El Supremo resuelve hoy la demanda de los afectados por la talidomida

El Tribunal Supremo tiene previsto resolver este miércoles el caso de la talidomida. El fallo debe ser el último paso de un proceso que empezó en 2013, cuando 186 personas demandaron a Grünenthal, el laboratorio que patentó el medicamento que a finales de los cincuenta y principios de los sesenta causó miles de casos de malformaciones en niños en el mundo (no se sabe exactamente cuántos en España, se calcula que unos 3.000 de los que aún están vivos alrededor de 500). El juzgado de primera instancia les dio la razón, y condenó al laboratorio a indemnizar a una veintena de los 186 demandantes con 20.000 euros por cada punto de discapacidad reconocida, y esta va desde el 33% (cobraría 660.000 euros) hasta el 99% (1.980.000). Pero el laboratorio recurrió argumentando que el daño había prescrito, el Tribunal Superior de Madrid le dio la razón y anuló las indemnizaciones en 2014.

Las malformaciones por la talidomida se produjeron a finales de los cincuenta y principios de los sesenta. Se trataba de un fármaco nuevo que se utilizaba contra las náuseas, por lo que muchas embarazadas empezaron a tomarlo. Al nacer sus hijos estos presentaron unas malformaciones características, generalizadas por un acortamiento de brazos y piernas por falta de antebrazos o pantorrillas (las manos salen del codo, por ejemplo), aunque hay variedad de síntomas. Un par de médicos, el español Claus Knapp y el alemán Widukind Lenz, ambos de la Clínica Universitaria de Hamburgo, descubrieron la relación, y, tras una complicada lucha, el fármaco fue retirado.

El laboratorio estableció entonces un fondo gestionado por la Fundación Coltergan para indemnizar a las víctimas del medicamento. Pero, según narra José Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), esa información no llegó a España. En plena dictadura franquista, la idea de que ciudadanos de a pie pudieran exigir responsabilidades a las autoridades por una mala gestión era ilusa, manifiesta Riquelme. Solo un español ha recibido la pensión correspondiente. Fue mucho después, ya en democracia, cuando él se dio cuenta de que su caso no era único al ver en una revista un reportaje sobre un afectado de la talidomida en Reino Unido. Algo similar le ocurrió al vicepresidente de Avite, Rafael Basterrechea, quien descubrió por Internet que su caso no era único en el mundo.

Esta situación llevó a que los afectados no se unieran hasta 2004. Pero hasta 2010 el Gobierno no reconoció la existencia de 24 afectados, a los que indemnizó. Este retraso es uno de los argumentos en contra de la prescripción del caso de los afectados, ya que entienden que antes de eso no podían haber reclamado. 

El caso es complicado no solo por una cuestión de fechas. El laboratorio se ha ofrecido a indemnizar a quienes demuestren que su malformación se debe efectivamente a la talidomida que ellos vendieron, pero 50 años después no hay apenas forma de demostrar qué fármacos tomaron las madres de los afectados. Knapp cree que ese requisito, sin embargo, podría solventarse, porque los daños son específicos y únicos. Además, hay otro problema: Grünenthal no fue el único laboratorio que vendió el medicamento en España.

A la espera de la sentencia, los afectados cruzan los dedos. "Hemos hecho todo lo posible", afirma Riquelme. Un fallo a su favor sería el primer paso. "Aparte de esta veintena tenemos otros 300 socios" que esperan una indemnización, afirma.