Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Cuatro procesos cercan al clan Pujol y a Convergència

Dos juzgados de Barcelona y dos de la Audiencia Nacional acumulan indicios de corrupción de la 'era CiU' en Cataluña

Jordi Pujol i Soley, expresidente de Cataluña (1980-2003), su mujer, Marta Ferrusola; sus siete hijos y los gobiernos de CiU que dirigió durante aquella etapa, están cercados por los indicios de delito acumulados en dos investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha de grave corrupción aquel periodo. Otros dos juzgados analizan distintas querellas para profundizar en tramas empresariales supuestamente delictivas vinculadas al expresidente y sus ejecutivos.

En los próximos meses (o años) Convergéncia Democrática de Cataluña y los Pujol se someterán al veredicto de la Justicia con un pronóstico muy pesimista para sus intereses a juzgar por los numerosos indicios de corrupción que se acumulan ya en dos de los cuatro juzgados que tramitan las distintas causas.

Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona. Caso Palau. Mórdidas del 4% en grandes obras públicas. La investigación sobre el expolio de fondos del Palau de la Música (financiado por el Estado, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y múltiples patrocinios privados) descubrió un sistema de comisiones ilegales que pagaba una gran empresa, Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte de la Generalitat. La constructora cumplía con la mordida utilizando como intermediario de la misma a quien fue máximo responsable del Palau, Felix Millet, imputado en la causa. Ferrovial abonaba el 4% del montante del contrato conseguido (hasta cuatro obras públicas cita el juez que ha investigado el caso). El dinero se repartía entre Convergéncia (2,5%) y Millet (1,5%), según la investigación. “En virtud de un acuerdo, que se inició al menos en 1999 y se prolongó hasta 2009, en el que intervinieron los imputados Félix Millet y Jordi Montull (Palau de la Música); los imputados Pedro Buenaventura y Juan Elizaga (directivos de Ferrovial Agroman) y los imputados Jaume Camps y Daniel Osácar (Convergéncia Democrática de Catalunya) esta formación política recibió de Ferrovial Agroman bajo el encubrimiento de donaciones por patrocinio a la Fundación del Palau, sumas de dinero que correspondían al pago de comisiones por obra pública adjudicada a dicha constructora”, señala el juez en su auto de conclusión de la instrucción para incoar procedimiento abreviado e iniciar el juicio oral.

El juez señala que la investigación no ha podido identificar a los otros responsables de Convergéncia que participaron en esta trama para adjudicar obras públicas a cambio de comisiones ilegales a Ferrovial. Los contratos millonarios adjudicados a la constructora a cambio de mordidas son cuatro:

- Obras de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro adjudicada por una empresa pública de la Generalitat a Ferrovial el 23 de noviembre de 2000 por 2,63 millones de euros).

- Construcción del nuevo pabellón de Sant Cugat del Vallès, adjudicado por la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de esa localidad el 29 de abril de 2002 por 4,17 millones de euros.

- Construcción de la línea 9 del metro de Barcelona, adjudicada a una Unión Temporal de Empresas en la que Ferrovial participaba con el 20% y con la que hizo nueve tramos del suburbano por 890 millones de euros.

- Construcción de la Ciutat de la Justicia de Barcelona adjudicada por 263 millones de euros a otra Unión Temporal de Empresas en la que Ferrovial participaba con el 20%.

- “Ferrovial”, señala el juez, “abonaba por regla general una comisión del 4% de la obra pública adjudicada y de este 4%, un 2,5% se asignaba a Convergéncia Democrática de Catalunya y el 1,5% restante para los imputados Félix Millet y Jordi Montull Bagur, por su intermediación”. El extesorero de Convergència, Daniel Osácar, esta imputado por esta causa y la sede del partido en Barcelona embargada por decisión judicial.

Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. 16 millones de euros en mordidas y pelotazos. El juez Pablo Ruz renunció en primera instancia (finales de 2012) a investigar las denuncias de María Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola entre 2006 y 2008, contra el hijo mayor del expresidente por supuesto blanqueo de capitales. La denuncia, según el magistrado, era demasiado inconcreta y la derivó a un juzgado de Plaza Castilla. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra aquella decisión obligó a Ruz a instruir la causa. Las primeras diligencias ordenadas por el magistrado levantaron una montaña de sospechas sobre los negocios de Pujol Ferrusola. Entre 2004 y 2012, la Agencia Tributaria descubrió un movimiento de divisas por parte de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola por más de 33 millones de euros con origen o destino en 11 países, algunos de ellos reconocidos como paraísos fiscales. Además, sus empresas facturaron ocho millones de euros por 27 servicios que, según la investigación judicial, no hicieron realmente. Las empresas pagadoras eran contratistas de la Generalitat de Cataluña durante los años de Gobierno del presidente Jordi Pujol. Los empresarios que abonaron esos servicios de asesoramiento al hijo mayor del expresidente no han podido justificar de momento el motivo de los pagos.

Además, administraciones catalanas gobernadas por CiU facilitaron al menos dos pelotazos inmobiliarios que beneficiaron a Jordi Pujol Ferrusola con plusvalías de otros ocho millones de euros.

Juzgado número 31 de Barcelona. Querella por siete delitos contra el matrimonio Pujol. Instruye una querella de Manos Limpias, el pseudosindicato ultraderechista presente en las causas judiciales de corrupción más relevantes que hay abiertas en España, contra el expresidente Pujol y su esposa Marta Ferrusola por cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y prevaricación. La querella se basa en la confesión que hizo Jordi Pujol a finales de julio donde daba cuenta de un fraude fiscal continuado en el tiempo al no declarar una supuesta herencia de su padre que ocultó en el extranjero y que, supuestamente, ha regularizado en los últimos meses ante la hacienda pública española a través de un banco andorrano.

Manos Limpias alude en su querella a distintos informes policiales anónimos, cuya veracidad nadie ha confirmado hasta el momento, donde se denuncia la existencia de una fortuna oculta de los Pujol en cuentas suizas por 137 millones de euros que vincula a mordidas del 4% en la adjudicación de obras públicas por parte de la Generalitat.

En la querella se identifica a varias empresas del clan Pujol que podrían ser las beneficiarias de las mordidas:

- Hidroplant. Fundada por Marta Ferrusola que “supuestamente se benefició de diversos contratos de empresas adjudicatarias de la Generalitat”.

- Entorn. Consultora medioamiental de la familia Pujol que se benefició de contratos con la Generalitat.

- El despacho de arquitectura de Marta Pujol, hija del ex presidente, trabajó para la Generalitat, al igual que distintas sociedades de otros tres hijos: Jordi, Oriol y Oleguer, según Manos Limpias.

- La Fiscalía Anticorrupción pidió a la juez de este caso que ordenara diligencias para averiguar los movimientos de dinero de la familia Pujol en Andorra. La instructora solicitó información al Banco de Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra, y también amplió una comisión rogatoria dirigida a las autoridades de Andorra sobre las cuentas de la familia Pujol en las entidades Banca Privada de Andorra (BPA) y Andbank.

Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional. De Banca Catalana al tráfico de influencias con los siete hijos. Los partidos políticos Podemos y Guanyem Barcelona presentaron conjuntamente una querella en la Audiencia Nacional contra el matrimonio Pujol y sus siete hijos, además de empresarios y amigos de la familia que hicieron o participaron en distintos negocios con ellos. La querella recayó por reparto en el juzgado número 1 cuyo titular es Santiago Pedraz.

Este magistrado decidirá en los próximos días si admite a trámite la querella y deriva la causa al juzgado 5 de Pablo Ruz donde se investigan desde hace dos años algunos de los hechos relatados en el escrito de Podemos y Guanyem. Los denunciantes recuerdan que la investigación abierta por el caso Banca Catalana, con querella de la Fiscalía contra Jordi Pujol, se cerró por “dudosas resoluciones judiciales exculpatorias”. El escrito, como ya hiciera Manos Limpias, se hace eco de informes policiales anónimos que, en este caso, sostienen que han circulado por cuentas de la familia Pujol con destino a bancos de Luxemburgo entre 1.500 y 1.800 millones de euros.

Los querellantes han investigado en distintos registros mercantiles para reclamar al juez que investigue a 28 sociedades mercantiles propiedad de los hijos de Pujol. Entre ellas citan el ejemplo de Europraxis que acabó siendo vendida por 44 millones de euros a Indra. “Esta empresa”, citan los denunciantes, “multiplicó sus contratos con la Generalitat de Cataluña tras comprar Europraxis”. La querella detalla distintos hechos que acreditarían el trato de favor a las sociedades del clan Pujol por parte de administraciones públicas catalanas gobernadas por CiU. “Cualquier observador imparcial”, relata la querella, “podría colegir que la trama financiera de la familia Pujol constituye un complejo entramado que consentía pagos por adjudicaciones de obras públicas y por favores políticos. Este entramado presuntamente permitía a los hijos utilizar facturas de sus empresas para simular trabajos o encargos no realizados y para ocultar pagos ilícitos”. Los denunciantes citan varios delitos que atribuyen al clan Pujol contra la Hacienda Pública, otros de tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y uno de omisión de perseguir delitos.

Más información