“Es un disparate vincular las balanzas fiscales con el sistema de financiación”

Ángel de la Fuente, uno de los expertos escogido por el Gobierno para elaborar la nueva fórmula con la que calcular las balanzas fiscales, ha asegurado este lunes que “sería un disparate vincular las balanzas fiscales con el sistema de financiación”.

El investigador del CSIC ha insistido en que el nuevo modelo de financiación no debería basarse en el resultado del cálculo que está realizando (junto a otros dos académicos) sobre la diferencia entre lo que cada comunidad aporta al sistema y lo que recibe.

La novedad del método en el que trabaja De la Fuente, Barberán y Uriel es que presentará los datos desagregados por partidas de gasto. De esta forma, las comunidades podrán saber cuánto les cuesta cada política. Esto permitirá conocer “si el gasto en infraestructura o el gasto en policía, por ejemplo, está mal repartido”.

Durante las últimas semanas, los políticos de diferentes comunidades (Madrid, Extremadura, Cataluña…) ha presentado sus remedos de balanzas fiscales para tratar de influir en el debate sobre el sistema de financiación. Una cuestión que rechaza De la Fuente: “Los ciudadanos de las comunidades con saldo fiscal negativo tienen los mismos derechos que los ciudadanos que viven en comunidades con saldo fiscal positivo”. E insiste: “No tendría sentido que la calidad de los servicios de los colegios o del sistema sanitario dependiera de si se vive en una comunidad rica o pobre. Todas deben tener la financiación suficiente para prestar los mismos servicios. Quien quiera prestar más que se los pague”.

“Las balanzas fiscales de 2008 –que presentó el ex ministro socialista Pedro Solbes con datos de 2005—eran una foto. Con la nueva metodología podremos ampliar la foto y ver que contiene cada pixel”, ejemplifica Ángel de la Fuente, que añade: “Queremos saber si la tarta está bien repartida”. ¿Pero quién dice si está bien repartida? “Una cosa es la estadística y otra es el análisis”, ha explicado el catedrático de la universidad de Barcelona, que ha precisado que su trabajo consiste en presentar los datos y cada administración se encargará de analizar de cómo le afectan si le benefician o perjudican. De la Fuente ha admitido que puede haber varios criterios para determinar si una determinada política (infraestructura o gasto) está bien o mal repartido.

El académico ha explicado las conclusiones del seminario sobre balanzas fiscales celebrado el pasado viernes en el Instituto de Estudios Fiscales en Madrid donde un nutrido grupo de expertos y académicos discutieron sobre la metodología presentada por De la Fuente y sus colaboradores. Hay consenso en que el sistema debe tener “transparencia absoluta”. La mayoría de expertos coincide, según cuenta De la Fuente, en que el Gobierno debe publicar anualmente las balanzas fiscales actualizadas. Otra de las conclusiones es que la mayor parte de los académicos acordaron que el método utilizado para calcular el saldo fiscal de las comunidades debe de ser el “carga-beneficio”, que tiene en cuenta quién se beneficia del gasto. Y ha rechazado calcularlas con el método del ”flujo monetario”, que solo tiene en cuenta criterios geográficos para la imputación del gasto.

Para ello, ha puesto de ejemplo la base militar de Morón de la Frontera, ubicada en Sevilla. Ha explicado que con el método flujo monetario los gastos del Estado en esta base solo se imputarían a Andalucía mientras que de la actividad de la defensa se beneficia todo el Estado. Por eso, apuesta por el método carga-beneficio que reparte el coste de la base militar entre todos los territorios.

Precisamente este debate, el del método escogido carga-beneficio frente a flujo-monetario, es el que enfrenta a los expertos de Montoro con la Generalitat catalana que pide que se publiquen las balanzas con los dos métodos como hizo Solbes en 2008, con datos de 2005. “no tiene sentido hacer un cálculo que pensamos que está mal hecho y que generalmente se utiliza de forma torticera”.

De la fuente considera que la elaboración de la metodología no tiene porqué aprobarse por consenso entre todas las comunidades. Primero, dice, porque no se pondrían de acuerdo. Y en segundo lugar, continua, porque “el Gobierno tiene derecho a escoger la metodología que crear oportuno y las comunidades tiene derecho a hacer lo que les salga de las narices con ella”.

En este punto, el académico ha admitido que “el sistema de financiación actual es fuente de inequidad. Es una especie de Frankenstein”. Y revela las diferencias entre unas comunidades y otras. Si la media es 100, la Comunidad Valenciana está en 92 y Cantabria y La Rioja en 120. “Hay más de 30 puntos de diferencia entre unas y otras”, ha criticado. “Si metemos las forales la diferencia se agranda”, ha continuado. De la Fuente ha manifestado que una de las virtudes de la nueva metodología para calcular las balanzas fiscales es que se podrán conocer los datos de financiación de las comunidades forales. “Estas comunidades están mejor tratadas que el resto”, ha afirmado el académico que sigue la estela de la Comunidad de Madrid que la semana pasada pedía que País Vasco y Navarra aportaran al sistema común. “El cálculo del cupo es marciano”, ha precisado.

No obstante, De la fuente ha admitido que el sistema de financiación actual tiene cosas buenas. El modelo de financiación consta de varios fondos de reparto. El primero, el más cuantioso, denominado Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales, tiene por objeto asegurar que cada comunidad percibe los mismos recursos para financiar los servicios públicos fundamentales del Estado de Bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). Este sistema consigue un reparto más o menos proporcional y no crea grandes diferencias entre las comunidades. El problema surge con el reparto del resto de fondos (suficiencia, convergencia, competitividad, cooperación...) que distorsiona todo el sistema. En este sentido, De la Fuente se ha mostrado partidario de un sistema de financiación donde prime la igualdad.