desde el año 2010", ha asegurado Alonso.

Los afectados han salido del Congreso muy decepcionados con las palabras del ministro. "Hay pendiente una reparación política por una negligencia que cometieron las autoridades sanitarias, hace muchísimos años", ha asegurado el presidente de Avite, José Riquelme. El vicepresidente, Rafael Basterrechea, ha recordado que el ministro se reunió con ellos el 15 de diciembre  de 2014 y les dijo que iba a estudiar el tema. Nueve meses más tarde, ha señalado, no ha aportado nada nuevo sobre su caso.