Están en juego la salud y la vida

El debate acerca de la despenalización del aborto suele estar plagado de discusiones ideológicas y dogmas religiosos que parecen ignorar que lo que está en juego es la salud y la vida de mujeres y niñas. Pocas veces esto ha quedado tan claro como en el reciente caso de una niña paraguaya de 10 años que quedó embarazada luego de haber sido violada por su padrastro. Aunque el personal médico que atendió a la niña confirmó que se trataba de un embarazo de alto riesgo, las autoridades paraguayas le han negado la posibilidad de interrumpirlo voluntariamente.

La normativa sobre aborto en Latinoamérica está entre las más restrictivas a nivel global. Estas normas en la práctica generan abortos inseguros y clandestinos, que ponen en riesgo la vida y la salud de mujeres y niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, en América Latina el riesgo de muerte materna es cuatro veces más alto en niñas menores de 16 años que en mujeres de entre 20 y 30 años. Justamente por ello, en los últimos años organismos internacionales, tanto del sistema interamericano de derechos humanos como de Naciones Unidas, han recomendado en reiteradas oportunidades que los Gobiernos avancen hacia la adopción de medidas que aseguren que mujeres y niñas puedan acceder a un aborto seguro.

En años recientes, varios países, incluyendo Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina, han ido adoptando medidas hacia la despenalización del aborto en ciertos casos, gracias a cambios legislativos y jurisprudenciales.

A la luz de esta tendencia, un caso interesante para analizar es la situación en Chile, uno de los pocos países en el mundo donde existe una prohibición absoluta en el Código Penal para abortar. En gran medida a raíz de las críticas internacionales a las gravísimas consecuencias que la prohibición tiene en los índices de mortalidad materna y para la salud de mujeres y niñas que se exponen a abortos inseguros, la presidenta Michelle Bachelet asumió el compromiso de despenalizar el aborto en tres circunstancias: cuando corre riesgo la vida de la mujer, si el embarazo es el resultado de una violación sexual, y cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.

La sociedad chilena, tradicionalmente conservadora, en 2013 se vio obligada a debatir el caso de una niña de 11 años que no podía legalmente acceder a un aborto luego de quedar embarazada por violación. Si el Congreso chileno aprueba la despenalización del aborto, ninguna otra niña ni mujer se expondría a un abuso de este tipo.

De poco sirve seguir horrorizándonos por casos terribles de niñas violadas que quedan embarazadas y no pueden abortar. Aquellos Gobiernos de la región que dicen inspirarse en el respeto de los derechos humanos deben pasar del discurso a la acción, implementando de lleno sus obligaciones jurídicas internacionales para garantizar que niñas y mujeres accedan a abortos legales y seguros.

José Miguel Vivanco es director de la División de las Américas de Human Rights Watch.