El otro pufo en los cursos de formación

Todas tienen que devolver dinero público, todas han sido supuestamente estafadas y, sin embargo, ninguna ha denunciado al que por ahora es el único sospechoso de una red de cursos de formación fraudulentos financiados con fondos públicos. Un total de 28 empresas de la región madrileña solicitaron en 2010 y 2011 ayudas por 4,4 millones de euros a la Comunidad de Madrid. Las subvenciones nunca fueron debidamente justificadas y por eso el Gobierno regional les reclama ahora que devuelvan el dinero.

Informes internos de la Comunidad señalan que el empresario José Luis Aneri, el hombre que gestionaba las ayudas a través de una red de empresas, es el supuesto estafador. Sin embargo, a medida que se conocen más detalles, va quedando más claro que Aneri es solo una pieza dentro de un complicado engranaje que servía para que el dinero público pasara a manos privadas.

Entre las 28 asociaciones empresariales afectadas, hay al menos 17 que pertenecen a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la organización integrada en la patronal estatal CEOE que preside Arturo Fernández.

Varias fuentes de la investigación señalan que todo el sistema se sustentaba en las mordidas que Aneri daba a las asociaciones, en torno a un 20% de las subvenciones. Los cursos no se llegaban a hacer en muchos casos o se hacían con alumnos duplicados o con identidades suplantadas.

Nueve de las asociaciones empresariales forman parte de dos organizaciones integradas en la CEIM, la Confederación de Comercio Minorista (Cecoma) y la federación de empresarios Fedecam, ambas presididas por Alfonso Tezanos. Se da la circunstancia de que Tezanos fue el primero que alertó a la Comunidad de la supuesta trama el pasado febrero, sin que el Gobierno regional tomara las primeras medidas al menos hasta ocho meses después.

El vínculo de este empresario con Aneri se remonta a 2007, cuando el empresario cordobés funda en la sede de Fedecam su principal empresa de formación, Sinergia Empresarial. El propio Tezanos introdujo a Aneri en el mundo empresarial madrileño y Aneri se hizo en poco tiempo con la gestión de las subvenciones.

La investigación regional se centra en dos años, 2010 y 2011. La Comunidad no ha inspeccionado cantidades de años anteriores o posteriores. Las empresas de Aneri gestionaron además otros 6,9 millones de fondos del Ministerio de Empleo entre 2010 y 2013.

Ninguna de las asociaciones afectadas ha denunciado, pese a que ahora tienen que devolver grandes cantidades que ponen en peligro su supervivencia. Guardan silencio oficial y tratan de desvincularse del empresario.

Dos semanas después de que EL PAÍS publicara la investigación interna llevada a cabo por técnicos de la Comunidad, es Aneri quien cuenta su propia versión de los hechos. “Solo facturé a las asociaciones por los cursos que estas me encargaban”, señala el empresario, de 34 años, en una carta remitida a EL PAÍS por su abogado.

En la misiva recuerda que él no es apoderado “de ninguna asociación”, no le han sido otorgados “poderes de ningún tipo” ni ha pedido ayudas de forma directa. Sin embargo, según los datos del Ejecutivo, eran las asociaciones las que solicitaban las ayudas, en muchos casos dejando como persona de contacto a Aneri.

El empresario atribuye esa decisión a las propias asociaciones que son, añade, “las que ponen el dato de persona de contacto en el impreso de solicitud que ellas redactan, firman y aportan al ente administrativo”. El empresario añade en su defensa que es la asociación la que debe justificar “por sí misma en primera persona sin delegación y / o subcontratación” esa ayuda.

Aneri asegura que su única función era impartir cursos y que lo hizo “siguiendo las directrices y condiciones de la asociación que ha conseguido que se le conceda la subvención”. Los informes de la Comunidad de Madrid lo señalan como el responsable de la duplicación de alumnos en los cursos subvencionados. Algunos llegaron a hacer 30 cursos en un solo mes, según los datos regionales.

El empresario añade que el control y la justificación de las ayudas corresponden “por ley” a las asociaciones. Las convocatorias oficiales añaden que esa verificación deben de hacerla también las Administraciones durante los cursos, pero la Comunidad no detectó las supuestas irregularidades hasta que comenzaron a vencer los plazos de requerimiento para la justificación de ayudas, pese a que había recibido un aviso previo.